La situación del sector de la construcción y venta de viviendas en el interior del país es crítica, con consecuencias como la pérdida de empleo, la reducción en la recaudación de impuestos municipales y cientos de familias que han quedado en el limbo debido a la nulidad de cartas de crédito que habían sido preaprobadas tanto por bancos públicos como privados.
Así lo indican distintos promotores y desarrolladores de viviendas de las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, entre otras.
“El 95% de la construcción de viviendas está parada a nivel nacional y adicionalmente en casi todas las promotoras hemos reducido las planillas administrativas”, dijo Jacobo Bentolila, portavoz de las asociaciones de promotores de vivienda de Coclé, Azuero y Veraguas.
Explicó que la situación se ha recrudecido pues luego del vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda que daba que otorgaba un bono de 10 mil dólares como inicial para la compra de viviendas de hasta 70 mil dólares, los bancos estatales también dejaron de financiar ese segmento, aumentaron los requisitos y, a su vez, cancelaron muchas cartas de crédito que habían sido preaprobadas.
“La banca estatal, en particular el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, ha endurecido sus criterios para la aprobación de créditos hipotecarios, dificultando que los compradores obtengan financiamiento. Más grave aún, clientes que ya tenían sus hipotecas aprobadas y contaban con cartas promesa irrevocables de pago han sido notificados de que sus casos han sido desestimados”, afirmó.
Indicó que esta situación representa una grave amenaza a la seguridad jurídica y atenta contra la inversión privada, ya que los promotores de vivienda planificaron sus proyectos con base en aprobaciones previas otorgadas por el Ministerio de Vivienda.
“Según el artículo 21 de la Ley del Fondo Solidario de Vivienda, el Estado debe reconocer el pago del bono solidario de 10 mil dólares para proyectos en curso y que hayan sido previamente aprobados. Sin embargo, la negativa de la banca estatal a honrar compromisos ya adquiridos pone en riesgo cientos de proyectos habitacionales y deja a miles de familias sin la posibilidad de acceder a una vivienda propia”, advirtió Bentolila.
Además, señaló que en los últimos meses los bancos estatales han comenzado a exigir a las promotoras un pago del 3% como requisito para tramitar las hipotecas de los clientes. “Lo más preocupante de este cobro es la falta de transparencia, ya que no se deja constancia por escrito y los promotores son informados de este requerimiento únicamente a través de llamadas telefónicas o reuniones presenciales en las sucursales bancarias”, advirtió.
A este caso se suma que la falta de pago por parte del Estado del subsidio del interés preferencial, deuda que asciende a 300 millones de dólares, ha hecho que muchos bancos privados también se abstengan de financiar viviendas con valores de entre 50 mil y 120 mil dólares.
El economista Even Chi Pardo, en representación de promotores de Azuero, manifestó que todo esto ha provocado la suspensión y el cierre de muchos proyectos inmobiliarios. “Los cambios en las políticas de crédito afectan tanto el acceso a las viviendas como el empleo en la construcción y en actividades conexas con ese sector. Es indispensable que se apruebe una nueva Ley de Intereses Preferenciales que tome en cuenta la realidad del interior del país”, expresó Chi Pardo.
José Roberts, presidente de la Asociación de Promotores de Viviendas de Coclé, señaló que las personas que optaban por viviendas han sido rechazadas por los bancos, lo que ha generado la suspensión de proyectos y el despido de personal en esos desarrollos.
“Es urgente que el Gobierno tome la decisión de promulgar una nueva Ley de Intereses Preferenciales para que se reactiven de nuevo los préstamos subsidiados y se dé claridad”, insistió Roberts.
Rosa María Espino, directora de la Asociación de Promotores de Viviendas de Azuero, agregó que ese nuevo instrumento legal debe considerar la situación del mercado de viviendas en el interior del país, beneficiar a las personas más vulnerables y, además, ser un mecanismo legal tanto para bancos públicos como privados que brinde seguridad jurídica.
“Los bancos estatales han adoptado nuevas políticas que prácticamente han cercenado el derecho de las personas a adquirir una vivienda”, denunció Espino.
Para este martes está previsto que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial presenten la propuesta de reforma de la Ley de Intereses Preferenciales. Una de las propuestas apunta a reducir el tope máximo del subsidio a viviendas de hasta 100 mil dólares, aunque la ley vigente mantiene esta subvención hasta viviendas de 120 mil dólares.
Igualmente, los representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y de los promotores de viviendas de todo el país se reunirán mañana para analizar la situación del sector.
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