Poderosos grupos inmobiliarios y turísticos se han movido con rapidez para pertenecer a ese selecto club de privilegiados que le sacará ventaja a la Ley 122 de 2019.
La norma permite que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, reciban un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
De acuerdo con un reporte solicitado por este diario a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), las emisiones turísticas al cierre de 2020 totalizaron $21 millones. Luego, alcanzaron los $441.2 millones en 2021, y en este 2022, hay $31.7 millones adicionales registrados.
En tres años de vigencia de la Ley 122, hay un total de emisiones turísticas registradas por $493.9 millones, mientras que en trámite hay otros por $127 millones. En total, son $620 millones, pero la cifra sería incluso más alta cuando se admitan los cambios de empresas que han solicitado hace poco modificaciones para aumentar los montos de sus emisiones.
Con la aplicación de la ley de incentivos fiscales, la infraestructura turística se ejecuta a raíz de la obtención del dinero que sus promotores logran conseguir con la emisión de instrumentos financieros. El inversionista que compra los instrumentos financieros tiene el incentivo de recibir en créditos fiscales la totalidad o una porción del dinero invertido, al tiempo que el Estado sacrifica el cobro de impuesto a favor de una inversión turística privada.
¿Por qué se mueven con rapidez algunas empresas para aplicar a este enorme beneficio?
Ante el extendido repudio de círculos profesionales y empresariales en el país, que advirtieron que la ley permitía que el Estado (es decir, los ciudadanos) reembolsaran a los inversionistas la totalidad del dinero que invirtieran, el gobierno de Laurentino Cortizo prometió reformas con el supuesto propósito de reducir el incentivo fiscal. Con ese propósito surgió el proyecto de ley 789. No obstante, el proyecto fue modificado y quedó consignado que quienes ya cuenten con la “autorización” o registro de la SMV para la emisión de sus instrumentos financieros, podrán gozar del beneficio fiscal que establece la Ley 122, es decir, con el 100% de la exoneración fiscal.
De acuerdo con un parágrafo transitorio del proyecto 789, tendrán derecho al beneficio fiscal las emisiones registradas hasta el 30 de julio del año 2022″.
Unos 18 panameños, entre profesionales, políticos y exfuncionarios, firmaron una carta abierta dirigida al presidente Cortizo, en la que piden que se abstenga de sancionar el proyecto de ley 789, que modifica el artículo 9 de la Ley 80 del 2012, “que, a su vez, dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá y que pretende reemplazar en parte la Ley 122″, que tantas críticas ha recibido de distintos sectores de la ciudadanía y que está impugnada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, impugnación ésta que cuenta con el concepto del Procurador General de la Nación en el sentido de que la misma es, en efecto, inconstitucional”.
Indican que el proyecto de ley 789, “cuyo veto solicitamos”, otorga una serie de créditos fiscales a favor de un grupo limitado de inversionistas, créditos fiscales equivalentes a entre el 60% y el 100% del monto de las inversiones en proyectos turísticos, con el argumento de que tales proyectos ayudarán a promover el turismo a nivel nacional.
“Lo que no dicen los promotores de este proyecto de ley es que el otorgamiento de tales créditos fiscales equivale a que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, sufragamos el costo de las inversiones turísticas que estos lleven a cabo, pero solo estos inversionistas se benefician de las mismas. Esto, solo y de por sí, es un abuso a la ciudadanía, por no llamarlo de otra forma más apropiada”.
La carta dirigida al presidente lleva la firma del exministro de la otrora Hacienda y Tesoro, Mario Galindo Heurtematte; el arquitecto Ricardo Bermúdez, el neurocirujano, exministro y miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático, Francisco Sánchez Cárdenas.
Les acompaña el abogado Ricardo Alberto Arias, exembajador de Panamá ante Naciones Unidas; el economista y catedrático, José Chen Barría; la ambientalista y exvicealcaldesa, Raisa Banfield; el abogado y presidente del Instituto de Gobierno Corporativo, Carlos Barsallo; el abogado y expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Ramón Ricardo Arias, y la exministra de la Juventud, Leonor Calderón, entre otros.
El grupo remarcó que los créditos fiscales a los niveles previstos en el proyecto de ley 789, sin un verdadero sustento documentado, “es un atentado contra la seguridad económica y la tranquilidad social del país”.
En el grupo de privilegiados
DB Hotel & Residences, S.A., parte del grupo empresarial de la familia Eleta, está autorizado para emitir acciones comunes hasta por $232 millones. Los fondos que se obtengan en esta emisión serían utilizados para financiar el proyecto hotelero bajo la marca de Ritz Carlton Reserve, en el desarrollo Pearl Island.
Inmobiliaria Palma Bonita, S.A., con el respaldo del promotor Empresas Bern, registró una emisión pública de bonos corporativos por $155 millones para financiar un apartahotel en el sector de Veracruz, Panamá Oeste.
Playa Escondida Beach Front, S.A., empresa bajo la cual la familia Alemán desarrolla un proyecto de playa, tiene registradas tres emisiones: dos emisiones de bonos turísticos por $6.2 millones y $6.9 millones, respectivamente, y una última por $31.7 millones.
Las dos primeras emisiones de Playa Escondida Beach Front, S.A. fueron suspendidas en abril de este año para cambiar, entre otras cosas, su monto. Con una carta que lleva el membrete de Grupo Los Pueblos, anunciaron a la Bolsa Latinoamericana de Valores que la emisión de $6.9 podría llegar hasta $20.8 millones. Mientras que la de $6.2 millones podría ser hasta por $18.7 millones.
