Está comprobado que el sistema público de pensiones necesita reformas. El subsistema Invalidez, Vejez y Muerte, exclusivamente de beneficio definido (SEBD) se quedó sin reservas para pagarle a los jubilados. Pero el país no ha encontrado cómo enfrentar los cambios.
Ante las posiciones antagónicas de trabajadores sindicalizados y empresarios, se pretendía equilibrar la cancha con el análisis y las valoraciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tras un año de espera parece haber dejado más dudas que guías.
Fabio Durán Valverde, representante del organismo, se reunió con miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en un intento de presentar varios escenarios en los que se mostró el comportamiento de las reservas, su extensión en caso de ciertas reformas y el costo beneficio de posibles cambios.
Sin embargo, extraoficialmente, quienes estuvieron en esa reunión advierten que se trató de cálculos o mal hechos o incompletos.
La Caja de Seguro Social (CSS) administra dos programas de pensiones. En el SEBD, los aportes que hacen los trabajadores todos los meses van a un fondo común que se utiliza para pagarle a los actuales pensionados. Pero esto no es sostenible en la medida que los pensionados viven por muchos más años y disminuyen los niveles de fecundidad.
Se proyecta que el déficit operativo anual del SEBD aumente gradualmente, alcanzando su punto máximo anual alrededor de los $7,500 millones para 2050.
De acuerdo con los datos de 2021, en el SEBD hay 489,573 cotizantes activos, además de 57,731 pensionados que continúan laborando.
En el sistema mixto (SM), por su lado, están 503,921, para sumar un poco más de 1 millón de cotizantes activos, según la CSS.
Este programa tiene dos componentes: un aporte llamado solidario (SMCBD) y también un ahorro personal que va a la cuenta directa de cada cotizante.
De acuerdo con la OIT, dentro de las estimaciones que se hicieron, en el “Escenario 3″, de migración total al SEBD, se extiende el equilibrio financiero de todo el sistema, hasta 2028, mientras que las reservas tendrían vida hasta 2038.
Esta es la propuesta que ha hecho el Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), de eliminar el sistema mixto y que todos los cotizantes vayan al hasta ahora quebrado SEBD.
Sin embargo, la OIT no habría calculado el costo fiscal de esta movida, entendiéndose que al no hacerse ajustes adicionales, como cambios en la edad de jubilación o los aportes de los trabajadores y las empresas, el Estado tendría que hacer nuevos aportes al programa para su subsistencia más allá de un par de años.
Esto hace una diferencia enorme. La omisión por parte del organismo internacional resalta aún más cuando se considera que desde hace dos años la junta técnica actuarial de la CSS advirtió que eliminar todo lo relacionado con la creación del sistema mixto, daría como resultado un desequilibrio mayor al existente, ya que cuadruplicaría el déficit máximo por año de unos $3,000 millones, a un déficit máximo por año de entre $12,000 millones y $13,000 millones.
Por otro lado, en el “Escenario 4″ planteado por la OIT, que sería migrar a un sistema de pilares, basado en cuentas individuales privadas, que es el plan de rescate promovido por el Conep, sí se calcularon los costos de transición que se generarían, aumentando la presión fiscal con respecto a la situación actual, al considerar un costo de entre 4% y 5% del PIB hasta 2040.
En este punto también se advirtió que habría otro fallo de cálculo, ya que aparentemente la OIT consideró los gastos de un primer pilar no contributivo. Es decir, que se habrían abultado los gastos.
El modelo conceptual del Conep está determinado por tres pilares. El primer nivel sería no contributivo, destinado a las personas que no cotizaron en toda su vida. Algo muy parecido al subsidio de $120 a los mayores de 65 años que hoy ofrece el Estado. Por lo tanto, no debería ser considerado en las corridas realizadas.
En este renglón se propone un llamado Beneficio Solidario Máximo de $120.
En este pilar las pensiones podrían llegar hasta $255 en caso de que el trabajador haya cotizado en algún momento de su vida. Es decir, que sus contribuciones serían reconocidas.
La reflexión de quienes escucharon a la OIT es que no se estimó el costo fiscal de la propuesta del Conato; y por otro lado se agregaron costos adicionales a la propuesta del Conep, de los pilares, que incluye tres niveles, y en el que básicamente el monto de la jubilación de cada persona dependería del monto total de sus aportes, la tasa de rendimiento de sus ahorros y de los años de cotización.
Al parecer la OIT ha quedado con preguntas e interrogantes que deberá dilucidar en próximos encuentros, pero sin que exista sobrado optimismo respecto a una visión equilibrada de sus proyecciones.
Desde septiembre de 2022, Panamá recibió un informe de la OIT sobre la situación del régimen del programa Invalidez, Vejez y Muerte. Pero una vez confirmó que las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido se acabarían en 2024, el gobierno de Laurentino Cortizo pidió evaluar posibles escenarios o soluciones al problema.
Durán Valverde es el líder y cara visible de los informes entregados Panamá.
Desde 2022 fue reconocido como un contradictor de los sistemas de pensiones basados en el ahorro individual, como lo demuestra un informe, donde es coautor: “La reversión de la privatización de las pensiones Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018), escribió el ingeniero Jorge Mesa, en un artículo publicado en La Prensa.
