Una nueva disputa se ha generado dentro del proceso que lleva adelante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), que debe determinar si es válida la apelación interpuesta por la empresa brasileña Odebrecht (CNO) contra la resolución emitida por Tocumen S.A.
Dicha resolución anuló el contrato para la construcción del edificio de 116 mil metros cuadrados donde opera la segunda terminal de pasajeros del aeropuerto.
A finales de octubre pasado y luego de rechazar una serie de recursos presentados por Odebrecht, el TACP solicitó al contratista brasileño y a la administración de Tocumen presentar una serie de pruebas para determinar si las causales expuestas por el aeropuerto son suficientes para anular el contrato de 917 millones de dólares; o si Odebrecht no es responsable de los retrasos que impidieron cumplir con los términos de la adenda 8, que incluía la culminación de 600 trabajos pendientes.
Además de solicitar las pruebas, el tribunal pidió a las dos partes designar dos peritos independientes que deberán realizar una serie de análisis para determinar el estado actual del proyecto y determinar por qué el proyecto no estuvo terminado para finales de septiembre de 2021, como se acordó en la última modificación realizada al contrato.
Ante esta solicitud, Tocumen designó al ingeniero José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, y a José Hidrogo, contador público autorizado, para realizar las pruebas periciales solicitadas por el TACP.
Cinco días después que Tocumen informó al tribunal el nombre de los peritos, la empresa brasileña solicitó que ambos fueran descalificados ya que habían participado en el proceso de auditoría, cuando el Centro de Arbitraje los designó como los técnicos que darían un dictamen en el arbitraje solicitado por la propia Odebrecht contra la anulación del contrato.
En opinión de Odebrecht, al haber realizado una prueba pericial dentro del proceso de arbitraje, Hidrogo e Icaza están impedidos de participar en el proceso que adelanta el TACP porque ya han expresado su opinión sobre el origen de los hechos que llevaron al aeropuerto a dictaminar la anulación del contrato.
Sobre este punto, los representantes legales de Tocumen, la firma Morgan & Morgan, solicitaron al tribunal que rechace la solicitud presentada por la empresa brasileña. Consideran que ambos peritos no participaron en los hechos que originaron la anulación del contrato, sino que expresaron una opinión después que el aeropuerto emitió la anulación administrativa del contrato.
Tras analizar todos los argumentos, el tribunal concedió un plazo de tres días para que Odebrecht y Tocumen envíen dos preguntas para comprobar lo expuesto a favor o en contra de los peritos. La información será remitidas a la contraparte para su contestación.
A través de las pruebas periciales, el magistrado sustanciador del tribunal administrativo, Luis Mariscal, busca determinar si factores ajenos a Odebrecht le impidieron culminar la obra en el tiempo acordado, tales como posibles incumplimientos en el pago de parte de Tocumen, retrasos provocados por contratistas del aeropuerto o afectaciones provocadas por la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19).
El magistrado quiere comprobar si Odebrecht resolvió los 600 trabajos pendientes en el edificio de 116 mil metros cuadrados, así como validar posibles incumplimientos que llevaron a Tocumen a resolver administrativamente el contrato el 28 de septiembre de 2021, dos días antes de que venciera el plazo acordado en la octava adenda del documento firmado en 2012.
