En un entorno de alza de tasas de interés local e internacionalmente, los indicadores del crédito bancario mostraron resultados robustos en la primera mitad del año, según información de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Entre enero y junio, las entidades con operaciones locales desembolsaron préstamos por $10,926 millones, cifra que representa un incremento de 14.5% cuando se compara con el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el saldo de la cartera local de crédito se ubicó en $59,614 millones, es decir, un 5.3% en relación al año anterior. En ambos indicadores se observa un aumento en los desembolsos al sector público, y también al sector privado.
El superintendente de bancos de Panamá, Amauri Castillo, señaló a La Prensa que sigue habiendo una demanda de crédito calificada y suficiente liquidez y apetito de riesgo por parte de los bancos, y que la combinación de esos factores es lo que reflejan los números, considerando además un entorno de crecimiento de la economía.
El economista Luis Alberto Morán comentó que “el crecimiento del crédito es positivo, refleja la situación económica y la confianza en el sector bancario, principalmente en el aumento de créditos de empresas, que es clave para seguir fortaleciendo el tejido productivo del país”.
Cuando se analiza el saldo de la cartera crediticia por sector, todas las actividades económicas reflejan crecimiento respecto al ejercicio anterior. Destaca particularmente la cartera de construcción, que con un leve crecimiento de 1.2% registra el primer desempeño positivo desde mayo de 2018, según la Superintendencia.
Esto se explica por el repunte de los créditos nuevos al sector, que en la primera mitad del año sumaron $1,091 millones, un crecimiento de 63.9% respecto al primer semestre de 2022.
Morán comentó que para mantener esta tendencia “será fundamental seguir generando obras de inversión privada, así como infraestructura en el país”, además de mencionar que “es clave que este sector tenga confianza en el entorno, por lo que la reducción de trámites burocráticos así como la agilización de pagos atrasados forman parte de las tareas de esta y la próxima administración”.
Del resto de carteras destacan la hipotecaria, que sigue siendo la más grande del sistema con un saldo de $20,236 millones y un crecimiento de 5.4%; la de consumo personal, con un saldo de $13,309 millones y un crecimiento de 2.6%; y la de comercio, que acumula un saldo de $11,829 millones tras haber crecido un 4.1% en el último año.
En lo que se refiere a la calidad de la cartera, al mes de junio se registró una mora de 4.1%. De ese total, un 1.6% corresponde a créditos con atrasos de más de 30 días, mientras que un 2.5% tiene atrasos de más de 90 días. El nivel de morosidad supera los niveles previos a la pandemia, pero es “manejable y entendible” considerando la coyuntura posterior a la crisis sanitaria, sostuvo Castillo.
Tasas de interés, al alza
El regulador analiza en su último informe de actividad bancaria la evolución de las tasas de interés en el mercado local hasta el cierre del primer semestre.
En 2022, la Reserva Federal (Fed) empezó a ejecutar una agresiva estrategia de subida de tasas de interés con el objetivo de contener la subida de precios.
Como habían adelantado la industria y el regulador bancario, el efecto llegaría a Panamá con cierto retraso y de una manera más atenuada.
Entre marzo de 2022 y junio de 2023, la Fed aumentó las tasas de interés de referencia en 500 puntos básicos o 5 puntos porcentuales para ubicarlas en un rango entre 5.00%-5.25%. En la última reunión de julio -posterior al periodo analizado por la Superintendencia- la Fed volvió a subir las tasas hasta un rango de 5.25%-5.5%.
Las tasas de referencia de la Fed no son de aplicación directa en Panamá, pero inciden en el costo de captación de fondos de los bancos, ya sea a través de depósitos, préstamos o emisiones de deuda, y esto presiona el costo los préstamos.
Según el reporte del regulador, las mayores alzas en el mercado local se han producido en los depósitos a plazo, que registraron aumentos en promedio de 166 puntos básicos entre febrero de 2022 y junio de 2023. En este grupo, el mayor aumento se dio en la tasa de depósitos a tres meses, con un incremento de 217 puntos básicos.
Las tasas de los préstamos también aumentaron, pero a menor ritmo. El segmento corporativo fue el que más notó el ajuste, con un aumento promedio para préstamos destinados al comercio al por mayor de 137 puntos básicos o 1.37 puntos porcentuales. Más moderados fueron los aumentos para los préstamos de consumo, como personales (11 puntos básicos), vivienda no preferencial (16 puntos básicos), autos (21 puntos básicos) y tarjetas de crédito (58 puntos básicos).
Castillo resaltó que estas cifras muestran promedios de la industria, lo que quiere decir que puede haber casos particulares de aumentos más pronunciados.
En Panamá, según la Ley Bancaria, los bancos fijan libremente el monto de las tasas de interés de sus operaciones, tanto para créditos como para depósitos.
Desde 1985, cuando se estableció el régimen de intereses preferenciales, la Superintendencia calcula la tasa de referencia del mercado local hipotecario a partir de las tasas de interés aplicadas por los cinco bancos privados con las mayores carteras de crédito hipotecario residencial y por la Caja de Ahorros.
Producto de la tendencia generalizada de subida de tasas, también se ha producido un ajuste en la tasa de referencia, que pasó de 5.75% a 6%. En el régimen de interés preferencial, esa es la tasa que se utiliza para calcular el tramo subsidiado y el tramo que termina pagando el cliente. Castillo señaló que a raíz del ajuste de la tasa de referencia, algunos bancos enviaron notas a sus clientes para trasladar el aumento respectivo de la tasa. El regulador dijo que esto no es algo que esté mal, pero aclaró que no es un mandato de la Superintendencia.
Un factor de preocupación para el regulador y la industria es la acumulación de los cuentas pendientes de recuperar por los bancos en virtud de los intereses subsidiados. El pasado mes de julio, representantes de la industria cifraron entre $500 millones y $600 millones el monto que debe ser reconocido por parte del Gobierno.
Además del perjuicio económico para los bancos, que podrían tener esos recursos invertidos o colocados en préstamos y, por lo tanto, generando rendimientos, en la medida que las entidades vean que no pueden recuperar los montos concedidos en subsidios, se puede desalentar la participación de los bancos en este mercado, lo que causaría un efecto negativo para la construcción y para la economía.
