El proyecto de presupuesto General del Estado para el año 2025, es un parteaguas en la historia económica reciente de Panamá. Desde el año 2003, es el primer proyecto de presupuesto que tiene un monto inferior al año fiscal anterior. Los recortes son valientes, y la intención es clara: que el país se arrope hasta donde alcance la manta, es decir, que el presupuesto del Estado panameño no dependa de más deuda.
La deuda pública reconocida anda por los 52 mil millones de dólares. La no reconocida como tal incluye los más de mil millones de dólares en títulos que se entregaron al Fondo de Ahorro de Panamá por los años que el gobierno de Laurentino Cortizo no aportó a ese fondo, otros miles y tantos millones de dólares de cuentas por pagar al sector privado, a becarios, a productores agropecuarios y otras contrapartes del Estado. En total, es fácil suponer que nuestra deuda real puede ser de 54 o 55 mil millones de dólares. Todo esto sin incluir a la Caja de Seguro Social.
El paraíso fiscal
Formalmente, en Panamá es obligatorio pagar impuestos sobre los ingresos de actividades cuya fuente sea nacional. La evasión tributaria está contemplada como delito en el Código Penal. Aun así, el propio ministro Chapman ha dicho que la evasión del impuesto de transferencias de bienes muebles y servicios (ITBMS), alcanzó los mil 500 millones de dólares. Esta cifra es casi el 2% del PIB, y solo con este monto se cubriría el déficit actuarial del próximo año, del subsistema de Beneficio Definido de la CSS.
Sin embargo, el tema de la evasión de impuestos en Panamá es terrible. Según cifras de la propia Dirección General de Ingresos (DGI), entre los años 2009 y 2019 se evadieron en Panamá 34,968.3 millones de dólares. Esto incluye el ITBMS y el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Si solo se hubiera cobrado la mitad de esto, importantes necesidades del país como agua, medicinas, carreteras y la propia seguridad social habrían sido atendidas.
Seguramente los lectores le gritarán a la pantalla de la computadora que parte de la evasión se debe a que los panameños y panameñas sabemos que los políticos y amiguetes van a engrosarse los bolsillos con nuestros impuestos. Los nombres de escándalos como Odebrecht, New Business, Blue Apple, descentralización paralela, auxilios económicos del Ifarhu y tantos otros, confirman la premisa general de esta consideración.
Esa es precisamente una de las grandes tareas que debe enfrentar una reforma del Estado, de la política y de las finanzas públicas. Si permitimos que donantes privados financien las campañas electorales, estos donantes se cobrarán sus aportes con creces después de las elecciones. Si aceptamos socialmente que haya impunidad ante los robos y peculados obvios, las grandes fortunas levantadas de la noche a la mañana por políticos, funcionarios y sus allegados, o las francachelas del poder, entonces no nos quejemos por esos robos. Es la presión ciudadana la que va a hacer que quienes toquen un centavo del fisco paguen por esto.
Cárcel para los corruptos
Aunque se construyera una cárcel de las de Bukele, para meter presos a todos los corruptos que se robaron los recursos del Estado, la evasión de impuestos seguiría muy alta. Todo sistema tributario del mundo moderno tiene lagunas e ineficiencias que permiten la evasión y la elusión tributaria, No obstante, las autoridades no pueden ser cómplices de dicha fuga de recursos que perjudica a las finanzas públicas.
La senda es directa, una reforma fiscal que cambie la manera en que se gastan los fondos públicos y que a su vez haga más difícil la evasión de los tributos. Si se reduce a la mitad el monto de la evasión del ITBMS y del impuesto sobre la renta, el Estado podría estar cobrando de 2 mil 500 a 3 mil millones de dólares más por año. Esto sin necesidad de aumentar impuestos, tercerizar el cobro de los tributos y sin persecución política.
Existen sistemas tributarios como los de España y Singapur, por ejemplo, que tienen la capacidad de identificar los ingresos del contribuyente y han establecido los medios y mecanismos para cobrar esos impuestos. Las herramientas de la economía digital le permiten a Panamá crear una plataforma nacional de comercio electrónico entre empresas, que puede servir para identificar ingresos y recibir los pagos de los impuestos. La relación de empresas con consumidores, y de consumidores entre sí, estaría supervisada por las transacciones bancarias.
El año pasado, 2023, en Panamá hubo más de 110 mil millones de dólares en pagos electrónicos. Esto incluye desde ACH hasta Yappy y todos los demás sistemas. El monitoreo activo de esos pagos, quizás con inteligencia artificial, le permitiría al Estado tener mejores datos sobre las transacciones que hay en este país. Eso lo hace en parte la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por lo que vincular esa unidad y sus datos a lo que tiene la DGI, es un paso importante para evitar la evasión.
El primer paso para hacer una buena reforma fiscal ya lo dio el Ministro Chapman presentando un proyecto de presupuesto ajustado a la realidad. Es claro, que somos todos los panameños y panameñas quienes debemos empujar para que se tomen las decisiones que hagan más honestas nuestras finanzas públicas, exijan la rendición de cuentas de los funcionarios y hagan pagar los impuestos debidos a todos los que se benefician de hacer negocios en este país.
