Los países que superan el proceso de estar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se terminan beneficiando de un sistema mucho más fuerte para lidiar con las amenazas que representan delitos como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo y esto hace las economías más competitivas.
La idea fue planteada por David Lewis, exsecretario ejecutivo del GAFI, en el marco del evento “Panamá y su lucha contra el lavado de dinero”, organizado por World Compliance Association, el Instituto de Gobierno Corporativo Panamá y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
Panamá ingresó en la lista gris del GAFI en junio de 2019 y acordó un plan de acción que está aún por completar, por lo que el organismo instó a Panamá a tomar medidas para hacerlo.
Lewis defendió que los países deben tomar acciones para reforzar sus sistemas, sin que el objetivo primordial sea salir de la lista, porque esto puede ocasionar futuras inclusiones. Una vez conseguida la exclusión, se deben seguir implementando mejoras y comunicando lo que se ha hecho, lo que pondrá al país en una posición favorable.
Una de las iniciativas que se están extendiendo en el mundo, y que también está incorporando Panamá, es la creación de registros de beneficiarios finales. Sobre este aspecto, dijo que es importante asegurarse de que la información que se carga en el registro está validada y verificada.
Además, se mostró a favor de registros públicos de beneficiarios, característica que no cumple el panameño, que es de carácter privado. Lewis puso el ejemplo hipotético de un caso de corrupción en un país de África, cuyos fondos se derivan a un país occidental. Si en ese lugar existe un registro público, rápidamente se puede obtener información sobre el beneficiario de esos recursos, mientras que de otra forma habría que hacer un requerimiento de asistencia legal mutua, lo que puede demorar seis meses o más para recibir una respuesta.
Además del acceso a la información de los beneficiarios finales, Lewis también destacó la importancia del buen funcionamiento de los sistemas judiciales. Apuntó que normalmente la discusión se centra en si los bancos o los abogados hacen lo suficiente y no tanto en si las autoridades públicas hacen lo suficiente. Y subrayó que no tiene sentido contar con un sistema perfecto antilavado de dinero en un banco, si no hay un sistema judicial que entienda cómo investigar y procesar el lavado de dinero y le dé prioridad.
Dijo que el proceso para incluir a un país en la lista es bastante justo, con un sistema de revisión de pares, y destacó que el foco en los últimos años se ha puesto en la efectividad, más que en el marco normativo. Tal es así, que hay países que tienen un cumplimiento técnico prácticamente perfecto, y aún así están o han estado en la lista gris.
Cuestionado sobre la existencia de un doble estándar entre países grandes y pequeños, dice que sí existe, aunque no de manera intencional. Explicó que las evaluaciones se hacen considerando los riesgos de cada país, y que si bien en grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido y otros muchos países existen problemas grandes, también hacen mucho al respecto.
La gran pregunta para el GAFI, dijo, es cuánto es suficiente comparado con el tamaño del problema y dónde se traza la línea, pero sí apunta como una realidad que las capitales globales del lavado de dinero son lugares no listados. Esto, puntualiza, no significa que no estén haciendo mucho, aunque quizá no sea suficiente.
