La reciente propuesta de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de modificar el esquema regulatorio de la autogeneración o generación distribuida, en la cual participan algunos clientes de Ensa y Naturgy, ha generado preocupación entre los defensores de las energías renovables en Panamá.
El ingeniero en energías renovables Nanik Singh, subrayó que cualquier cambio regulatorio debe ser analizado cuidadosamente para evitar impactos negativos para los consumidores.
Singh, también de la empresa Potencia Verde, recordó el ejemplo de California, Estados Unidos, donde la implementación de la regulación NEM 3.0, diseñada para modificar los incentivos para la generación distribuida, tuvo efectos adversos. “La nueva normativa provocó una caída significativa en las instalaciones solares, lo que afectó las inversiones y el empleo en el sector”, recordó el ingeniero.
El esquema actual de Net Metering (NTO) en Panamá permite a los usuarios de sistemas solares intercambiar energía de manera eficiente con la red eléctrica que operan las distribuidoras , lo que representa un beneficio no solo para los propietarios de paneles solares, sino también para el sistema eléctrico en general.
Los clientes residenciales o comerciales que han logrado instalar paneles solares, luego de tener la aprobación de las empresas distribuidoras y tener la aprobación del Cuerpo de Bombero, cuentan con un medidor bidireccional que mide la energía generada a través de los paneles solares, que es inyectada a la red; mientras que también mide la energía que consume el cliente de la red. Para la facturación mensual, la distribuidora hace un neteo de la cantidad de kilovatios hora generados versus los kilovatios hora consumidos.
Si el usuario necesita consumir más energía de la que generó y entregó, la diferencia se factura según la tarifa asignada por la distribuidora eléctrica. Por ejemplo, si envió 20 kilovatio por hora y consumió sólo 25 , los 5 kilovatio por hora adicionales se cobrarán al valor tarifario correspondiente.
Singh explicó que la energía que se envía a la red no se almacena, sino que es utilizada de inmediato por otros usuarios, sean estos solares o no solares.
En el caso de California, se implementó un modelo donde la energía enviada a la red se pagaba a un precio muy bajo, hasta un 70% u 80% por debajo de la tarifa normal. Si esto se aplicara en Panamá, significaría que la energía que los usuarios solares entregan a la red se pagaría a un valor de 6 centavos u 8 centavos por kilovatio hora.
El problema surge porque, cuando ese mismo usuario necesita recuperar la energía que envió a la red, tendría que pagar la tarifa completa, que en Panamá puede llegar hasta 30 centavos por kilovatio hora, dependiendo del tipo de tarifa que tenga asignada el cliente.
De acuerdo con Singh, esto desmejoraría significativamente las condiciones actuales para los usuarios solares, porque solo se toma en cuenta el valor económico de la energía enviada a la red. No se están considerando los beneficios adicionales que esta energía aporta al sistema eléctrico, como la reducción de costos en transmisión y generación o el apoyo a la estabilidad de la red.
“La energía solar y eólica son las claves para contar con una red eléctrica más resiliente y sostenible”, afirmó Singh, destacando que los sistemas solares en techos pueden desplegarse rápidamente, en contraste con los proyectos de generación y transmisión que pueden tardar años.
Actualmente, Panamá depende principalmente de la generación hidráulica y térmica, lo que expone al país a altos costos y emisiones contaminantes, especialmente durante fenómenos climáticos como El Niño.
La Cámara Panameña de Energía Solar, afirmó que el modelo propuesto, “reduce los incentivos económicos para el autoconsumo, alargando los períodos de recuperación de inversión y desincentivando nuevas instalaciones”. El gremio advirtió en una carta enviada a la ASEP que “esta propuesta, que incluye la transición hacia esquemas de facturación neta y la introducción de cargos que podrían ser considerados como un “impuesto al Sol”, plantea serias implicaciones económicas, sociales y regulatorias que afectan el desarrollo sostenible del sector energético en Panamá”.
El pronunciamiento surge tras la presentación de una consultoría realizada por la ASEP para la determinación del porcentaje aceptable para la utilización de energía limpia en el país, particularmente la solar.
