A través de una operación financiera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) difirió el pago de 364 millones de dólares en intereses de la deuda correspondientes al año 2022.
La medida tuvo como resultado un menor gasto en concepto de intereses y contribuyó a cuadrar las cuentas para cerrar el ejercicio con un déficit fiscal dentro del 4% sobre el producto interno bruto (PIB), el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Cada año, el Gobierno debe hacer frente al servicio de la deuda, pagando el capital y los intereses que generan los compromisos financieros adquiridos.
En agosto de 2022, el MEF formalizó una operación con el banco Citibank, “para optimizar el gasto de intereses a través del mecanismo de swap de flujo de caja escalonado”, según figura en la Resolución MEF-RES-2022-2156.
La transacción supone que el banco se hizo cargo del pago de una serie de intereses que debía cubrir el Gobierno en 2022, por un monto total de $364 millones, y este lo repagará en un periodo de más de dos años que corren entre julio de 2024 y diciembre de 2026, es decir, ya con la próxima administración gubernamental en el poder.
El resultado inmediato es que el gasto en intereses de 2022 y el déficit fiscal reportado al cierre del pasado ejercicio han sido menores a los que se habrían registrado si no se hubiera ejecutado la operación.
El MEF informó a mediados de febrero de que el déficit fiscal de 2022 fue de $3,005 millones, cifra equivalente a un 3.93% del PIB proyectado por la entidad para el conjunto del año, $76,507 millones, y muy cerca por tanto del objetivo de 4% establecido en la ley fiscal.
La estimación del PIB se hizo tomando en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística y Censo modificó el año de referencia para el cálculo del PIB de 2007 a 2018.
Este cambio se tradujo en un aumento sustancial en el tamaño de la economía y, por lo tanto, las métricas fiscales que se calculan en relación al tamaño de la economía van a lucir mejor por el mero hecho de que el denominador de la ecuación es un número más alto.
Medidas lastran credibilidad de política fiscal
Ninguno de estos movimientos ha pasado desapercibido para las agencias de calificación de riesgo.
Tanto Fitch Ratings como Moody’s Investors Service han comentado sobre la trascendencia del nuevo cálculo del PIB y de la operación para diferir el pago de intereses en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
“El objetivo de déficit del 4% se habría incumplido sin factores contables excepcionales”, dijo Fitch Ratings, haciendo referencia tanto al cambio de año base para el cálculo del PIB como al diferimiento de intereses.
Sobre esta operación, Fitch Ratings señala que el beneficio será temporal, porque el monto diferido más intereses deberá ser repagado entre 2024 y 2026.
Carlos Morales, director de Soberanos de América Latina en Fitch Ratings, comentó que la operación se va a traducir en un aumento de gastos en intereses en los próximos años, precisamente cuando la regla fiscal va reduciendo paulatinamente los límites de déficit fiscal. “Tienes una regla fiscal más restrictiva y una mayor presión de gasto por el pago de intereses de esos años, pero también por el pago de intereses del 2022 que aplazaste hacia esos años”, comentó.
Renzo Merino, vicepresidente y analista sénior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, señaló que para calibrar la fortaleza fiscal de los soberanos utilizan métricas como el gasto en intereses sobre los ingresos y sobre el PIB.
“Con esta operación de swap probablemente veremos unas mejoras en las métricas de Panamá, pero en nuestro análisis vamos a ser conscientes de que esta mejora refleja en parte esta operación” y que el efecto será contrario cuando llegue el momento de pagar los intereses.
Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló que “esta es una operación que tenía como objetivo diferir el pago de intereses sobre la deuda pública del año 2022 para poder llegar a la meta de déficit.
“Sin esa transacción, hubieran incumplido la norma y el déficit máximo permitido por la ley”, planteó.
Fitch señaló que la transacción no se computó en el saldo de la deuda pública, pese a que se asemeja más a una operación de endeudamiento que a una mejora fiscal propiamente dicha.
En este sentido, Morales dijo que están a la espera de conocer la valoración del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre esta transacción y si debió computarse o no en la deuda pública.
El pasado mes de diciembre, el MEF informó de la visita al país de una misión del FMI para hacer la revisión anual de la economía y las finanzas públicas en base al Artículo IV de la institución internacional. A la fecha, no han trascendido los comentarios y valoraciones del FMI al término de la misión oficial.
La Prensa remitió al MEF un cuestionario para que ofreciera explicaciones sobre el diferimiento del pago de intereses, pero no se ha recibido respuesta.
Aunque el Gobierno haya cumplido con la meta fiscal del 4% en 2022, la realidad es que operaciones de este tipo generan más dudas que certezas entre la comunidad financiera internacional. Haciendo la analogía con una situación más cotidiana, es como si una familia o empresa pide ayuda o se financia para pagar los intereses que generan los préstamos que tiene.
Fitch ha señalado que el uso de medidas excepcionales para cumplir con la regla fiscal sigue pesando en la credibilidad de la política fiscal.
Morales dijo que, en años anteriores, el Gobierno había modificado la regla fiscal en lugar de ajustarse a ella, limitando la credibilidad de la misma. Esto, en contraste con lo que sucede en otros países, donde la regla fiscal es primordial, no se modifica y los gobiernos hacen un esfuerzo fiscal para cumplirla. Para 2022, señaló, se cumple con el límite de la regla, pero con medidas extraordinarias, lo que abona a la debilidad de la política fiscal del país.
