El elevado endeudamiento público, que ha alcanzado niveles insostenibles, ha obligado al Gobierno a reducir en un 15% el plan financiero para 2025. Esto fue lo que en resumen precisó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, cuando expuso ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto general del Estado.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elaboró un presupuesto de $26,084 millones para el año 2025.
De la totalidad de la partida, $20,530 millones serán destinados a gastos de funcionamiento y $5,554 millones para inversiones. Se trata de una reducción interanual de $4,606 millones.
La proyección presupuestaria incluye ingresos corrientes y de capital del sector publico no financiero por $22,742 millones.
En lo que respecta a los subsidios, se han contabilizado $1,781 millones y en el pago de la deuda $3,704 millones.
Chapman había adelantado estas cifras desde el viernes 4 de octubre, cuando el presupuesto fue aprobado por el Consejo de Gabinete.
Ahora, frente a la Asamblea Nacional, argumentó que el ajuste se debe al elevado endeudamiento público, que roza los $52 mil millones.
En ese orden de ideas dijo a los diputados que el financiamiento de la deuda pública se ha encarecido, alcanzando en algún momento de este año tasas de interés del 9%, seis puntos porcentuales más que en años anteriores.
Para dar más contexto de este tema, precisó que debido al aumento de la deuda y el alto costo financiero, el país destina más de $1,000 millones anuales al pago de intereses.
Esta situación, de acuerdo con el economista, desplaza la capacidad del Estado para realizar mayores inversiones, lo que frena la capacidad del país para crear empleos y mejorar la economía.
El Gobierno, en la voz de Chapman, ha prometido medidas para reducir gradualmente el déficit fiscal y estabilizar la deuda; que una gestión más prudente permita acceder a financiamiento a tasas más bajas y mejorar la capacidad de inversión pública.
Sin embargo, el desafío sigue siendo monumental, especialmente por el peso de la deuda, los subsidios y las leyes que obligan al Estado a hacer aumentos de salarios. Esto genera rigidez, dijo Chapman, al tiempo que advertía que al país no le gusta hablar de este tema públicamente.
El ministro enfatizó la urgencia de adoptar decisiones responsables frente a la crítica situación financiera heredada.
Detalló que, hasta junio de 2024, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó un 3.96% del producto interno bruto (PIB), sin anualizar, y que el endeudamiento del país superó en un 10.2% el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Estas cifras alarmantes, entre otros factores, contribuyeron a la rebaja en la calificación crediticia de Panamá en 2024 por parte de Fitch.
Durante su intervención precisó en varias ocasiones “que había que decir las cosas con propiedad”, anticipando las críticas y discusiones que se generarán cuando empiece el debate del presupuesto.
