Son las 9:00 a.m. el sol matutino de la ciudad de Panamá calienta las calles, en un día con poco tráfico luego de la jornada electoral, en la que se dio como ganador a la presidencia de la República a José Raúl Mulino, candidato por Realizando Metas (RM) y Alianza.
En una esquina del barrio de Carrasquilla, Edwin, uno de los taxistas que labora algunas horas por las calles panameñas lidiando con el tráfico y llevando pasajeros de un lado a otro, se detiene.
El pan de cada día
Este transporte en muchos casos se convierte en un consultorio y confesionario, así lo describe al entablar una pequeña conversación mientras se traslada rumbo a La Prensa en la 12 de octubre: ‘aquí lo que nos queda es seguir trabajando, ningún político nos dará de comer’.
El conductor trabaja por turnos en un supermercado de Costa del Este, una de las zonas de alto poder adquisitivo de la capital panameña y sede de empresas multinacionales y bancos internacionales. Antes de entrar en su turno a las 2:00 p.m. aprovecha el tiempo para generar algo de ingreso con el transporte selectivo de pasajeros.
“Todo está caro, no alcanza con un salario mínimo. La comida aumenta, la educación y si uno se enferma es peor”. Edwin forma parte de la población empleada, pero en la calle hay 155.625 personas que no tienen empleo y 765,152 que laboran pero en la informalidad, sin un salario fijo ni prestaciones sociales y mucho menos cobertura de la seguridad social.
René Quevedo, experto en el mercado laboral, señala que la economía panameña es una paradoja, en la última década sólo ha generado empleo informal.
Detalla que entre el 2013 y 2023 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) se crearon 266,264 empleos, pero en la práctica el país cuenta con 25,705 asalariados privados menos que hace 10 años, al tiempo que se añadieron 77,234 funcionarios públicos y 235,480 nuevos informales a la economía. “Esto es una señal clara de una grave precarización y estatización del empleo”.
Quevedo explica que cada empleo formal del sector privado que se perdió en los últimos 10 años, fue reemplazado por tres funcionarios públicos y nueve informales. “Esto es el reflejo del deterioro de la confianza en el clima para la inversión privada en sectores clave”, dijo.
Menos inversión privada
La economía panameña crecerá este año a una tasa de entre 2% y 2.5% según las estimaciones de varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cepal.
Pese al crecimiento exhibido en los últimos años la inversión extranjera viene en caída: De $4,750 millones que se recibieron de Inversión Extranjera Directa en 2018, se redujo a $2,014 millones al cierre de 2023, una caída de -57.58% en estos años. Y con respecto a 2022 el descenso de la IED fue de 30.7%.
Raúl Guizado, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, menciona que hay muchos retos como el déficit fiscal, el manejo de las finanzas públicas y que el país vuelva a ser atractivo para la inversión extranjera.
“Todo esto es importante para retomar la senda de crecimiento. Se está proyectando un crecimiento económico de bastante bajo de 2.5% y eso no es suficiente para lo que requiere el país. Eso hay que atenderlo lo antes posible”, menciona Guizado en entrevista con La Prensa.
El empresario panameño Stanley Motta, en la reciente inauguración del INCAE, precisó que el ambiente de negocios en el mundo está un poco complicado, pero en Panamá hay cierta estabilidad y calma.
“Hay liquidez en los bancos y en el mercado, pero siempre hay cosas que podemos mejorar y eso es lo que esperamos. Necesitamos mejorar los servicios públicos para la gente”, dijo.
Felipe Chapman, economista y socio del Indesa, dijo que luego de las elecciones la nueva administración deberá enfrentar el problema de orden fiscal, el tema de la Caja del Seguro Social con el programa de invalidez, vejez y muerte (IVM), además de la crisis hídrica para el consumo humano como para el Canal de Panamá.
“En 100 días lo fundamental es atacar el problema de la Caja del Seguro Social con el programa de pensiones, el agua y las finanzas públicas”, menciona Chapman.
En cuanto a la degradación de los bonos de la deuda panameña por parte de la calificadora de riesgo Fitch, el socio del Indesa indica que el país aún no ha perdido del todo el grado de inversión.
“No hay tal cosa como una pérdida definitiva, el país tiene la oportunidad de mejorar y recuperar la calificación de riesgo. Si hacemos las cosas bien, rápidamente los mercados van a reaccionar lo que es aún más importante, porque esa reacción puede hacer que el costo del financiamiento para el Gobierno, las empresas y las personas bajará”, explicó Chapman.
Insiste en que la nueva administración que tomará posesión el 1 de julio debe atacar este tema y enviar un mensaje claro sobre el reto fiscal y de finanzas públicas.
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, considera que el nuevo gobierno debe tener la capacidad de conciliar y hacer una administración de concertación para afrontar los retos económicos y sociales.
“Formalmente el país sigue manteniendo el grado de inversión pero esto no significa que en práctica y así se ha comprobado, los mercados nos perciban como un país de mayor riesgo. Hay que trabajar para recuperar con Fitch Rating esa calificación y será muy importante el mensaje que la nueva administración envíe al mercado internacional”, sostuvo el regulador bancario.
Castillo menciona que los indicadores de la banca son sólidos, pero Panamá debe mejorar en temas de crear un marco legal para un sistema nacional de pagos. “Hace falta una ley de pagos para mejorar los pagos, lograr pagos inmediatos apalancados en una tecnología de punta”, dijo.
Además precisa que es importante que el sector financiero local pueda tener herramientas para la solución de problemas que se presenten con los bancos. “Tenes la capacidad de tener mecanismos legales para que un banco pueda absorber a otro de forma rápida preservando la estabilidad del sistema y la protección de los depositantes”.
