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‘Quedan dudas sobre la evaluación realizada y la capacidad del país de recibir una justa contribución’: Cciap sobre la renovación del contrato de PPC

‘Quedan dudas sobre la evaluación realizada y la capacidad del país de recibir una justa contribución’: Cciap sobre la renovación del contrato de PPC
Balboa es uno de los puertos más grande de la región, ubicado en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá. Archivo


Los servidores públicos que participaron en la evaluación de la renovación de uno de los contratos “más importantes para el país” estaban llamados a ponderar las inversiones realizadas por el Estado panameño que “han revalorizado la posición geográfica de Panamá”.

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Así lo planteó, este domingo 27 de junio de 2021, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), sobre la decisión anunciada esta semana por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en torno a la empresa Panamá Ports Company (PPC), que operará los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años o hasta 2047.

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A juicio de la Cciap, que toma en cuenta lo presentado en la resolución de la junta directiva de la AMP, “quedan dudas” con relación a la evaluación realizada y la capacidad del país de recibir una “justa contribución sobre la creación de valor a futuro”. Por lo tanto, la agrupación consideró que es “imperante conocer el contenido del informe realizado por los consultores internacionales”.

En el texto de la Cámara Opina, la organización empresarial reconoció la importancia de la estabilidad jurídica y del hecho de que la renovación de dicho contrato no se daba en abstracto, sino que se trata de un contrato pactado a 50 años, con una revisión a la mitad del término. “Pero también es cierto que en ese objetivo de preservar los mejores intereses nacionales siempre ha habido espacio para renegociaciones propias de la experiencia acumulada desde la firma del contrato original [en 1997 recibió la concesión] y de los cambios de la industria en el tiempo”, planteó la Cciap, en el documento.

La resolución de la directiva de la AMP instruye al representante del Estado panameño ante la junta directiva de la empresa a suscribir un acuerdo de accionistas que garantice un dividendo mínimo anual, al igual que debe velar e incluir los mejores intereses del Estado, el sector marítimo, logístico y de todos los panameños. En ese sentido, la Cciap estimó que es necesario que dicho acuerdo se dé previo a la firma de la extensión, con el fin de garantizar que el Estado esté adecuadamente protegido.

La organización recordó que el Estado panameño −en adición a la inversión de la ampliación del Canal de Panamá y mejoras importantes a la ruta interoceánica− ha realizado inversiones que han desarrollado un clúster multimodal logístico compuesto por componentes marítimos, aéreos, terrestres y ferroviarios, donde cada uno aporta valor trascendental, lo que han resultado de gran beneficio para el sector portuario.

La decisión de informar al país sobre la renovación de forma automática el contrato de Panama Ports Company (PPC) “con un tímido comunicado de prensa” ha dejado más preguntas que respuestas en torno a si nuestros representantes lograron el mejor acuerdo posible, señaló la Cciap.


Panamá ha demostrado con creces su capacidad y competitividad como hub logístico. Por ello, su futuro no puede tener otra dirección que la de continuar fortaleciendo esta industria que genera prosperidad a nuestro país, enfatizó la Cciap.

En consecuencia, quienes participan de este sector “deben jugar su rol de socios estratégicos, no solo velando por el bienestar económico de sus empresas, sino por el adecuado desarrollo de este centro de operaciones como un vector de crecimiento nacional”, insistió.

La directiva de la AMP −que preside el ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, o en su ausencia el viceministro o el administrador de la AMP− estaba en sesión permanente desde el 27 de mayo y, el 23 de junio de 2021, reconoció “de manera unánime” el cumplimiento del contrato para certificar la vigencia del segundo período del contrato de concesión.

“El Estado panameño recibirá $150 millones de PPC y proyecta recibir más de $800 millones durante los próximos 25 años”, indicó el comunicado de la AMP.



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