La Unión Europea (UE) mantuvo a Panamá en la lista de paraísos fiscales emitida el martes 20 de febrero, después de evaluar las jurisdicciones que han implementado medidas para mejorar su cooperación tributaria.
Uno de los requisitos para salir de esta lista es tener una calificación de “mayormente cumplidores” en las evaluaciones del intercambio de información fiscal a requerimiento, algo que Panamá no ha logrado hasta la fecha.
La lista, actualizada cada seis meses, incluye jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que no dan pasos para resolver esos problemas.
Desde la Dirección General de Ingresos (DGI), se gestiona una unidad encargada de ejecutar las solicitudes de intercambio de información requeridas por administraciones tributarias extranjeras a Panamá, así como aquellas que la administración tributaria panameña solicite a otras autoridades tributarias para investigaciones fiscales.
Según el director de Ingresos, Publio De Gracia, “los resultados del intercambio con los países con los que colaboramos son cada año mejores y el equipo se encuentra fortalecido en talento humano y herramientas”.
Sin embargo, también indicó a La Prensa que, para salir de la lista de la UE, será fundamental cumplir con la “ley de registros contables” y que el sector privado es clave para la efectividad del intercambio de información.
A finales del año pasado, la DGI decidió extender nuevamente el plazo, ahora hasta marzo de 2024, para que los agentes residentes presenten la declaración jurada de registros contables correspondientes a los años 2021 y 2022.
No es la primera vez que se aplaza este asunto, intentando apaciguar a quienes se oponen a dicha medida.
De acuerdo con la Ley 52 del 27 de octubre de 2016, modificada por la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, se establece la obligación del agente residente de entregar ante la DGI una declaración jurada anual que contenga una lista de las personas jurídicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente.
Ha habido presiones desde agrupaciones de abogados en este tema.
La norma establece que los abogados que funjan como agentes residentes en Panamá, sin excepción, tendrán la obligación de certificar que saben dónde y cómo tener acceso a los registros contables de las sociedades offshore que representan, como parte de los acuerdos suscritos por Panamá para el intercambio de información tributaria y en virtud de lo que establece la ley.
En la opinión de la UE, es determinante la posición del Foro Global sobre Transparencia, el organismo de la OCDE concebido para dictar normas globales y erradicar los paraísos fiscales. Básicamente, Panamá está en la lista de la UE porque aún no ha podido demostrar completamente su capacidad para intercambiar información cuando se solicita.
Tras la decisión adoptada por los Estados miembros, en el repertorio figuran 12 territorios: Panamá, Rusia, Samoa Americana, Anguila, Antigua y Barbuda, Fiji, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu. https://t.co/TMySNpcn3k pic.twitter.com/k3DadAjPRY
— La Prensa Panamá (@prensacom) February 20, 2024
En este sentido, el país debe pasar por el escáner del Foro Global, cuya última evaluación fue realizada entre 2015 y 2018, pero los resultados se obtuvieron en 2019.
“Estamos de la mano y junto a la secretaría del Foro Global revisando las últimas acciones que, al implementarse, podremos tener la seguridad de que los cambios normativos tienen efectividad y solicitar la revisión, cuya fecha la define el Foro”, indicó De Gracia.
Con relación al peso de lo que opina el Foro Global, el reporte de la Comunidad Europea también recuerda que Panamá tiene un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuentes extranjeras y aún no ha resuelto estos problemas.
