El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, rechazó ayer viernes el establecimiento de medidas que “arruinen al sector productivo”. Lo hizo en unas declaraciones a los medios de comunicación, previas a la reunión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Conep, en la que el gremio productor mostró su preocupación por las medidas que está adoptando el Gobierno a raíz de los acuerdos alcanzados en la mesa única de diálogo, que se gestiona en Penonomé, Coclé.
El Gobierno amplió la canasta básica a 72 productos, con medidas que extienden el esquema de regulación de precios y que ya han sido aprobadas por decretos ejecutivos.
Los más recientes son el Decreto Ejecutivo 16, de 26 de julio de 2022, que establece un margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados, como alimentos, artículos de aseos personal y de limpieza, en función de la eliminación de los aranceles de importación de los mismos, y el Decreto Ejecutivo 17, también del 26 de julio de 2022, que crea el programa “Productos Panamá”, para el alivio del costo de la canasta básica.
Por su parte, a través del Decreto Ejecutivo 13 del 13 de julio, el Gobierno había ampliado la medida del control de precios a 18 productos.
Castillo dijo que, desde el sector privado, “podemos evaluar acciones judiciales contra las disposiciones que se han estado dictando”, aunque precisó que aún no se ha definido en qué sentido.
El expresidente del Conep, Antonio Fletcher, advirtió de los riesgos que estas medidas generan para garantizar un correcto abastecimiento, “porque nadie va a producir para generar pérdidas... Si tú tienes un producto que te cuesta un dólar, no lo puedes vender a 80 centavos. Por supuesto que va a haber desabastecimiento”, un riesgo que, a su juicio, crece a medida que se amplía la canasta básica. Dijo que acciones de este tipo atentan contra la libre oferta y demanda, y la capacidad de ejercer la libre empresa en el país.
Fletcher rechazó los cierres de vías como medida para las protestas. Dijo que el sector productivo había demostrado su capacidad de abastecer al país y que los cierres de los grupos de presión causaron desabastecimiento y alza de precios, precisamente lo contrario a lo que están aspirando en la mesa de negociación.
El establecimiento de un margen a la comercialización también fue cuestionado. En una conversación telefónica, Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, dijo que una medida así “es inaceptable en una economía de mercado”, donde, en lugar de establecer límites a los márgenes, se debería incentivar la competencia.
Explicó que si a un comerciante el margen impuesto no le resulta, directamente dejará de vender el producto en cuestión y el mercado quedará desprovisto, quedando disponible en el mercado el producto de siguiente nivel y precio. Así, “lo que tratas de poner a disposición del consumidor a buen precio, no está disponible. Cumpliste con el decreto, pero no con el objetivo”, dijo.
Muchas dudas genera también en el sector productivo la creación del programa “Productos Panamá”. Según el decreto ejecutivo, consiste en la adquisición de una serie de productos nacionales para su venta a precio de descuento por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Se ejecutará en las tiendas y agroferias del IMA y en tiendas, minisúper y abarroterías en las comarcas.
El programa incluye 36 productos, entre ellos pollo en pieza, huevo de gallina y café, y tendrá un duración de seis meses prorrogables.
Fletcher dudó del rol más protagónico que tendrá el Estado y de su capacidad para hacer una labor propia de la cadena de valor. “¿Tiene el Estado capacidad de abastecer las tiendas de las comarcas?”, se preguntó.
Por su parte, Francis Vergara, que representa a la Asociación Panameña de Exportadores en la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Conep, y el propio Fletcher se refirieron a las demoras en que suele incurrir el Gobierno para hacer pagos a los proveedores, mientras estos le tienen que hacer frente a sus gastos. “Se han tomado compromisos escritos en papel. Hay que ver la implementación de todos esos procesos”, sostuvo Fletcher.
Por todas las afectaciones, los gremios representativos del sector primario mostraron una posición de “total rechazo a las medidas inconsultas adoptadas por el Ejecutivo” y reiteraron la importancia de que el sector productivo sea incorporado a la mesa de diálogo de Penonomé.
