La deuda pública ya alcanzó los $47,406 millones. Eso significa que en el último año el gobierno de Laurentino Cortizo ha aumentado en $3,790 millones los compromisos financieros computados hasta octubre de 2023. Así se observa en el informe que emite la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Cuando Cortizo asumió la presidencia, en julio de 2019, recibió un país con una deuda acumulada de $26,612 millones. Es decir, que contabilizando desde el mes que estrenó su mandato hasta octubre de este año, el alza de la deuda es por la monumental cifra de $20,794 millones.
Ningún Gobierno había hecho tal hazaña. La de Cortizo se lleva el galardón de ser la administración con el ritmo de endeudamiento más feroz de la historia.
Durante sus cinco años de gobierno, Martin Torrijos aumentó la deuda en $1,619 millones; Ricardo Martinelli la elevó en $6,837 millones; mientras que Juan Carlos Varela aceleró el endeudamiento en $8,972 millones.
A medida que transcurrían las administraciones, parecía que se había llegado al techo del endeudamiento, pero el aumento de Cortizo está 131.7% por encima del alza con la que gestionó su antecesor Varela.
El reciente informe del MEF indica que considerando el saldo de la deuda de septiembre a octubre de 2023, el alza de un mes contra otro fue de $1,610 millones.
Justificación del alza reciente
El Gobierno explicó que en octubre se recibieron los fondos provenientes de la emisión de bonos globales realizada el 27 de septiembre de 2023, por un monto de $1,400 millones para el financiamiento del presupuesto general del Estado.
Se destaca en esta transacción la emisión del bono global 2036 por un monto de $1,000 millones, y la reapertura del bono global 2054 por un monto de $400 millones.
Además, durante el mes de octubre los organismos bilaterales desembolsaron $198.6 millones para el proyecto de la Línea 3 del Metro; y otros $19.3 millones suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF; y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para proyectos de aguas y desarrollo de pueblos indígenas.
También se realizó la novena subasta de Letras del Tesoro de 2023 por $37.3 millones.
El exministro de Economía, Dulcidio De La Guardia, advierte del riesgo que está implicando el aumento desmedido de la deuda en un entorno de incertidumbre, con altas tasas de interés, la dificultad del Gobierno para lograr que los ingresos cubran los gastos y no sobrepasar los límites del déficit permitidos por la ley.
Todo esto genera presión para que Panamá pueda retener el grado de inversión, dijo De La Guardia, quien resumió la situación en la que se encuentra Panamá en la siguiente gráfica.
Recordó que tanto en el 2022 como en el 2023 el Gobierno se ha valido o de jugadas contables o de ingresos extraordinarios (no recurrentes), lo cual es observado como un riesgo por las calificadoras en medio del deterioro fiscal que se experimenta.
El año pasado, a través de una operación financiera, el MEF difirió el pago de $364 millones en intereses de la deuda correspondientes al año 2022.
La medida tuvo como resultado un menor gasto en concepto de intereses y contribuyó a cuadrar las cuentas para cerrar el ejercicio con un déficit fiscal dentro del 4% sobre el producto interno bruto (PIB), el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
En este 2023, los ingresos corrientes están mejor que el año 2022, en gran parte, por el pago extraordinario que hizo la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por la compra de tierras al Estado por $500 millones. Apenas ese dinero entró a las cuentas del Estado, se destinó al pago de operaciones. En la Asamblea Nacional se veía la procesión de funcionarios de las diferentes entidades solicitando créditos extraordinarios.
Por otro lado, están los $567 millones que el Estado recibió por parte de Minera Panamá producto de las obligaciones establecidas en el contrato ley. El Gobierno ha dicho que los fondos se mantendrán en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá, pero son ingresos que deben computarse en las cuentas fiscales de este año.
Para el presupuesto de 2024 ya no se contará con los ingresos mineros, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró el contrato entre Minera Panamá y el Estado inconstitucional.
Los economistas locales también han advertido que la suspensión de las operaciones mineras podría desencadenar un aumento abrupto del desempleo y una marcada disminución en la actividad económica.
Este escenario adverso se reflejaría en una reducción de las recaudaciones fiscales, imponiendo restricciones significativas al rendimiento de las finanzas públicas. En consecuencia, el país se vería obligado a buscar más endeudamiento para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Panamá necesita financiar $49,980 millones, incluyendo déficits, en los próximos 10 años (2024 - 2033). Y un incremento de la prima de riesgo de al menos 1.26% implica pagar $3,796 millones adicionales en intereses en los próximos 10 años, alertó De La Guardia.
El incremento de la prima de riesgo también sería trasladada a los financiamientos privados. Esto representaría un incremento de $700 millones al año en interés pagados sobre los préstamos locales.
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