El presidente José Raúl Mulino asumirá su mandato enfrentando un monumental desafío financiero: se requieren más de $14,000 millones para cubrir el pago de las pensiones en los próximos 10 años.
Un revelador informe de la Junta Técnica Actuarial, con fecha del pasado 31 de mayo, entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), devela la grave situación del subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El reporte, al que tuvo acceso La Prensa, indica que “el tiempo se ha agotado y no se puede dilatar la toma de decisiones para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Postergar la decisión tendrá graves consecuencias económicas, políticas y sociales para el país”.
Dicho informe está basado en los estados financieros de 2021, pero se realizó en 2024 a falta de uno de los tres actuarios que deben conformar la junta.
El pasado 12 de enero, el presidente saliente, Laurentino Cortizo, nombró a Lineth Rodríguez como actuaria, cuyo cargo vence en 2029. Posterior a su llegada, y con una junta actuarial en pleno, se hizo el reporte.
Se supone que este informe ya lo debe tener el equipo económico del presidente electo José Raúl Mulino, al reunirse el martes 4 de junio con el ministro Héctor Alexander.
Sin duda, la crisis pensional es uno de los grandes retos que enfrentará el gobierno de Mulino, quien heredó un problema de arrastre que no resolvió ninguno de los últimos tres gobiernos: ni el de Ricardo Martinelli, ni el de Juan Carlos Varela, ni el de Laurentino Cortizo.
El propósito del informe actuarial es alertar tanto a la directiva de la CSS como al gobierno central de la situación financiera de las pensiones.
La crisis es más alarmante a medida que transcurren los años. Tanto en el actual reporte, basado en los datos de 2021, como en los pasados análisis actuariales (de los años 2018, 2019 y 2020) se muestra la “fragilidad financiera” del subsistema.
¿Cuál es el tamaño de la crisis?
Los actuarios Luis Pimentel, Eduardo Rodríguez y Lineth Rodríguez llegan a la conclusión de que el hueco financiero es tan grande, que no es posible ver la magnitud del déficit del IVM si no se toman medidas para equilibrarlo.
“Después de 10 años vemos que se acelera el crecimiento del déficit, pasando de $2,511 millones por año hasta niveles de más de $5,617 millones por año, en 2049.
La Junta Técnica Actuarial indica que tanto sus escenarios de proyección como los del Departamento Actuarial de la CSS llegan a la conclusión más importante del reporte: las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido y el fideicomiso se agotaron entre el último trimestre de 2023 e inicios de 2024.
El fin de las reservas supone el momento más crítico de la CSS. Como los pagos a los jubilados aumentan cada año y los ingresos provenientes de la cuota obrero-patronal que se designan a este programa no son suficientes para hacerle frente a estos compromisos, se toma dinero de las reservas o ahorros para pagar las pensiones.
También está el fideicomiso, que forma parte de las reservas del IVM, constituido por los aportes que el Estado ha realizado a lo largo del tiempo, con el propósito de disponer de dinero para cubrir la falta de ingresos corrientes en el programa que paga las pensiones a los jubilados.
Es como una cuenta bancaria de la que se puede retirar dinero cada vez que los gastos superan los ingresos.
Sin embargo, para que estos retiros sean posibles, la CSS debe demostrar en sus estados financieros los déficits del programa.
De esta manera, el Banco Nacional de Panamá (BNP) autoriza el traspaso de los fondos a favor del IVM.
Dado que los estados financieros no se presentan de manera oportuna, se han estado utilizando las reservas internas o los ahorros generados por el programa en el pasado. Esto ha permitido cubrir la falta de ingresos mientras se efectúa el traspaso del fideicomiso.
En el reporte actuarial se precisa que los aportes relevantes del fideicomiso a favor del IVM se darán, considerando los gastos de 2023 ($517 millones, correspondientes a los desembolsos de 2020). En este 2024, otros $464 millones, de los reembolsos de 2021; y $1,022 millones desembolsados en 2025, producto de los reembolsos de 2022 y 2023.
“Con estos desembolsos se agota el fideicomiso. A partir de 2026 solo se recibirán los aportes del Estado, más los intereses que el fideicomiso genere durante el año”, indicaron los actuarios.
Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos cómo, a la fecha de la emisión de este reporte, el subsistema paga las pensiones, si ya los fondos legales se deben haber agotado, advirtieron los tres actuarios al MEF y a la directiva de la CSS.
