Las frustradas negociaciones, hasta ahora, entre Minera Panamá y el Estado han generado una tensión que escalará a medida que pasen los días sin un acuerdo en firme, porque a ninguna de las partes le conviene el cese de las operaciones comerciales anunciado por el Gobierno.
Para la empresa, la operación de Panamá es una de las insignias de su cartera, con un importante peso en las operaciones del holding First Quantum Minerals, que logró un año récord el 31 de diciembre de 2021, con una producción total de cobre de 816,435 toneladas, lo que representó un incremento anual del 5% respecto al año anterior.
El récord se debió principalmente al sólido desempeño en Cobre Panamá, que compensó con creces las disminuciones de producción observadas en otras minas como Sentinel y Kansanshi, en Zambia. Así lo ha hecho saber la compañía en sus reportes.
Para Panamá también hay mucho en juego. Sin adentrarnos en el tema ambiental, se trata de la mayor inversión extranjera en la historia del país y de millonarias exportaciones de cobre, que junto al Canal (y en menor medida algunos proyectos de inversión pública) han dinamizado la economía en los últimos dos años.
De acuerdo con Minera Panamá, su proyecto implica una inversión de $10,000 millones y el ciclo de vida de la mina es de cerca de 34 años.
Panamá ha manifestado de diferentes formas y a través de diversos voceros estatales que aquí lo que está de por medio es lograr justicia fiscal. Es decir, que los aportes de la mina sean cónsonos con los recursos locales que extraen y que forman parte del patrimonio del país.
En los reportes financieros de First Quantum Minerals se refleja que Cobre Panamá tuvo ingresos por $3,160 millones al cierre de 2021, sin que la operación pague impuesto sobre la renta.
Mientras que la mina de Kansanshi, con ingresos menores, por $2,014 millones, pagó en concepto de impuesto sobre la renta $392 millones.
Elementos de este tipo han sido parte del análisis de la negociación para alcanzar un nuevo contrato de concesión, en el que preliminarmente se habían acordado las bases económicas de una supuesta reciprocidad.
El objetivo del Gobierno era fijar un pago mínimo de $375 millones basado en el pago de regalías, el 25% en impuesto sobre la renta (ISR) y otros tributos que actualmente no se aplican, como el pago de intereses y utilidades.
Pero habiendo transcurrido 11 meses desde que revelaron el acuerdo económico, el pacto no se alcanzó, porque la minera habría presentado otro tratamiento fiscal, reclamando, además, protecciones con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación, sin especificar cuáles serían esos elementos que se estarían omitiendo en el proceso para finalmente alcanzar el fin de las negociaciones.
Así las cosas, el Consejo de Gabinete instruyó al Ministerio de Comercio e Industrias a adoptar medidas administrativas de conformidad al Código de Recursos Minerales para ordenar a Minera Panamá que establezca un plan de preservación y gestión segura, es decir, el cese de operaciones comerciales.
Hasta el pasado viernes la minera seguía trabajando con normalidad, pero asumiendo que las posiciones fueran irreconciliables, ambas partes entrarían a un peligroso terreno de conflicto.
En estos casos, un proceso arbitral tomaría años y le costaría millones de dólares y tiempo perdido al país y a la empresa.
Por otro lado, habría que evaluar si tendría sentido y resultara conveniente buscar otro operador, así sea de forma interina. Elaborar una salida de este tipo tardaría más de un año.
Asumiendo que tanto el Gobierno como Minera Panamá estarían realmente en posición de llegar al punto pactado en enero pasado, el episodio actual no deja de generar incertidumbre.
La pregunta clave para el consultor empresarial René Quevedo es cómo se van a garantizar los 40 mil empleos directos e indirectos que se generan alrededor de la mina, si la empresa cierra y no genera ingresos, así sea de forma temporal.
Esto lo lleva a otra interrogante: “¿Cuál sería el impacto de lo que hoy ocurre para un país que genera 39% menos empleos formales y 3 veces más informales que en el 2019?”, planteó.
Quevedo dijo tener la confianza en que se encontrarán puntos de coincidencia que permitan superar este “impasse” de manera constructiva por el bien del país.
Sin embargo, también se mostró preocupado respecto al impacto interno y externo de entrar en un litigio internacional con el mayor inversionista extranjero.
Reclaman información
Los diferentes grupos empresariales del país han guardado relativa distancia en sus apreciaciones hasta tanto se tenga una mayor comprensión del alcance del acuerdo preliminar pactado entre Minera Panamá y el Estado se conozca la propuesta lanzada por Minera Panamá el pasado jueves a las 6:00 a.m., cuando ya había vencido el periodo para alcanzar un acuerdo.
No es de extrañar que en este contexto Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional – hiciera un llamado de atención al Gobierno en relación a la falta de transparencia en el proceso.
Hasta ahora se sabe muy poco de lo que se ha valorado para determinar cómo se tasará la actividad minera.
Se ha entendido que en el proceso han participado asesores y expertos locales e internacionales, quienes han evaluado los diferentes modelos fiscales que utiliza la industria alrededor del mundo, interpretando que la actividad es de alto riesgo y que requiere de enormes inversiones, mientras que el país espera que la extracción de minerales se sitúe en una posición importante en su sistema recaudatorio.
En su habitual comentario dominical, ayer la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reaccionó con una posición más holística, apelando al fortalecimiento institucional, para un desarrollo nacional seguro en el país.
“Los últimos acontecimientos con respecto a la negociación del contrato con Minera Panamá han vuelto a reflejar una debilitada institucionalidad, que ha trascendido administraciones y que como nación no nos permite plantear un modelo de desarrollo a seguir, y las políticas públicas que deben acompañarlo”, indicó el gremio.
El organismo recordó que en el año 2019, reiteraron esta preocupación en el documento “Agenda País”, ya que esto tiene un impacto directo en la productividad de los distintos sectores económicos.
“... Una vez más la Cámara de Comercio hace el llamado a tomar acciones que fortalezcan nuestra institucionalidad, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas”, expresaron.
Entre las recomendaciones presentadas en el mencionado documento, y que para la Cámara de Comercio siguen siendo válidas hoy, mencionaron la necesidad de contar con funcionarios de carrera, que tengan formación en gestión pública, con base en un sistema de méritos que asegure estabilidad en los cargos por competencia y probidad en el servicio, que actúen en base a criterios técnicos y científicos y que resulten ser una contraparte calificada ante locales e internacionales.
