Petroterminal empresa responsable y comprometida con el desarrollo de Panamá

Petroterminal de Panamá, S.A. es una empresa de propiedad mixta, en la cual el Estado Panameño mantiene la mayoría de las acciones, con más de 42 años de trayectoria en el país, que genera más de 200 empleos directos y más de 300 indirectos, y cuya visión es ser la principal ruta de América para conectar el mercado petrolero internacional de una forma eficiente y confiable. Operamos en concesiones otorgadas por el Estado como un proyecto de interés público que genera gran valor para Panamá.

Como empresa responsable y trasparente apegamos nuestra gestión a los principios de legalidad y más altos estándares de calidad, y por ello consideramos relevante reiterar que mantenemos el pago de todas nuestras obligaciones: impuestos, dividendos y regalías correspondientes a nuestra operación. En este contexto, nos permitimos aclarar a la opinión pública lo siguiente:

1. Entre Petroterminal y el Municipio de Barú existe una historia de relaciones estables y regulares por 41 años. Desde 1980 existen contratos formales y de mutuo acuerdo, renovados en 2018 con vigencia de 10 años, refrendado por la Contraloría General de la República, por el cual se pagan $328,000 anuales de los cuales $203,000 son por concepto de impuesto por permiso de construcción, ampliaciones, desarrollos, actividades y servicios que la empresa lleve a cabo. En los 10 años de vigencia de este contrato el Municipio de Barú habrá recibido un total de $3,280,000.

2. Desde abril de 2020 Petroterminal debe reparar uno de sus muelles, por lo que se solicitó oportunamente el correspondiente permiso de construcción al Ingeniero Municipal de Barú, quien el 19 de octubre de 2020 lo otorgó. Sin embargo, ignorando el contrato existente, solicitó a la empresa el pago de impuestos de permiso de construcción de $1,200,000, lo cual atenta contra el principio de seguridad jurídica que rige toda operación empresarial, inversión nacional e internacional, y que se considera la base del sistema económico de cualquier país.

3. En noviembre de 2020, el Consejo Municipal de Barú, unilateralmente y sin sustento legal, decidió modificar el mencionado contrato, alegando la crisis económica derivada de la pandemia, entre otras causas.

4. Debido a las acciones del Consejo Municipal, y después de haber intentado una solución a través de procesos de dialogo, hemos iniciado procesos legales para que la situación se decida en los tribunales. Reiteramos que, si el Consejo Municipal considera necesario modificar las condiciones del contrato vigente, debe someter a la consideración de la Sala Tercera de La Corte Suprema de Justicia su anulación.

5. Durante todo este lapso, la empresa ha seguido honrando las obligaciones derivadas del contrato que se encuentra vigente, de manera integral y oportuna y lo seguirá haciendo si los tribunales deciden que se deben pagar nuevos impuestos.

6. La empresa reitera que como siempre lo ha hecho, se apegará a lo establecido por las normas, así como los mandatos y decisiones de los órganos competentes.

Debido a que la gravedad de la situación podría afectar las operaciones de la empresa y recordando que el servicio que prestamos está categorizado de interés público, solicitamos se respete la seguridad jurídica.

Entendiendo la grave dificultad que está pasando todo el país, reiteramos nuestra voluntad de seguir apoyando a las poblaciones vulnerables cercanas a nuestras operaciones, e impulsando el desarrollo sostenible de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, así como las de todo nuestro país; siempre trabajando en alianza y de la mano de las comunidades.

Las opiniones expresadas en este comunicado son responsabilidad única de su autor y de quienes sufragan su publicación.