Cuando la administración del presidente Laurentino Cortizo empezó su gestión, en julio de 2019, la planilla del sector público estaba compuesta por 238 mil 248 personas. Ahora, en agosto de 2023 ya acumulaba la suma de 258 mil 282 empleados públicos. Se trata de un aparato estatal enorme que ha ido creciendo tan rápido como ha podido, hasta alcanzar una obesidad mórbida.
Esto significa que en cuatro años de gestión se han agregado al menos 20 mil 34 funcionarios.
La cantidad de nuevos funcionarios equivale a la planilla de dos enormes empresas, una estatal y otra privada, y ambas eficientes. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tiene cerca de 8,000 trabajadores, mientras que Copa Airlines cuenta con unos 7,000 empleados.
Esto sin contar con que en Panamá la cantidad de funcionarios es mayor a la que se reporta en los informes oficiales y nunca se ha sabido con exactitud a cuánto asciende el total.
El informe de la Contraloría General de la República que contabiliza la planilla estatal indica que la información corresponde a 94 entidades del sector público, distribuidas en 28 para el gobierno central, 42 en las instituciones descentralizadas, 16 empresas públicas y 8 intermediarios financieros.
Pero se excluye a la ACP, los patronatos y los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento.
En el tema del salario, además se excluyen los pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
El último informe de la Contraloría General de la República revela la magnitud del tamaño del Estado: entre enero y agosto de este año, se han destinado $3,295.4 millones a salarios.
Al comparar los desembolsos en salarios de este 2023 con los del año pasado, se nota un incremento de $65.9 millones.
Respecto a esta referencia interanual, la cantidad de funcionarios adicionales de agosto de 2022 a igual periodo en 2023 fue de 2,686 personas.
Cuáles son las instituciones gubernamentales que experimentaron un notable aumento en su número total de funcionarios en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes del año anterior.
- Ministerio de Educación: Aumentó su personal en 885 funcionarios.
- Tribunal Electoral: Registró un incremento de 860 empleados.
- Ministerio de Seguridad Pública: Experimentó un crecimiento significativo con 677 nuevos funcionarios.
- Contraloría General de la República: Sumó 416 trabajadores a su equipo.
- Órgano Judicial: Incrementó su plantilla con 338 nuevos miembros.
- Procuraduría General de la Nación: Se destacó con un aumento de 251 funcionarios.
- Asamblea Nacional de Diputados: Tuvo un crecimiento con la incorporación de 201 empleados.
- Fiscalía General Electoral: Aumentó su personal en 157 funcionarios.
El economista Felipe Chapman advirtió que Panamá es uno de los países de la región con mayor número de empleados públicos con respecto a la cantidad de personas ocupadas. El país sólo es superado por Argentina, con una población de 13.3 millones de ocupados.
Al cierre del año 2022, del total de las personas ocupadas, los asalariados del sector público panameño representaban el 17.2%, mientras que Argentina reportó 18.2%, un país acostumbrado a las quiebras, el impago de la deuda y la extrema inflación.
Por su parte, René Quevedo, consultor empresarial y analista del mercado laboral, recuerda que en la última década (2013-2023), el empleo asalariado privado pasó de ser 53% de todos los empleos del país, a 44%, mientras que los funcionarios pasaron de representar 22% de los empleos formales a 28%.
Esto sucede en un país que había prometido en medio de la pandemia austeridad y reducción en el número de funcionarios. Los analistas reconocen la necesidad de reforzar las áreas sociales y vitales para el orden social. Sin embargo, hay entidades como la Asamblea Nacional, en las que no se justifica la contratación de más personas, lo que implica el incremento de la partida de salarios.
En la Asamblea Nacional había, hasta agosto, 4,244 funcionarios (con un salario acumulado de $57.1 millones), lo que implica que este órgano del Estado cuenta con más trabajadores que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (2,568), el Ministerio de Gobierno (3,500 ), el Ministerio de Economía (2,746 ) o el Ministerio de Trabajo(1,039).
Como dijo recientemente el consultor Domingo Latorraca, cada dólar desperdiciado en incrementar innecesariamente el número de funcionarios representa una disminución directa en la inversión disponible. “La inversión pública juega un papel crucial en impulsar el desarrollo humano y la productividad de las naciones”, dijo.
Entre agosto de 2019 y agosto de 2023, la población ocupada del país aumentó en 17,974 trabajadores, hay 36,482 funcionarios y 1,304 informales más, pero 19,812 asalariados privados menos, recordó Quevedo.
En palabras llanas, la expansión del empleo entre agosto de 2019 y agosto de 2023 se debió al aumento en la planilla estatal y al número de trabajadores informales.
De allí, que Quevedo precisa que “el aumento de la planilla estatal ha sido desproporcionada en relación al tamaño del crecimiento de la fuerza laboral del país. En agosto de 2023 había casi 20 mil (19,812) trabajadores formales privados menos que hace cuatro año.
Detalló que entre enero y septiembre de 2023, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó unos 23 mil nuevos contratos laborales por mes (empleos formales), comparado con los 33 mil en el mismo periodo del 2019, antes de la pandemia. Esto representa un 30% de reducción.
“Hoy, 56% de todos los trabajadores del país son funcionarios o informales, lo cual es insostenible, máxime que estamos pidiendo prestado para pagar subsidios y planillas. Urge mejorar el clima para la inversión privada. Sin inversión privada, seguiremos generando informales”, dijo.
