Aunque el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) falló a favor de la empresa brasileña Odebrecht, la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen asegura que todavía hay más de 400 pendientes que la empresa no ha atendido.
El pasado 11 de enero, el TACP revocó la anulación del contrato ordenada por Tocumen en septiembre de 2021, luego de que la terminal aérea determinara que Odebrecht, conocida hoy como CNO, no cumplió con los términos acordados en la octava adenda.
La empresa brasileña, que fue multada con 220 millones de dólares en Panamá por el pago de sobornos a funcionarios, se adjudicó en 2012 el proyecto más importante dentro del programa de ampliación de la terminal aérea por un monto de 679 millones de dólares. Ocho días antes de que venciera la octava adenda al contrato, Tocumen anuló administrativamente el contrato a CNO, aduciendo que la constructora no podría cumplir con los 640 pendientes que debía resolver.
En su recurso de apelación, Odebrecht aseguraba que la demora en la ejecución de los trabajos se debió a dos factores que estaban fuera de su responsabilidad: el incumplimiento en el pago por parte de Tocumen y las demoras ocasionadas por las restricciones de movilidad aplicadas por las autoridades de salud durante la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19).
Además, la compañía señala que en el contrato estaba estipulado que cualquier diferencia entre las partes debía someterse a un arbitraje. En opinión de los magistrados, la anulación del contrato se da después de dos años de que Tocumen había firmado el acta de aceptación sustancial, donde daba como bueno el trabajo estructural realizado por el fabricante brasileño.
En los documentos, el TACP indica que la anulación del contrato se da en la etapa de revisión de los trabajos menores y, en opinión de los magistrados, era más factible para el Estado dar una nueva extensión de tiempo al contratista, cuando Odebrecht ya había recibido 8 adendas desde la firma del contrato en 2012. No obstante, el gerente general de Tocumen S.A., Raffoul Arab, indicó que respeta la decisión de los magistrados, pero explica que no la comparte, porque el aeropuerto necesitó invertir millones de dólares para terminar los trabajos pendientes en el proyecto.
“Una obra al 98% no es una obra terminada, difiero mucho con la decisión del TACP, de que es una obra casi terminada, la palabra casi no significa que está terminada”, dijo Arab.
Ahora, Tocumen prepara, junto con su equipo legal, un recurso que será presentado a finales de este mes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en los últimos dos años negó 3 recursos a Odebrecht relacionados con el proceso que llevaba a cabo el TACP. A través de un comunicado, la firma forense Britton & Iglesias (BRIG), que representó a CNO, señaló que en su fallo, el TACP validó que los “ajustes y complementos” pendientes corresponden a una etapa “postcontractual”.
“Con estos argumentos, el Tribunal Administrativo confirma decisiones anteriores en las cuales ha afirmado que no es viable una terminación contractual después de recibida la obra para su uso y ocupación”, replica la firma de abogados.
Sin embargo, el equipo legal del aeropuerto tiene otra interpretación y explica que ni la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, ni el contrato suscrito con la empresa brasileña, establecen que, habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentra impedido de resolver administrativamente un contrato frente a incumplimientos contractuales. La entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de obra”.
Lo cierto es que BRIG confirmó que afinan una nueva estrategia legal para mantener la reciente decisión del TACP a favor de su cliente. Además del proceso que se realizará ahora en la CSJ, Tocumen y BRIG confirmaron que se mantienen los arbitrajes que cada uno interpuso exigiendo una compensación. En la demanda interpuesta ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Tocumen asegura que ha incurrido en gastos por el incumplimiento de Odebrecht, al no terminar los trabajos pendientes en la nueva terminal de pasajeros, proyecto que representa una inversión de 917 millones de dólares.
Ante este incumplimiento, Tocumen indicó que ha incurrido en gastos por el orden de los 10.7 millones de dólares, dinero que se ha destinado a cubrir costos de supervisión, gerencia de seguridad, gerencia legal, mantenimiento, gerencia de tecnología, vicepresidencia de ingeniería y proyectos, costo de la reparación de equipos en garantías, multas por atrasos, consumo de energía de la terminal 2 y deudas pendientes.
La administración del aeropuerto también está solicitando una compensación de 10 millones de dólares por lucro cesante, ya que el retraso en los trabajos que debe ejecutar el contratista ha impedido la puesta en operación de locales comerciales, provocando pérdidas a Tocumen. Por su parte, Odebrecht pide una compensación de 19.4 millones de dólares, más otros costos derivados del proceso.
“Con el reciente fallo del Tribunal de Contrataciones Públicas a favor de la constructora, CNO se siente optimista de que el tribunal de arbitraje internacional desestime la demanda de Tocumen y, por el contrario, condene a Tocumen a indemnizar a CNO por daños y perjuicios por múltiples incumplimientos contractuales. Se tiene previsto que la decisión del Tribunal Arbitral sea emitida en tres meses”, señala firma BRIG.
El gerente de Tocumen indica que Tocumen procedió con la anulación del contrato para defender los derechos del Estado. “Nuestra obligación fue la apertura de la terminal y ponerla a operar, porque no podíamos esperar más. Nos cuesta 8.8 millones de dólares al mes en concepto de pago a los acreedores de la emisión de bonos que se utilizaron para financiar la construcción del proyecto de 116 mil metros cuadrados y que terminó costando 917 millones de dólares.
Además de trabajos pendientes para eliminar las filtraciones en el techo (goteras), Tocumen reclama reparaciones en el piso, así como el cumplimiento de garantías del sistema de enfriamiento de toda la terminal, entre otros. De acuerdo con Arab, la empresa no tiene personal solucionando los problemas pendientes, a pesar de que el TACP indicó que el contratista siempre estuvo dispuesto a solucionar las deficiencias.
