La empresa brasileña Odebrecht jugó una nueva carta dentro del proceso de apelación que presentó ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), contra la resolución administrativa del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros que emitió Tocumen S.A., el 28 de septiembre de 2021.
El contratista interpuso un recurso de nulidad para que el magistrado Luis Mariscal no acepte el informe preparado por los peritos designados por Tocumen sobre el estado de la nueva terminal, y las causas que provocaron el retraso en la obra, trabajos que comenzaron en 2013, y que a la fecha no se han terminado.
El TACP había ordenado a los peritos designados por Odebrecht y Tocumen realizar una inspección en el edificio de 116 mil metros cuadrados, así como revisar los documentos relacionados con la obra para resolver una serie de preguntas vinculadas al cronograma de pago que hizo el aeropuerto a lo largo de la duración del contrato, ya que la empresa brasileña sostiene que una de las razones que le impidieron cumplir con los plazos de construcción fue precisamente atrasos en los pagos. También los peritos tenían que demostrar desde cuándo Tocumen comenzó a operar la nueva terminal, y si los trabajos pendientes, afectaron la operación de la terminal aérea.
La diligencia se hizo el 18 de mayo pasado y los peritos debían entregar sus informes el 14 de junio en las oficinas del TACP. Según registros del Tribunal, los peritos de Odebrecht y el aeropuerto entregaron la documentación en la fecha designada, no obstante, los representantes legales de la empresa brasileña, aseguran que los técnicos designados por el aeropuerto entregaron el parte del informe el 14 de junio y que no fue hasta el día siguiente que completaron la documentación.
Adicional, Odebrecht indica en su recurso de nulidad, que José Ramón Icaza, designado por Tocumen, no entregó de forma personal el informe en el TACP y que fue un tercero quien hizo el trámite, lo que en opinión de la defensa de la empresa brasileña, incumple la normativa de contrataciones pública. Además de asegurar que el perito no entregó personalmente su informe, Odebrecht denuncia que el mismo no estaba en el país, y que la firma que aparece en el documento es digital.
Para sustentar su argumento de nulidad, Odebrecht pide al magistrado Mariscal que se revisen las cámaras de vigilancia del Tribunal, y solicitó que se revise con el Servicio Nacional de Migración, si Icaza se encontraba en el país en la fecha en la que el informe fue entregado. También pide que se consulte con el Registro Público de Panamá, si el perito cuenta con la certificación para usar una firma digital en procesos legales.
Este es el segundo recurso que presenta Odebrecht contra los peritos designados por Tocumen. Anteriormente, la empresa había rechazado la designación de Icaza y de José Ángel Hidrogo, ya que aseguraba que ambos habían participado en diligencias relacionadas con el proceso de apelación presentado contra la resolución administrativa del contrato. Luego de analizar el recurso de impugnación, el TACP desechó los argumentos de la empresa y juramentó a los peritos nombrados por el aeropuerto.
En su informe, Icaza señala que los retrasos en el proyecto comenzaron desde la adenda tres, es decir, en 2018, cuando la compañía comenzó a enfrentar problemas de liquidez. “Desde esa fecha los retrasos fueron constantes, haciendo necesario firmar nuevas adendas, debido a los pocos avances”, destaca el perito. La falta de liquidez, comenta Icaza, llevó a Odebrecht a enfrentar demandas de parte de sus proveedores y subcontratistas, además de provocar la perdida de personal técnico necesario para continuar con la ejecución del proyecto.
Agrega que el uso parcial que realizó el aeropuerto de la nueva terminal en 2018 y 2019 no puede clasificarse como “entrega operativa”, como asegura Odebrecht, ya que no fue hasta junio de 2022 que de forma ininterrumpida se permite el embarco y desembarco de pasajeros con la operación del sistema de equipaje y la habilitación del sistema contra incendio, climatización, sistemas especiales, entre muchos otros que permiten la entrada y salida por la nueva terminal.
Después de determinar que la solicitud de nulidad presentada por Odebrecht cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, el magistrado Mariscal admitió el recurso y suspendió el interrogatorio que haría a los peritos de Tocumen y Odebrecht el 21 y 22 de junio, donde los técnicos debían responder preguntas adicionales sobre las razones que llevaron al aeropuerto a resolver el contrato y los puntos que provocaron los retrasos en el proyecto.
La decisión del recurso de apelación interpuesto por Tocumen se ha dilatado por más de 20 meses, en parte por los recursos legales que ha interpuesto el propio reclamante ante la Corte Suprema de Justicia contra la anulación del contrato, pero todos fueron rechazados por los magistrados. Odebrecht ha sostenido su argumento de que Tocumen no tenía la potestad de anular el contrato de forma directa, ya que en opinión del contratista, la vía para resolver cualquier diferencia vinculada a la construcción de la nueva terminal, era la vía arbitral.
Un año de operación
El jueves 22 de junio se cumplió un año de la operación de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Aunque el edificio, que cuenta con 20 puertas de abordaje, se venía utilizando parcialmente desde 2019, no fue hasta junio del 2022 que se habilitó la entrada y salida de pasajeros por la nueva terminal.
Raffoul Arab, gerente del Aeropuerto de Tocumen S.A., comentó que el 48% de las operaciones del aeropuerto se realizan en la nueva terminal, y agregó que 9 millones de pasajeros en los últimos 12 meses han usado las nuevas instalaciones. Las aerolíneas Copa Airlines, Air France y KLM han trasladado sus operaciones a la nueva terminal y se espera que United haga lo propio en los próximos meses, según Arab.
El vicepresidente de Proyectos de Tocumen, Enrique Villegas, comentó que en las próximas semanas se habilitará el área de One-Stop Security (OSS), sistema que permite verificar que los pasajeros en tránsito procedentes de países que no cuentan con los niveles de seguridad aplicados en Panamá, no representan un peligro para el resto de los viajeros y que pueden seguir su viaje hacia su destino final.
Trabajos pendientes
Aunque el tráfico de pasajeros ha sido constante desde junio de 2022 por la nueva terminal de pasajeros, hay zonas en el edificio incompletas o que deben ser corregidas por la empresa Odebrecht, como es el caso de las filtraciones en el techo. En algunos sectores se puede observar el daño que han provocado las filtraciones que no han sido atendidas por la compañía brasileña. Se conoció que la Contraloría General de la República no dio su visto bueno para que el aeropuerto incluyera el techo dentro de la lista de “trabajos entregados” por Odebrecht, debido a las filtraciones que presenta la cobertura metálica.
También es notable el desgaste en parte del piso, en especial en las uniones de las baldosas, trabajos que forman parte de los reclamos por garantías que ha solicitado el aeropuerto. Villegas comenta que además de los arreglos físicos que todavía están pendientes, el contratista debe completar integraciones de sistemas que están relacionados directamente con la operación de equipos y plataformas tecnológicas dentro de la terminal aérea.
Además de anular el contrato, que después de ocho adendas alcanzó un costo de $917 millones (originalmente eran $674 millones), Tocumen también ordenó la prohibición de tres años para que la empresa brasileña pueda firmar nuevos contratos con el Estado.
