Los promotores de viviendas reaccionaron al anuncio del presidente José Raúl Mulino de no renovar el programa del Fondo Solidario de Vivienda, que proporcionaba un abono inicial de $10,000 a los ciudadanos que adquirían una vivienda de hasta $70,000.
El presidente Mulino dijo que no hay recursos para asumir el pago de este bono.
“El bono solidario no se puede seguir pagando, porque hay una incongruencia: con el pretexto del bono, comienzan a construir urbanizaciones que, en principio, van a llevar ese beneficio para apartamentos y casas, sin preguntar al Estado si lo puede pagar o no. Por cada casa que se construye, el Estado tiene que responder, y la morosidad es alta”, sostuvo el mandatario nacional en la conferencia semanal del jueves 29 de agosto desde el Palacio de las Garzas.
Mulino aclaró que honrarán la deuda pendiente, pero no volverán a renovar este fondo que venció a finales de junio de este año.
Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (Convivienda), afirmó que el sector comprende perfectamente que el Estado no está en condiciones económicas para asumir el costo del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) y que ha heredado una deuda que data desde el año 2022, correspondiente a varios proyectos que contaron con la autorización y el aval del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
“Estamos hablando de que, entre promotores de Convivienda y la Cámara Panameña de la Construcción, la deuda asciende a $78 millones desde el 2022, que no se ha pagado”, señaló Suárez.
Suárez explicó que el 48% de los clientes que compran una vivienda dentro del interés preferencial solo pueden optar por una unidad habitacional que cueste hasta $70,000 o menos, porque contaban con el bono solidario que les cubría el abono inicial.
“Se trata de personas que ganan menos de $800 mensuales, quienes son las que pueden optar por ese programa. Tendremos que ver entonces cómo ofrecerles una vivienda, porque la necesidad real de una vivienda seguirá existiendo”, agregó.
Aclaró que el bono de $10,000 era un aporte que iba directamente a la familia que adquiría la unidad habitacional, pues cubría el abono inicial de la vivienda.
Recalcó que, si una vivienda costaba $70,000, la persona se beneficiaba del abono de $10,000 otorgado mediante el Fondo Solidario, mientras que el resto lo financiaba con el interés preferencial, que, para este caso, aplicaba un descuento del 4%.
Si la tasa hipotecaria del mercado estaba en 6%, la persona solo pagaba un interés del 2%, porque el 4% restante lo asumía el banco, que luego se lo cobraba al Estado en crédito fiscal u otro mecanismo.
“Ese dinero no se le da al promotor; se le da a la familia que compra una vivienda. Existe una deuda porque las casas ya se entregaron y se escrituraron, pero lamentablemente hay promotores que no han cobrado desde hace más de tres años”, recalcó.
La directora de Convivienda describió que existe un déficit habitacional que puede alcanzar las 182,000 unidades, a las que se suman cada año entre 15,000 y 18,000 familias que buscan viviendas nuevas.
Suárez también explicó que las promotoras no construyen viviendas de forma arbitraria dentro de este programa del Fondo Solidario de Vivienda, ya que solo podían optar por estos planes previa autorización de los proyectos por parte del Miviot.
“Para hacer un proyecto de interés social, se tenía que ir al Miviot y presentar el proyecto. Luego, era el ministerio quien decidía si el proyecto calificaba o no para ser parte del programa del Fondo Solidario. Eso no era de forma arbitraria, se pasaba por una serie de requisitos para ser calificado, y las obras se efectuaban bajo unas normas especiales”, expresó Suárez.
Aclaró que no se oponen a que este FSV sea modificado, cambiado o reestructurado, pero consideran que se debe transitar hacia otro mecanismo.
“Hemos hecho cálculos, corridas y estimaciones para ver cómo se puede cambiar la figura del bono solidario, y estamos claros en que el gobierno no tiene dinero, pero hay que buscar alternativas para la gente”, insistió.
Añadió que, si hay promotores que en este momento ya tienen proyectos en fase de construcción que se aprobaron bajo esa figura, se deben buscar alternativas para seguir cumpliendo con la norma de construcción que se aprobó y colocar esas unidades habitacionales.
Suárez indicó que, aunque no hay nada escrito en piedra, una alternativa podría ser aprobar un interés preferencial adicional para estos casos, que se quedarán sin el beneficio del abono inicial de $10,000.
“Esos proyectos que no se van a hacer con la característica de bono solidario también empleaban a gente, generaban actividad de infraestructura, y todo eso se verá afectado”, advirtió.
Reveló que otra de las propuestas es la posibilidad de construir casas más económicas. “Creemos que tenemos que retomar la construcción de casas desde $46,000 y $47,000 en adelante”, dijo.
Suárez también afirmó que deben revisarse nuevamente los tramos y rangos de precios de viviendas en los que se aplica el interés preferencial. Recordó que el tramo de interés preferencial para viviendas entre $150,000 y $180,000 ya venció.
“Se debe revisar la Ley de Interés Preferencial, que vence en diciembre de 2025, y estamos totalmente de acuerdo con revisarla integralmente”, agregó.
Suárez aseguró que el gremio de la construcción y los constructores están abiertos al diálogo con el gobierno para transitar hacia una solución viable que beneficie a la población y pueda dinamizar la actividad de construcción de viviendas para la clase media.
