¿Puede el próximo Gobierno revivir el contrato con Minera Panamá? Rivera Staff dice que dependerá ‘del próximo gobierno’ completar el plan de cierre



El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, compareció este miércoles ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional (AN), para explicar el plan de cierre de la mina en Donoso, provincia de Colón.

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El Gabinete avaló plan de acción para el cierre ordenado de la mina Cobre Panamá

Su intervención fue breve. Al menos así se observó en una transmisión a través del canal de la AN en YouTube. Fueron 14 minutos, lo que sugiere que los diputados quedaron satisfechos con las respuestas al cuestionario de 22 preguntas que le habían enviado previamente.

Hubo muy pocas dudas y repreguntas.

El diputado del Partido Panameñista, Elías Vigil Pérez, cuestionó al ministro sobre la posibilidad de que el Gobierno entrante pueda reactivar el contrato minero.

“A una pregunta directa, una respuesta directa: no puedo responder esa pregunta, ya que es una decisión del próximo Gobierno. Nosotros estamos comprometidos, para el 30 de junio de este año, a cumplir con el fallo de la Corte Suprema para llevar a cabo los pasos y las etapas necesarias para que el cierre de la mina se realice de manera ordenada”, aseguró Rivera.

Anteriormente, el ministro había declarado que Panamá sería el primer país del mundo en el que se tendría que realizar un cierre “inmediato” de operaciones de una mina de la envergadura de la concesión de Minera Panamá.

¿Puede el próximo Gobierno revivir el contrato con Minera Panamá? Rivera Staff dice que dependerá ‘del próximo gobierno’ completar el plan de cierre
El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, compareció ante la Comisión de Comercio, que preside el diputado Roberto Ábrego, este 6 de marzo de 2024. Foto tomada de @asambleapa

Vigil agregó que existe temor en las calles respecto al retorno de la mina.

“El Gobierno que entra los tendría que tener -disculpe la palabra- bien puestos, porque ya se vio en las calles que no se quiere [a la mina] y no solamente son los sindicatos, sino educadores, estudiantes... Lo dejo hasta allí”, insistió el diputado panameñista.

El 27 de febrero pasado, el Consejo de Gabinete aprobó una resolución en la que se instruye a varias entidades a adoptar las medidas administrativas para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, la cual adopta el contrato ley celebrado entre el Estado panameño y Minera Panamá.

La Resolución de Gabinete 19-24 establece las bases para elaborar e implementar el cierre final ordenado de la actividad.

Considerando la fecha del fallo y lo que se ha avanzado para tener un plan de cierre, Vigil dijo que “están dejando pasar [tiempo] y no ocurre nada, es como si le quisieran dar una segunda oportunidad a la mina”.

Ante ese comentario, el ministro guardó silencio.

Anteriormente, en diciembre de 2023, Rivera había indicado que “es importante mencionar que los planes de cierre de minas con estas características toman aproximadamente 2 años en elaborarse y hasta 10 años o más para su implementación”.

Por otro lado, precisó que las guías o giras turísticas que había planificado la minera al tajo a cielo abierto no son viables.

“Fue una propuesta unilateral, sin consulta ni autorización previa. Una vez que nos enteramos, hicimos un llamado de atención e informamos que el programa no era viable tal como lo habían planteado. No son giras como tales, sino veedurías ciudadanas”, recalcó.

Además, indicó que técnicamente no habría forma de que las 120 mil toneladas de cobre que están actualmente almacenadas en la mina, ubicada en las montañas de Donoso y Omar Torrijos, hayan sido extraídas después del fallo de la Corte, ya que ni la planta de generación de energía ni el puerto de Punta Rincón estaban operativos para ese periodo.

El pasado mes de enero, el procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que las 120 mil toneladas deberían ser vendidas para financiar parte del programa de Preservación y Gestión Segura que se implementará durante el cierre definitivo de la concesión de 13 mil hectáreas.


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