La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que restablece los límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, deja el camino libre para la construcción del reservorio en el sector de río Indio.
Sin embargo, este proyecto no estaría listo en menos de cinco años, lo que implica que tanto la vía acuática como el país deben trabajar en varios frentes para garantizar agua dulce tanto para el paso de los barcos como para el consumo humano.
La Prensa habló con el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, sobre los pasos a seguir tras el fallo de inconstitucionalidad contra la Ley No. 20 de 21 de junio de 2006, que había recortado la extensión de la Cuenca Hidrográfica del Canal.
La cuenca del Canal ahora abarca 552,761 hectáreas, tras a la recuperación de más de 120,000 hectáreas con el restablecimiento de sus límites, lo que permite la construcción de un nuevo embalse en río Indio.
Vásquez desmitificó algunas ideas sobre lo que ocurrirá con las tierras de río Indio y sus habitantes, además de abordar las alternativas que el Canal observa para administrar el recurso más importante del país, tras enfrentar una fuerte sequía y los efectos del cambio climático. El proyecto, según se informó, costará $1,600 millones.
La construcción de un nuevo embalse en la cuenca del río Indio llevaría aproximadamente cuatro años. Antes de iniciar cualquier movimiento de tierra, el Canal debe asegurar la estabilidad económica y social de las 2,000 personas que se estima serán afectadas por la construcción del nuevo reservorio de agua.
El proceso completo, que incluye posibles compensaciones por reubicación, tomaría entre 18 y 24 meses adicionales. Por ello, se necesitarían un total de seis años, en el mejor de los casos, para contar con una nueva reserva de agua.
Para comenzar, Vásquez y parte de su equipo ejecutivo aclararon que a partir del año 2025 se espera tener todas las oficinas vinculadas con el trabajo social que debe realizarse en la cuenca. “Ya se han establecido varios sitios donde las personas pueden acudir para hablar con el equipo del Canal y donde se pueden establecer bases de operaciones para dialogar con los grupos afectados”, con la idea de que cada una de las 500 familias afectadas por el proyecto reciba una solución personalizada.
El administrador del Canal alertó varios mitos que han circulado: “Hay quienes dicen que ya tenemos planos para hacer una urbanización, pero eso no es cierto”. La ACP tampoco comprará las tierras ni determinará dónde deben vivir los habitantes que resulten afectados.
La solución para cada familia será diferente, empezando por determinar dónde desean vivir. No se trata simplemente de reubicación; será necesario considerar sus cultivos, el tipo de vivienda que necesitan y cómo desean que sea su nueva casa. Si deciden optar por una compensación económica, esta será una decisión individual y se evaluará caso por caso. “Es un trabajo complicado, largo y lento”, admitió Vásquez.
Desde el Canal intentan mitigar cualquier preocupación social, entendiendo el impacto que tuvo el conflictivo contrato entre el Estado y Minera Panamá, que provocó un estallido social en contra de la actividad extractiva en 2023.
“Río Indio es una solución a largo plazo y, como tal, requiere su tiempo para evitar un fenómeno como el ocurrido en Donoso. Eso demanda mucho, mucho trabajo”, dijo Vásquez.
Según los informes de la ACP, la cuenca del río Indio abarca una extensión total de 580 kilómetros cuadrados y alberga más de 200 comunidades con una población de más de 12,435 personas distribuidas en tres segmentos.
Este afluente tiene su origen en la provincia de Coclé, específicamente entre las comunidades de Alto de la Mesa y Río Indio Nacimiento.
A lo largo de su recorrido, atraviesa las provincias de Panamá Oeste y Colón, desembocando en el mar Caribe, en la comunidad que lleva su nombre.
Además, la ACP deberá dotar de infraestructura pública a la región: electricidad en la medida de lo posible, carreteras de acceso y asegurarse de que el caudal del río sea suficiente para la navegación de los pobladores, además de prevenir la contaminación del lago en su fuente.
Vásquez precisó que se requiere cierto grado de participación del gobierno central, entendiendo que la ACP coordina los esfuerzos, pero hay otras entidades que también deben trabajar en todo el proceso de intromisión que habría en río Indio.
“Esperamos que, teniendo ya la cuenca, el resto de las entidades estatales colaboren con nosotros”.
En 2023, el embalse de Gatún dejó de reservar el equivalente a 360 mil piscinas olímpicas.
Durante ese período, los aportes de lluvia acumulados en la cuenca ocuparon la séptima posición entre los más secos en 126 años.
Por ello, desde la ACP insisten en que para asegurar el suministro de agua necesario para la operación del Canal y el consumo humano, no se puede depender únicamente de la lluvia. La solución a largo plazo radica en definir la cuenca hidrográfica del Canal y construir embalses.
El primer paso está asegurado con el fallo de la Corte y ahora comienza la segunda fase, entendiendo que después de estudiar más de 12 alternativas, río Indio sería la opción más eficiente, rápida y menos compleja desde el punto de vista de la ingeniería. Pero, como cualquier otra solución, también presenta complejidades socioeconómicas y políticas, precisó el administrador.
Además del río Indio, Vásquez reveló que están estudiando la posibilidad de crear un pequeño embalse en Caño Quebrado, que podría complementar los esfuerzos para asegurar el suministro de agua.
También mencionó las especificaciones del dragado del cauce: “Debemos volver a trabajar en ellas, considerando los costos que ello implica”. La subcuenca del río Caño Quebrado está ubicada al noroeste del distrito de La Chorrera. El río, que lleva el mismo nombre, desemboca en el lago Gatún.
Según Vásquez, también deberán establecer una política a nivel de la Junta Directiva para definir el máximo de agua que se puede extraer para actividades distintas a las operaciones del Canal.
Actualmente, se extrae el equivalente a 8 tránsitos del Canal de Panamá, lo que aumentará a un promedio de 11 tránsitos con la adición de nuevas plantas potabilizadoras.
Del sistema de lagos del Canal se extrae agua para potabilizar y abastecer a más del 50% de la población del país, que reside en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón. Además, este sistema proporciona el recurso hídrico necesario para las operaciones de la vía interoceánica.
Del embalse de Gatún, actualmente ocho plantas potabilizadoras extraen agua, y dos más están en construcción; mientras que del embalse de Alhajuela, la mayor planta potabilizadora del país, Federico Guardia Conte, extrae agua.
El crecimiento urbano y la ineficiente distribución del agua , a través del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales generan una fuerte presión sobre la cuenca canalera.
Panamá registra el índice de consumo de agua más alto de la región, con 378 litros por habitante por día, cuando el promedio debería estar en 232 litros diarios.
Vásquez reveló que en agosto propondrá a la Junta Directiva de la ACP la medida de establecer un límite para la extracción de agua destinada a la potabilización en los lagos administrados por el Canal.
En este sentido, desde el Canal se considera a Bayano como una futura fuente de agua para abastecer a la población.
