Durante una auditoría que la Unión Europea (UE) realizará a Panamá en la semana del 13 de junio próximo se verificará el cumplimiento de algunas normas que incluyen evitar la pesca sin una licencia válida, en una zona de veda o durante una temporada de veda, o utilizar artes de pesca prohibidos, entre otros.
Tras la auditoría, Panamá podría regresar a la lista de países con tarjeta verde, que significa estar cumpliendo con las medidas para evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; o por el contrario, pasar a una tarjeta roja, que pondría al país en una situación difícil porque se cerrarían las puertas a las exportaciones de mariscos panameños al mercado europeo.
La tarjeta amarilla fue impuesta en diciembre de 2019 por la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare) como una medida de advertencia.
Flor Torrijos, administradora de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), confirmó que el pasado viernes entregó físicamente el informe a la embajada de la UE y recibió confirmación de la visita para el audito en la semana del 13 de junio de 2022. “Estamos a menos de 45 días para demostrar que hemos implementado todos los controles en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada”, apuntó.
El principal efecto de una tarjeta roja es el cierre de las exportaciones de mariscos, el segundo rubro de los envíos de alimentos de Panamá, después del banano. Por ejemplo, el 90% del atún que exporta Panamá tiene como destino Europa.
“El equipo interinstitucional está alineado, se está trabajando con el fin de dejar sentadas las bases para el manejo de procedimientos que perduren en el tiempo a través de plataformas, y asegurando la debida homologación de toda la información que se vaya proporcionando sobre actividades pesqueras en el país”, indicó Torrijos.
Como parte de la coordinación, la semana pasada hubo una reunión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, ARAP, Aduanas y la Autoridad Marítima de Panamá.
La ARAP señaló que el gobierno mantiene el compromiso de cero tolerancia a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, con lo cual se demuestra que Panamá es un país cooperante en su lucha por erradicar este flagelo, más cuando se llevan a cabo todas las inversiones necesarias para garantizar el debido cumplimiento.
“Quiero informales que el Estado panameño ha fortalecido la gestión de la Comisión interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la pesa ilegal, no declarada y no reglamentada con la integración de otras instituciones como los ministerios de Relaciones Exteriores; Desarrollo Agropecuario; Ambiente; Seguridad Pública y la Autoridad Marítima de Panamá, entre otras entidades”, indicó Torrijos .
Añadió que la comisión de gobierno desarrolla un plan de acción de ocho puntos para recuperar la tarjeta verde y evitar mayores afectaciones a la flota marítima más grande del mundo. El país cuenta con más de 7 mil barcos y 243 embarcaciones con bandera panameña en aguas internacionales con licencia de pesca.
En el proceso las instituciones que participan en la comisión han tendido acercamiento con los gremios de marinos para coordinar las nuevas reglas. Igualmente se incluyó un proceso de capacitación.
Política europea
La UE es el mayor mercado mundial de importación de productos de la pesca y, como tal, ha señalado que es la principal responsable de la situación de comercialización en la lucha contra la pesca ilegal.
El reglamento de la UE destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entró en vigor el 1 de enero de 2010. Es aplicable al comercio de productos de la pesca marítima de todos los países con la UE. Su objetivo es garantizar que ningún producto de la pesca capturado ilegalmente acabe en el mercado de la UE.
Como mecanismo para alcanzar este objetivo, el reglamento establece un sistema de certificación de capturas que exige a los Estados de abanderamiento que certifiquen que el pescado capturado por sus buques y comercializado en la UE no procede de actividades pesqueras ilegales. El sistema garantiza que los buques de los países cumplen las normas nacionales y regionales de conservación y ordenación, así como las normas acordadas a escala internacional.
