‘No se han resuelto las diferencias contractuales’: dice el Mici sobre la minera

‘No se han resuelto las diferencias contractuales’: dice el Mici sobre la minera
En su último comunicado, emitido el 28 de diciembre pasado, First Quantum indicó que las operaciones en la mina ubicada en las montañas de Donoso continuaban de forma regular. EFE


El Gobierno continúa con el plan de cerrar las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá, operado por Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum.

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Pese las negociaciones sostenidas con el director ejecutivo de First Quantum, Tristán Pascall, entre el 26 y 28 de diciembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) rechazó dos recursos de apelación presentados por la firma Morgan & Morgan, abogados de la minera con sede en Toronto, Canadá.

Los recursos pretendían revertir lo dispuesto por el Consejo de Gabinete en la Resolución 144 del 15 de diciembre de 2022, que facultó a los ministros de Comercio, de Trabajo y de Ambiente a tomar las acciones necesarias para garantizar el plan de mantenimiento y de cuido que se establecerá en el proyecto durante el cierre de operaciones comerciales. La orden fue girada después que venciera el plazo dado por el presidente Laurentino Cortizo para que Minera Panamá formalizara un acuerdo pactado en enero pasado y así garantizar la continuidad de sus explotaciones en Donoso, provincia de Colón.

La compañía también apeló la decisión de la Dirección de Recursos Minerales del Mici, que estableció un periodo de 10 días hábiles para que la compañía presente el plan de mantenimiento y cuido, donde se reduce al mínimo la operación de la planta y se detienen en su totalidad las exportaciones. El Gobierno exige un pago mínimo anual de $375 millones al año, a lo que la empresa había aceptado, en enero pasado. Luego cambió de opinión.

Según un comunicado del Mici, los recursos fueron rechazados y se mantiene el plan de poner fin a la relación con la minera, “toda vez que no se han resuelto las diferencias contractuales planteadas por el Gobierno, que reflejen un acuerdo justo para el pueblo panameño”.

El comunicado del Mici reitera que el Gobierno cuenta con asesoramiento de firmas extranjeras para enfrentar cualquier escenario legal que pueda surgir luego.

En enero pasado, la minera, que tiene bajo concesión 13 mil 600 hectáreas, aceptó los nuevos términos económicos presentados por el Gobierno para firmar un nuevo contrato en el que la empresa comenzaría a pagar las regalías en base a un porcentaje sobre la ganancia bruta del proyecto Cobre Panamá. Hasta ahora pagaba 2% sobre las ventas brutas, según lo acordado en el contrato ley firmado en 1997, el mismo que en 2017 fue dejado sin efecto mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Los $375 millones anuales serían el producto de un porcentaje sobre la ganancia (que podría oscilar entre el 12% y 16%) y el pago de los impuestos de los cuales la minera ha estado exonerada, conforme el contrato ley de 1997.

En su último comunicado, emitido el 28 de diciembre pasado, First Quantum indicó que las operaciones en la mina ubicada en las montañas de Donoso continuaban de forma regular, a pesar de que ya había sido notificada de la resolución que ordena la presentación del plan de mantenimiento.

La empresa no especificó qué día fue notificada, pero sí adelantó que su equipo legal había presentado recursos legales ante los tribunales panameños y que preparaba dos arbitrajes contra el Estado panameño: uno bajo los términos dispuestos en el Tratado de Libre Comercio firmado por Panamá y Canadá, y el segundo basado en las cláusulas del contrato firmado en 1997.

“Apreciamos el compromiso constructivo del Gobierno de Panamá esta semana. La opción preferida por ambas partes es lograr un acuerdo equilibrado que beneficie a todas las partes durante muchos años. Tenemos planes ambiciosos para Cobre Panamá y creemos firmemente que un acuerdo allanaría el camino para inversiones adicionales en Panamá y su gente”, comentó Pascall.

Aunque la empresa asegura que la operación de la mina es legal ya que la concesión fue prorrogada por 20 años en 2017, el Gobierno sostiene que la Corte Suprema de Justicia ratificó su fallo, en el que dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997, que abrió las puertas para la minería a cielo abierto en la provincia de Colón.

Entre enero y septiembre de este año, la mina de Donoso generó ventas brutas por $2,285 millones y una ganancia bruta de $876 millones. En este periodo, el Estado panameño recibió $46 millones en pagos de regalías, bajo los términos pactados en 1997, ya que lo acordado en enero pasado nunca fue oficializado.

First Quantum ha indicado que su última propuesta cumple con los $375 millones que pide el Gobierno, pero que es necesario que se les otorguen garantías en caso de que el precio de la libra de cobre se desplome en los mercados internacionales.

Por su parte, voceros del MICI sostienen que la compañía busca seguir con las exenciones fiscales.


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