El Índice AML de Basilea 2021 ubica a Panamá entre los países de la región con mayor riesgo para el blanqueo de capitales. En una lista de 20 territorios, en la que los primeros ranking son considerados menos vulnerables, Panamá ocupa la posición 16, solo mejorando a Bahamas, Nicaragua, Islas Caimán y Haití. El índice mide el riesgo lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, definido como la vulnerabilidad de los países ante estos delitos y sus capacidades para contrarrestarlos.
El índice asigna a cada territorio una puntuación que se basa en datos disponibles públicamente, de fuentes como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Transparencia Internacional, Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
Se cubren 17 indicadores en cinco áreas relevantes para para evaluar el riesgo de lavado, tales como la calidad del marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo; soborno y corrupción; transparencia financiera y estándares; transparencia pública y rendición de cuentas; riesgos políticos y legales.
En el caso de Panamá, dentro de estos cinco grupos, las peores puntuaciones recaen sobre la calidad del marco de prevención de lavado, indicador en el que tienen un peso importante los resultados de las evaluaciones del GAFI, y en soborno y corrupción, que toma entre sus fuentes el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Por su parte, la mejor puntuación que obtiene Panamá es en transparencia financiera.
El abogado Carlos Barsallo, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, explicó que esta relación no incluye las jurisdicciones que no han sido objeto de la cuarta ronda de evaluación del GAFI, con el objetivo de mantener coordinación con el fijador de estándares en blanqueo, por lo que no se puede hacer una comparación precisa con ejercicios anteriores. Sobre el resultado de este año, dijo que “como es de esperar, seguimos mal. Difícilmente podría ser de otra forma ya que hablamos mucho, pero hacemos poco”.
El estudio analiza además una serie de tendencias globales en materia de prevención de blanqueo. Entre ellas, habla sobre la disposición de información de los beneficiarios finales. En ese sentido, señala que la transparencia sobre los beneficiarios finales está directamente relacionada con la efectividad de los sistemas antilavado, en su rol de prevenir, detectar, perseguir y sancionar los delitos financieros.
El informe recoge que “la lentitud e ineficacia de la aplicación de los registros de beneficiarios finales sigue proporcionando refugios seguros para el dinero sucio. Esto es perjudicial para jurisdicciones individuales, pero lo más importante es que socava todos los esfuerzos globales para combatir el blanqueo de capitales”.
En el caso de Panamá, el país aprobó una ley en marzo de 2020 para la creación de un registro de beneficiarios finales, pero a la fecha no ha sido creado. Por el momento, GAFI no exige la existencia de un registro para cumplir con el estándar, pero organizaciones como Transparencia Internacional reclaman que el registro sea considerado por GAFI como un estándar y que, por lo tanto, su implementación se tome en cuenta en las evaluaciones del organismo.
