Panamá necesita definir una política minera a través de un nuevo Código Minero, que establezca los parámetros especializados para la minería metálica y no metálica de aplicación general. Esto, para dejar “prácticas obsoletas” y planteando los mecanismos que permitan llevar adelante una minería responsable, en constante revisión y actualización de cara a la modernización continua de la industria.
Así lo planteó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), luego de darse a conocer que el Consejo de Gabinete, en su sesión del 14 de junio de 2023, aprobó el nuevo contrato del Estado con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, para mantener su concesión en Donoso, Colón.
Gabinete aprueba nuevo contrato del Estado con Minera Panamá
La evolución de las negociaciones de este nuevo contrato “dejó muy claro que Panamá tiene ante sí la urgencia crítica de establecer una nueva, fuerte y adecuada institucionalidad para gestionar un tema con tantas implicaciones sociales, ambientales y económicas”, afirmó la organización en la columna dominical La Cámara Opina.
El gremio empresarial, presidido por Adolfo Fábrega, subrayó que se trata de una industria compleja que debe trabajar de forma responsable, con buenos planes de cuidado ambiental para garantizar que no exista un fuerte impacto en el medio ambiente. La minería, por naturaleza, genera riesgos significativos, los cuales deben ser gestionados efectiva y oportunamente por quienes desarrollen esta actividad, sin escatimar esfuerzos, utilizando mejores prácticas, en estricto cumplimiento con la ley y con una fiscalización férrea por parte del Estado, añadió.
Por ello, la Cciap indicó que el abordaje de la actividad minera no puede ser a la ligera; debe venir acompañado de conocimiento y asesoramiento técnico. El primer paso −detalla la organización− debe ser terminar de desarrollar con rigurosidad la contratación actual, procurando el mejor interés del país y sus ciudadanos. “Evitemos que intereses populistas o electorales intervengan en dicho proceso”, exhortó. Posteriormente, es clave realizar una “evaluación general” que permita avanzar hacia un nuevo estadio de manejo serio y responsable, con rendición de cuentas para todos los actores, detalló.
“Los recursos naturales son de todos los panameños y su tratamiento debe ser similar al que se les da a otros temas críticos que nos impactan a todos”, acotó.
Adjuntos
Mineria.docxHay que recordar que, tras el visto bueno del contrato por parte del Gabinete, se procederá en los próximos días con la firma del documento por parte del ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, y del representante legal de Minera Panamá, Manuel Aizpurúa.
El contrato será entonces remitido a la Contraloría General de la República para su refrendo y posteriormente será presentado ante la Asamblea Nacional, para su debida aprobación.
De ser aprobado el contrato ley, el presidente Laurentino Cortizo debe sancionarlo. El último paso es su promulgación en la Gaceta Oficial.
El contrato estipula una duración de 20 años (contados a partir del 22 de diciembre de 2021), con una opción prorrogable por 20 años más. No obstante, el documento indica que la concesión se extendería, sin mayores contratiempos, durante el periodo de vida útil de la mina.
