La propuesta de los grupos sociales del país sentados en la mesa del diálogo de nacionalizar las empresas eléctricas, “sería un retroceso”, a juicio del economista Fernando Aramburú Porras, responsable de la reestructuración eléctrica ejecutada en 1997.
“El Estado panameño no tiene los recursos para adquirir las mismas que actualmente en generación suman más de 60, adicionalmente tendría que asumir los programas de inversión necesarios para mantener el suministro de energía eléctrica”, advierte Aramburú Porras, tras ser consultado por este diario sobre la propuesta de que el Estado sea dueño 100% de las empresas eléctrica privatizadas.
Con la reestructuración del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) se formaron 8 empresas: cuatro de generación eléctrica (La Estrella, Los Valles, Fortuna y Bayano); tres de distribución eléctrica (Elektra Noreste, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. - Edemet y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. – Edechi); y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
Se decidió conservar a Etesa como 100% del Estado y vender un 49% de las siete empresas restantes. El Estado quedó como propietario del otro 49% de las empresas, por lo cual cada año recibe dividendos. En algunas de estas empresas los trabajadores tienen participación accionaria en el 2% restante.
Se estima que en los últimos 20 años la empresa privada ha invertido más de $10,000 millones en el sector eléctrico con lo cual se ha triplicado la capacidad de generación y se ha diversificado la matriz eléctrica incluyendo eólica, solar y gas natural. Esto, según Aramburú Porras, “ha garantizado el suministro de energía en un periodo en que la demanda se ha triplicado”.
Cuando se inició la reestructuración del sistema eléctrico habían unos 400 mil clientes y la demanda de energía era de aproximadamente 700 megavatios.
Actualmente hay un millón 200 mil clientes en todo el país y la demanda ya supera los 2 mil megavatios. Es decir, en estos 25 años, el número de clientes y la demanda de electricidad casi se ha triplicado.
Sobre la propuesta de reducir la tarifa hasta en un 45%, Aramburú Porras subraya que ya la misma está altamente subsidiada para el 70% de la población que consume menos de 300 kilovatios hora al mes.
“Me parece que lo que proponen no es viable ya que alteraría los contratos existentes y el marco legal del mercado eléctrico que opera en Panamá hace 25 años”, agregó.
El subsidio a la tarifa eléctrica fue creado en 2004, durante el gobierno de la presidente Mireya Moscoso, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria como un medio temporal para evitar el impacto del alza del petróleo en la tarifa en los clientes hasta 300 kilovatios hora.
Este subsidio se ha mantenido hasta la fecha para estos clientes y tras la pandemia de la covid-19 el actual gobierno aprobó un subsidio extraordinario temporal que aplica para los clientes que consumen entre 301 kwh y 750 kwh al mes.
Sobre esta propuesta, Ramiro Troitiño, de la Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos comentó que en vez de buscar tener el 100% de las empresas mixtas, el gobierno debería hacer valer su parte (49%) “para supervisar mejor y no ser el socio bobo, y esto aplica tanto a generación como distribución”. En cuanto a la confiabilidad del servicio que dan las distribuidoras, que es otro tema en la mesa, Troitiño señaló que los indicadores de medición de servicio “son desastrosos, y explican porqué el malestar de los consumidores”.
Los temas propuestos en la mesa de diálogo, entre ellos el relacionado con la tarifa eléctrica, aún son parte del análisis entre las partes.
