El proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, llamado a ser tres veces más grande que el de Panamá, y anunciado como “el mayor proyecto de ingeniería civil en la historia” de la humanidad, cumple 10 años este domingo, sin indicios de que el sueño bicentenario del país se haga realidad.
Fue un 3 de julio de 2012 cuando la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) nicaragüense aprobó la polémica Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Acuático Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Institución Rector, Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, promovida por el presidente Daniel Ortega.
Un año después la Asamblea nicaragüense aprobó la concesión de construcción y administración a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) Group, el inversionista chino Wang Jing, presentado como uno de los hombres más ricos de China y entre los 200 más acaudalados del mundo, quien invertiría 50 mil millones de dólares, ofrecería 50 mil empleos, y duplicaría el producto interno bruto (PIB) del país en los cinco años de construcción.
El canal, que uniría el mar Caribe con el océano Pacífico, atravesaría el sur del país de este a oeste, con una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, 230 a 520 metros de ancho, 30 metros de profundidad.
Se trataba de un proyecto dividido en “subproyectos”: el canal, dos aeropuertos, dos puertos de aguas profundas, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
HKND recibió la concesión de administración por 50 años, más otros 50 prorrogables, si así lo deseaba, a cambio de un pago de diez millones de dólares cada año durante la primera década, y el derecho al 1% del patrimonio de los “subproyectos” que se elevaría hasta el 99 % al finalizar la concesión.
FUENTE DE POLÉMICA
Diez años después el tema del canal ha pasado a un plano residual. Apenas es mencionado por Ortega y su Gabinete.
En 2019 se activó una cláusula del Acuerdo Marco del canal que indicaba que si sus subproyectos no estaban concluidos en seis años a partir de su oficialización, en 2013, el Gobierno podía invocar su cancelación.
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nunca fueron presentados en su totalidad, Wang Jing perdió gran parte de su fortuna, y los campesinos de las zonas afectadas, que se alzaron en protestas, vieron que sus líderes fueron arrestados, huyeron al exilio, o murieron.
“Es un proyecto fallido desde que inició, por la falta de transparencia y corrupción que implementó el régimen de Nicaragua, la resistencia campesina frenó su avance, la comunidad internacional entendió que podía usarse para la entrada de recursos ilícitos”, dijo a EFE el ambientalista Amaru Ruiz, cuya ONG, Fundación del Río, fue cancelada por el Gobierno nicaragüense.
Pero Ruiz sostuvo que “fallido” no significa “muerto”, como demuestra la existencia de la Autoridad Nacional del Gran Canal, recibiendo cerca de 200 mil dólares del Presupuesto general de la República cada año, pese a no tener funciones.
De acuerdo con el ambientalista, que el Gobierno no haya invocado la cláusula de cancelación del proyecto, sumado a la prohibición de protestas, cancelación de decenas de ONG ambientalistas, gremiales y defensoras de derechos humanos, y al restablecimiento de relaciones con China, “puede abrir posibilidades de que sigan vendiendo cualquiera de los subproyectos”.
En diciembre pasado, tras el anuncio de las relaciones con China, Ortega afirmó que en Nicaragua hay “proyectos que están vivos, con una gran empresa de la República Popular China, el proyecto del gran canal, todos ustedes lo recuerdan”.
Sin embargo, para el abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Carlos Guadamuz, el proyecto “nunca fue construir un canal, fue algo pensado para expropiar a los indígenas, no iba a resolver ni siquiera el aspecto económico porque los derechos humanos son inalienables e inherentes a la persona”.
Según Guadamuz, “para Ortega propiedad es motivo de clientelismo político, por eso acostumbra prometer tierras”, y recordó que, como resultado, la mayoría de los líderes campesinos, único sector social de Nicaragua que logró organizar más de 90 protestas contra Ortega entre 2013 y 2018, “están muertos, en el exilio o en la cárcel”.
“En diez años el canal ha significado la supresión de los derechos a la propiedad, a las libertades públicas, el derecho a opinión, los líderes campesinos están bajo presión, amenazas, asedio, del Ejército, la Policía y los CPC (sandinistas), además era un proyecto que atentaba contra la soberanía nacional porque limitaba a las autoridades” sostuvo.
Hace diez años las autoridades prometieron que los barcos más grandes del mundo atravesarían el sur de Nicaragua. Desde entonces, lo único que travesó la zona fue la tormenta tropical Bonnie, ayer sábado.
El sacerdote Edwin Román tiró de ironía en su cuenta en Twitter para resumir la suerte del proyecto: “Ojalá Bonnie no destruya el Gran Canal, porque esa es la ruta”.
