La Dirección General de Ingresos (DGI) ha decidido que a partir de enero de 2024 las profesiones liberales, como arquitectos, abogados, médicos o contadores deberán usar la facturación electrónica. Para ello, la entidad estará emitiendo un decreto que ya recorre los despachos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para las respectivas validaciones.
La Ley 256 de 2021, formalizó como método el uso de la factura electrónica y estableció la obligatoriedad a través de un decreto con varios calendarios de adopción.
En una primera fase, un grupo de actividades que quedaron ausentes fueron las de “servicios prestados en ejercicios de profesiones liberales, artesanales y artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles”. Esto, pese a que sí figura en la Ley 256 de 2021, entre las actividades que estarían incluidas en el calendario de adopción.
El director general de Ingresos, Publio De Gracia, ya había adelantado que la recomendación de su despacho era la utilización de la facturación electrónica como “único método” de facturación a partir de enero de 2024.
En declaraciones dadas en el marco de un evento organizado por este diario, el pasado mes de octubre, De Gracia dijo que recomendaría al MEF que a partir del 2 de enero de 2024 la facturación electrónica fuera el único método de facturación, pero, “evidentemente con algunas excepciones que va a determinar la reglamentación”.
No es de extrañar, entonces, que adelante el trámite de los respectivos decretos para ejecutar un plan que parece inminente.
Sin embargo, los abogados se oponen a seguir en la lista de las actividades obligadas a usar factura electrónica, presentando nuevas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Igual postura tiene el Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá.
De Gracia, por su lado, indicó que “esperamos que en las próximas semanas deba firmarse y publicarse en la Gaceta Oficial”, el nuevo reglamento para el uso de la factura electrónica.
“Ese reglamento no va a mencionar únicamente a los abogados; hablará de una serie de profesiones con el mismo perfil, o sea, profesiones liberales”.
El funcionario afirmó que es así como lo establece la ley, recordando que antes estaban exceptuados del uso de equipo fiscales, no así de la obligación de facturar, y a partir de la ley que resume la entrada en vigencia de la factura electrónica en Panamá, en el año 2021, se incluye a las actividades profesionales, es decir, las profesiones liberales.
“Tenemos casos como las cooperativas o los bancos que hemos avanzado en diferentes etapas en el calendario” de ejecución para la adopción de la factura electrónica, indicó De Gracia.
“Las cooperativas, por ejemplo, estaban exceptuadas del uso de equipo fiscal, pero con la entrada en vigencia de la ley tienen que utilizar la factura electrónica de acuerdo a un calendario, igual las sedes de empresas multinacionales, la zona libre, entre otras. En alguna de estas actividades hemos encontrado la necesidad de ir avanzando en diferentes etapas y probablemente en el futuro tendremos reglamentos que van a establecer en qué fecha deben cumplir”.
Hasta junio de este año entre los contribuyentes que ya tenían que estar usando la facturación electrónica se encontraban los proveedores del Estado (desde octubre de 2022), las empresas registradas en la Autoridad Marítima de Panamá, los servicios financieros, las operaciones de carga de petróleo y sus derivados, transporte de pasajeros nacional e internacional terrestre, marítimo y aéreo, alquileres de bienes inmuebles, zonas especiales, zonas libres, zonas francas, hostales con menos de 7 cuartos, empresas sedes multinacionales y empresas sedes manufactureras.
La DGI reporta que hasta la primera semana de diciembre, 57,503 contribuyentes estaban usando la facturación electrónica, lo que representa el 26% del total de declarantes activos.
El sistema de facturador electrónico puede realizarse bajo las modalidades del proveedor autorizado calificado (PAC) o el facturador gratuito de la DGI.
Este año, la entidad amplió el uso del facturador gratuito. Antes estaba limitado hasta 200 facturas y ahora se elevó a 500 facturas mensuales. Incluso, se ha acariciado la idea de utilizarlo de manera más amplia en los territorios insulares.
Siempre y cuando los ingresos brutos anuales de una microempresa o una persona natural no sobrepasen los $36,000 anuales, no habrá límite para el número de facturas que puedan emitir en el sistema gratuito que provee la DGI para este propósito.
Además, las empresas que facturen entre $36,000 hasta el millón de dólares podrán emitir hasta 500 facturas en el sistema gratuito de facturación, según lo determinó la regulación contenida en la resolución No. 201-9775 del 20 de octubre de 2023, publicada el jueves 9 de noviembre en la Gaceta Oficial 29907.
Para De Gracia, “tal como ha sucedido en otros países”, la factura electrónica ayuda a eliminar las facturas falsas, a formalizar la economía y a luchar contra la evasión fiscal.
Por otro lado, la DGI sigue evaluando qué ruta tomar para establecer un mecanismo que contribuya a la recaudación tributaria del Estado de las plataformas digitales también.
“Como parte de más de 130 países que forman parte del Foro Global, estamos determinando cómo estas empresas deben tributar, qué renta, qué impuestos están obligados a pagar y por qué valor tienen que pagar en cada país donde están presentes”.
Se refiere al cobro del Impuesto de Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios (Itbms), que en otros países es el IVA, para plataformas como Netflix, Instagram, Facebook, Messenger y otras, porque el Estado panameño no está cobrándoles el 7% que correspondería, mientras ya en otros estados eso está incluido.
A juicio de De Gracia, el próximo año se esperaría también un proyecto de ley siempre y cuando la Asamblea Nacional lo considere. “Nosotros como equipo técnico de la DGI ya hemos presentado un borrador de propuesta, simplemente estamos a la espera de las decisiones correspondientes”.
