La Asociación de Consumidores Libres se opone al anuncio dado por el Gobierno el día de hoy, que decidió no extender la norma transitoria que permitía el pago en efectivo por parte de los clientes a Uber o plataformas similares.
El gremio considera que esta medida, plasmada en el Decreto 331 emitido por el Ejecutivo, representa un retroceso y envía el mensaje de que la innovación disruptiva no tiene lugar en Panamá.
"La entrada en vigor de la prohibición de pago en efectivo convierte en ciudadanos de segunda categoría a todos aquellos que no tienen una tarjeta de crédito o de débito para poder usar este servicio, es decir, tres cuartas partes de la población", advirtió Jaime Raúl Molina, miembro de la asociación.
Expresó que tres de cada cuatro panameños han sido excluidos de los beneficios de la llamada economía colaborativa para servicios de transporte, considerando que solo el 25% de la población tienen tarjeta de crédito o débito, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos.
A juicio de la Asociación de Consumidores Libres, la prohibición de pago en efectivo es una restricción artificial e innecesaria al derecho que tiene todo ciudadano para elegir bienes y servicios de calidad, "consagrado en la Constitución Política como un derecho fundamental".
Desde 2017 la Asociación presentó una acción legal en contra de la prohibición de pago en efectivo, por considerarla ilegal que se encuentra en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pendiente de decisión. La demanda está pendiente de sentencia.
