El peso de la burocracia es abrumador. Y la administración de Laurentino Cortizo no ha hecho otra cosa que seguir engordando la estructura gubernamental.
El presupuesto para la vigencia fiscal de 2024 tiene previsto en el renglón de servicios personales $6 mil 915 millones. Esto contempla el pago de salarios, gastos de representación, decimotercer mes y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social (CSS).
En el presupuesto de 2023 se le había asignado a esta misma línea de los servicios personales una partida de $6 mil 836 millones, lo que indicaría que en este renglón se experimentará un alza de $79 millones, a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegura que hará reducciones en la cantidad de empleados, especialmente los que están jubilados y aún trabajan para el Estado.
Con la cifra de $6 mil 915 millones, la partida de los servicios personales se erige como líder indiscutible dentro del gasto corriente del Sector Público No Financiero (SPNF), que no es más que el presupuesto para las operaciones o funcionamiento del Estado.
De acuerdo con el presupuesto que se discute en la Asamblea Nacional, el SPNF enfrentará gastos corrientes por $16 mil 156 millones, por lo que el gasto en servicios personales representa aproximadamente el 42.7% de ese gran total.
En gran medida, estas cifras reflejan las movidas del Gobierno, que mostró un presupuesto modificado, que redujo las inversiones casi tres veces más que la baja que tuvieron los gastos corrientes.
Cuando el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y el viceministro, Carlos González, presentaron los detalles del reajuste que estaban haciéndole al presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, advertían que la reducción sería de $2 mil 64 millones.
Sonaba a un enorme monto, pero las disminución casi no afecta la partida de funcionamiento, que apenas se contrajo en $526.4 millones, mientras que a los programas de inversiones le quitaron $1,537.7 millones, para terminar con un presupuesto general modificado de $30 mil 690.4 millones.
Este fenómeno genera un desafío significativo para la optimización de recursos.
El economista Felipe Argote advierte que $6 mil 915 millones es una cantidad enorme; demasiado dinero destinado a gastos personales. “En una empresa, los gastos de recursos humanos deben representar un 20% de los gastos corrientes”.
A todas luces, se está aprobando un presupuesto inflado en gastos y sobrestimado en ingresos, advirtió el economista, cuando vaticina que esto dará como resultado proyectos que están planificados en papel, pero que no llegarán a concretarse ante la falta de recursos.
Observa como una pésima estrategia que la mayoría de los ingresos corrientes vayan al pago de funcionarios que no tendrían mayores funciones porque no habrá dinero para hacer las inversiones.
En este sentido se pregunta cuál es la estrategia del Gobierno, si el 75% de los recortes que han hecho al presupuesto presentado originalmente están enfocados en las inversiones y apenas un 25% al presupuesto de gastos.
Cuando el Consejo de Gabinete aprobó el pasado lunes 18 de diciembre las modificaciones al proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2024 no se hicieron esperar las críticas, tanto de especialistas como de los lectores de este diario.
“No sea tan cobarde, Sr. Ministro, recorte - 40% por ejemplo - de los gastos de funcionamiento de la Asamblea Nacional o de la Contraloría, por nombrar las instituciones más escandalosas. Elimine las botellas, los asesores fantasmas, entre otros. La austeridad debe empezar donde está anidada la corrupción. Así van a reducir el presupuesto en mucho más de $3,000 millones, y va a alcanzar para aumentar el presupuesto para el Oncológico. No hacerlo es criminal”. Este fue el comentario de Ernesto, uno de los lectores de La Prensa.
Dentro de los $6 mil 915 millones destinados a gastos personales, el MEF ha calculado que $4 mil 308 millones se desembolsarán en planilla. De este total, unos $1,129 millones serán para honrar los ajustes correspondientes a 2024, producto de las leyes especiales.
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