Si Panamá quiere salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) debe enviar el mensaje que en el país hay certeza de castigo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Así lo expresó Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, quien añadió que es importante que se finalicen los procesos abiertos sobre estos puntos, y que se dicten las condenas en los casos que se compruebe el delito.
Durante su segunda plenaria del año realizada el 17 de junio, el GAFI informó que a pesar del avance que ha registrado el país, todavía se mantenía en su lista gris, y que faltaba por cumplir 4 puntos de un listado de 15.
Adicional a la certeza de castigo, Castillo, quien participó en el World Compliance Forum Latam realizado en Panamá, indicó que se debe cumplir con el suministro de la información de los beneficios finales, la aplicación ágil de sanciones, así como el cumplimiento de las leyes para prevenir el blanqueo de capitales.
Este mes se cumplen 3 años desde la inclusión de Panamá en la lista gris. En agosto, septiembre y octubre hay reuniones entre funcionarios panameños y representantes del GAFI para medir el avance en los puntos que faltan por cumplirse.
Castillo explicó que es necesario demostrar que la legislación actual contra el lavado de activos da buenos resultados. El funcionario considera que en estos momentos no es necesario promulgar nuevas leyes para completar los 4 requisitos que exige el GAFI para retirar al país de su lista gris, luego que el organismo manifestara el amplio cumplimiento del país en 11 puntos de un total de 15.
“Yo creo que el país está bien y en estos momentos no es necesario implementar nuevas leyes, lo más complejo es demostrar la eficacia de las normas vigentes”, precisó el funcionario, quien participó en la inauguración del World Compliance Forum Latam, evento que reúne en Panamá a 50 participantes de 17 países para abordar los retos que enfrenta la región en materia de lavado de activos, corrupción y falta de transparencia.
Durante el evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (Felade) y la Universidad para la Paz (UPAZ), Castillo reconoció que el tiempo que tenía el país para cumplir con los puntos señalados por el GAFI había terminado, pero confía que Panamá pueda completar los 15 requisitos a finales de año o inicio de 2023.
El pasado 17 de junio, durante la segunda reunión plenaria del año, el GAFI informó que Panamá formaba parte de la lista de 23 naciones que continuaban en la lista gris junto a Nicaragua, Haití, Isla Caimán, Senegal y Yemen.
Cuando el GAFI aumenta el seguimiento a un país significa que las autoridades de esa jurisdicción se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados .
En este sentido el superintendente de Bancos de Panamá agregó que ya hay fechas reservadas en agosto, septiembre y octubre donde se realizarán reuniones cara a cara con representantes del GAFI para evaluar el avance del país en los puntos pendientes.
Entre los requisitos pendientes está el registro de los beneficios finales, el GAFI pide la aplicación de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas en respuesta a violaciones del régimen de prevención de blanqueo de capitales, y demostrar la capacidad de investigar y perseguir el lavado de dinero vinculado a delitos fiscales internacionales.
Durante el World Compliance Forum Latam se abordaron los retos en materia de supervisión para 2022 y 2023, así como el rol de las unidades de inteligencia.
Francisco Rojas rector de la Universidad para la Paz, Chile, indicó que la falta de transparencia, erosiona la democracia en la región y en un contexto internacional es grave. “Necesitamos proteger la democracia a partir de más transparencia y el combate a la corrupción”, indicó.
Luego de confirmarse que Panamá continuaba en la lista gris, el Gobierno indicó que el país ha realizados avances con la finalización y publicación del análisis de riesgo sobre el financiamiento del terrorismo, la tipificación de los delitos de defraudación fiscal y de envío de remesas sin licencia; la creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, entre otros.
Con información de Olmedo Rodríguez Campos
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