El cierre definitivo de Digicel Panamá plantea varias interrogantes. ¿Por qué tiraron la toalla después de 16 años en el sector de telecomunicaciones? ¿Fue imposible competir con los grandes jugadores del mercado? ¿Les faltó músculo financiero para crecer de acuerdo a las circunstancias?
Desde hace dos años, la empresa anunció que se iría del país, a través de una liquidación voluntaria. En ese momento, su máxima autoridad en Panamá, Óscar Arellano, advertía que el mercado no garantizaba la sana competencia porque la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) no hizo los ajustes que necesitaba un tercer y más pequeño competidor, tras la aprobación de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro Panamá.
Con la salida que anunciaba Digicel y la compra de Claro, de un mercado de cuatro competidores Panamá se quedaría con dos grandes emporios dominando la plaza: CWP y Tigo. Entonces, el Estado reaccionó y decidió tomar el control de la concesionaria, intentando garantizar que operaran tres concesionarios, tal como lo estipula la norma que establece disposiciones de concentración de mercado.
Dos años después, fracasaron los llamados a licitación para que otra empresa se encargara de la concesión y el cierre de Digicel Panamá es un hecho.
En estos momentos hay solo dos operadores de telefonía celular, y ahora se prevén reformas a la ley que regula el mercado.
Armando Fuentes, administrador de la ASEP, dijo en conferencia de prensa, ayer jueves 21 de marzo, que hay que hacer algunas modificaciones legislativas para incentivar que nuevas empresas lleguen a Panamá a prestar este servicio de telecomunicación.
Al mismo tiempo intentó derribar los argumentos de Digicel, indicando que sí existía competencia en el mercado, pero la falta de inversión y la falta de adaptación a los cambios en el modelo de negocio fueron factores clave en su decisión de retirarse de la empresa.
Digicel advertía en su momento que una parte fundamental del problema era que una de las empresas tendría más del 50% del pastel en términos del manejo de espectro radioeléctrico que es lo que permite operar.
En función de la cantidad de espectro que disponga cada operador, así es la velocidad de navegación máxima que se podrá alcanzar, y la capacidad que tendrá para ofrecer un mejor servicio a más usuarios.
También indicaron ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia que uno de los operadores del mercado estaba ejerciendo práctica de precios predatorios. Estarían vendiendo el servicio muy por debajo del costo para deprimir los precios, estrangular a la competencia y luego volver a subir las tarifas.
Fuentes dijo que el problema real de Digicel fue que su modelo de negocio estaba basado en venta de voz, y cuando el mercado migró para enfocarse más a la venta de data, “lógicamente eso impactó mucho a la empresa”.
#Digicel ¿Considera que el mercado panameño garantiza una sana competencia para un tercer competidor en el mercado de la telefonía celular? Armando Fuentes, administrador general de la ASEP responde. Más en https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/TqGPyEbvbH
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 21, 2024
Precisó que siempre han tratado de garantizar, junto a la Acodeco, que efectivamente exista una real competencia. “Consideramos, que en su momento, las condiciones tanto para Digicel como para las otras empresas móviles eran las mismas circunstancias...”.
En tanto, las empresas que habían estado explorando la posibilidad de operar el servicio de telefonía personal y la compraventa de ciertos activos de Digicel determinaron que era mucho dinero el que tenían que invertir en función del tamaño del mercado panameño.
“La ley 36 del 2018 establece que deben ser mínimo tres operadores en el país. Nosotros consideramos que hay que hacer algunas modificaciones legislativas para permitir esto... De hecho, nosotros en este momento estamos en un proceso de consultoría para actualizar una ley que tiene más de 20 años de vigencia y que realmente no es una ley que está adecuada a las circunstancias del mercado de la telecomunicación”, señaló Fuentes.
Según el funcionario, las modificaciones deberían consolidar en una sola ley las normas para televisión y telefonía. “Habría que hacer una convergencia normativa de una sola ley, porque realmente estos servicios se relacionan. Para tener un tercer competidor o a otro competidor hay que ver posiblemente a un operador virtual...”, que no tenga que hacer enormes inversiones, pero que genere competitividad, comentó.
“Lo que hay que garantizar aquí, también a través de la ley, es que exista una real competencia entre los operadores y no una competencia ficticia”, dijo Fuentes, refiriéndose al proyecto que buscaría evitar prácticas anticompetitivas.
Este proyecto se espera que esté listo para ser presentado en el segundo semestre del año 2024, luego de un proceso de consulta con la ciudadanía, recalcó el funcionario.
