El país transita sus días en medio de la opacidad en materia económica. En todo el año 2023 no se ha publicado el comportamiento del producto interno bruto (PIB). Es decir, que ya casi en la recta final del año, aún no se conoce el comportamiento oficial de la economía del primer trimestre.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dijo ayer miércoles que el PIB había crecido durante el primer semestre cerca de un 8%; un dato que él manejaría de forma personal, añadiendo que al finalizar el año la economía habrá logrado un 6% de incremento.
¿En qué se basa el ministro para tales aseveraciones? En el comportamiento del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) y los cálculos internos de su cartera. Al menos esta es la respuesta que suele dar cada vez que se reúnen con las calificadoras de riesgos y los inversionistas, para quienes resulta vital el desempeño del PIB que el país no publica.
Sin embargo, se ha conocido que a lo interno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se reconocen los límites y la gravedad que plantea la falta de información que debía ser reportada por la Contraloría General de la República, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).
El INEC ha estado rezagado durante todo el año en la entrega oportuna de las estadísticas económicas del país, alegando que estaba ocupado con la elaboración del Censo Nacional de la Población.
En las página web del INEC se encuentra el dato del PIB hasta el cierre de 2022. Al indagar sobre la actualización de este indicador, este diario pudo validar que el PIB de los primeros trimestres de 2023 se conocerían ya iniciado el 2024.
El economista Ernesto Bazán explicó que no se trata únicamente de contar con una estadística de un periodo en particular, sino de que el país tenga la posibilidad de ver la evolución de su economía para tomar decisiones, tanto para los que tienen el encargo de gobernar, como para el sector privado, que hace inversiones, justamente, basándose en estadísticas.
“Sin mediciones oportunas, navegamos a la deriva. La medición no es un acto, sino un proceso permanente de constante retroalimentación y ajuste”, dijo el consultor empresarial René Quevedo, al ser cuestionado sobre este tema.
“Estos axiomas aplican a todas las disciplinas, pero son particularmente relevantes en una economía como la panameña, que se viene recuperando, luego de dos shocks, la finalización de la ampliación del Canal (2016-2019) y la pandemia del covid-19 (2020-2021), que tuvieron un significativo impacto en el sector interno de la economía”, recalcó.
El mismo déficit que se tiene con el dato del PIB se observa con las cifras de empleo del país. Estas no se actualizan desde abril de 2022.
El gobierno de Laurentino Cortizo ha pregonado que los últimos datos del censo, publicados por el INEC, indican una reducción de un punto porcentual en la tasa de desempleo, que habría pasado de 9.9% en abril 2022 a 8.9% a julio 2023. Pero el reporte completo del informe se desconoce, es decir, que el país camina a ciegas en lo que respecta a desempleo, empleo informal y subempleo visible.
Se sabe que como resultado de las restricciones de movilidad implementadas para combatir la pandemia, 407 mil trabajadores asalariados del sector privado (47% del total) perdieron sus empleos entre el 2020 y 2022.
También se reconoce que el entorno laboral pospandemia está en continua transformación, pero “no sabremos cómo ha variado el mercado hasta el 30 de octubre 2023″, fecha tentativa para la entrega de los datos laborales de este año”, dijo Quevedo.
Considerando estos periodos, Quevedo indicó que año y medio sin información laboral en un entorno marcado por la incertidumbre y volatilidad parece mucho tiempo.
Su posición es compartida con Bazán, quien encuentra que, en el contexto actual, los niveles de desempleo y subempleo son muy diferentes a los que históricamente han caracterizado a Panamá en las dos últimas décadas, por lo que resulta vital conocer los datos oficiales.
“La falta de información y su calidad terminan reflejando una falta de transparencia por parte de quienes deben presentarla. Mientras que la falta de transparencia se traduce en desconfianza por parte de quienes hacen las inversiones”, sentenció el economista.
Bazán espera que el atraso se pueda revertir, pero descarta que se logre en la actual administración, “que ha demostrado que no tiene la voluntad para mejorar la transparencia que el país necesita”.
En este sentido, estima que el reto será grande en el próximo periodo presidencial, que no solo deberá revertir la tendencia a la opacidad, sino recuperar la confianza, sobre todo de los inversionistas y de quienes están interesados en participar de la economía panameña.
Esa falta de confianza de la que habla la ejemplifica con la contabilidad creativa que viene realizando el Gobierno, que difirió el pago de $364 millones de intereses de la deuda correspondientes al año 2022 para ser pagados entre 2024 y 2026, reduciendo el gasto de 2022, pero poniendo más presión a unos presupuestos que tendrán menos espacio para el déficit.
Estas medidas, según dijo la calificadora Fitch, pesan en la credibilidad de la política fiscal del país, como también lo hicieron los constantes cambios a los límites de déficit fiscal.
Los reclamos de información confiable y oportuna también llegan desde el sector turístico.
Ernesto Orillac, presidente de la Convención Nacional de Turismo, sostuvo que Panamá debe contar con un sistema de estadísticas precisas.
El gremio turístico cuestiona que no se cuente con cifras en tiempo real y que hace falta detallar la cantidad de personas que son realmente turistas de los que son visitantes y no se quedan en el país más de un día. “Estamos en septiembre y las cifras más recientes son hasta junio”, dijo Orillac.
