El presidente de la República, Laurentino Cortizo sancionó, este lunes 20 de junio, el proyecto de ley 789 que brinda incentivos para la actividad turística del país.
Un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado señala que mediante esta nueva norma, que deroga la Ley 122 y modifica la Ley 80, se reduce el incentivo desde un 100% a un 60% de crédito fiscal del valor total del proyecto (excluyendo el valor de la finca y la infraestructura), más un 5% del valor de la infraestructura del Plan Maestro declarada ante la Autoridad de Turismo de Panamá”.
Agrega que esta ley “tiene el objetivo de incentivar la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos establecimientos de hospedaje público turístico o ampliaciones de los ya existentes, incluyendo los productos turísticos y sus servicios complementarios que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo, ubicados en regiones, destinos o áreas de interés turístico, con excepción de los ubicados en el distrito de Panamá”.
La finalidad de la ley es consolidar a Panamá como destino turístico de clase mundial, construyendo al menos 5,000 nuevas habitaciones en el interior del país, donde se concentra el 80% de los recursos turísticos del país. Con esta ley se apoya la ejecución del Plan Maestro de Turismo Sostenible aprobado en el 2021 por el Consejo de Gabinete, convirtiendo al turismo en política de Estado, señala el comunicado.
Durante la sanción de la ley, Cortizo dijo que la normativa es autofinanciable, ya que al iniciar las construcciones turísticas se generan para el Estado impuestos de ITBMS, permisos, contribuciones a la Caja de Seguro Social y posteriormente impuestos sobre la renta permanente, que luego se van compensando con los créditos otorgados.
Según estimaciones del Gobierno, con el desarrollo de proyectos en el interior del país, se podrían generar 3,000 empleos en el sector construcción en los próximos 2 años y luego más de 2,000 empleos de permanente en la etapa operativa de los hoteles, que mejorarán la calidad de vida en diversas áreas rurales de Panamá.
El proyecto de ley 789 ha sido rechazado por profesionales, políticos y exfuncionarios del país, quienes enviaron una carta al mandatario Cortizo. Ellos le pedían que se abstuviera de sancionar el proyecto de ley 789, que modifica el artículo 9 de la Ley 80 de 2012, “que, a su vez, dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá y que pretende reemplazar en parte la Ley 122″, que tantas críticas ha recibido de distintos sectores de la ciudadanía y que está impugnada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, impugnación ésta que cuenta con el concepto del Procurador General de la Nación en el sentido de que la misma es, en efecto, inconstitucional”.
En la misiva señalan que el proyecto otorga una serie de créditos fiscales a favor de un grupo limitado de inversionistas, créditos fiscales equivalentes a entre el 60% y el 100% del monto de las inversiones en proyectos turísticos, con el argumento de que tales proyectos ayudarán a promover el turismo a nivel nacional.
“Lo que no dicen los promotores de este proyecto de ley es que el otorgamiento de tales créditos fiscales equivale a que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, sufragamos el costo de las inversiones turísticas que estos lleven a cabo, pero solo estos inversionistas se benefician de las mismas. Esto, solo y de por sí, es un abuso a la ciudadanía, por no llamarlo de otra forma más apropiada”.
La carta dirigida al presidente lleva la firma del exministro de la otrora Hacienda y Tesoro, Mario Galindo Heurtematte; el arquitecto Ricardo Bermúdez, el neurocirujano, exministro y miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático, Francisco Sánchez Cárdenas, el abogado Ricardo Alberto Arias, exembajador de Panamá ante Naciones Unidas; el abogado y presidente del Instituto de Gobierno Corporativo, Carlos Barsallo; el economista y catedrático, José Chen Barría y la ambientalista y exvicealcaldesa, Raisa Banfield, entre otros.
Con información de Yolanda Sandoval
