La pérdida de 19 mil ampollas de fentanilo ha estimulado solicitudes concretas de algunos miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) para que se esclarezcan los hechos, pero también ha puesto en evidencias las lealtades a lo interno de este colegiado con la administración de la entidad.
Hace dos días, el martes 28 de marzo, la directiva sostuvo su habitual encuentro con funcionarios administrativos en la sede de la CSS, en el sector de Clayton.
No había ningún indicio de que fuera una reunión semanal atípica, hasta que Camilo Valdés, uno de los representantes del sector empleador ante la junta directiva, propuso que se llevara a cabo una investigación administrativa a través de un ente independiente por la pérdida del medicamento, y que se documentaran los procesos de dispensación de los fármacos controlados.
La idea, según conoció este medio, era que se garantizara la imparcialidad en el proceso de investigación, intentando darle tranquilidad a la población asegurada y al país de que la pérdida de medicamentos no se volvería a registrar.
Valdés habría explicado a sus colegas que para lograr un proceso transparente, su solicitud incluía la separación temporal de Enrique Lau, del cargo de director general de la CSS, mientras se realizan las investigaciones administrativas.
La propuesta también incluía la separación temporal del cargo de todos los funcionarios vinculados con el manejo del fentanilo, para evitar la contaminación de pruebas o la omisión de información relevante.
Como todas las propuestas que se presentan ante la junta directiva, esta debía ser secundada para luego entrar en un proceso formal de votación, en el que cualquier miembro del colegiado puede hacer uso de la palabra para explicar su voto.
En este caso, la propuesta de Valdés no escaló a este segundo peldaño.
Únicamente lo respaldo al 100% Aida de Maduro, la también representante del sector empleador en la junta directiva. Sin embargo, Maduro no secundó la propuesta porque hay una interpretación del reglamento de la ley de la CSS a través del cual se ha entendido que el presidente de la directiva no puede proponer ni secundar ninguna posición.
Esta interpretación es de la Oficina de Análisis y Responsabilidad Institucional, aunque el reglamento no plantea dicho mecanismo.
Todos los demás miembros de la directiva que estaban en la reunión habrían guardado estricto silencio.
Fernando Méndez, ejecutivo del sector de la construcción, y tercer representante del sector empleador, no los acompañó.
Méndez ha marcado distancia de Maduro y Valdés desde hace algún tiempo.
Al menos eso se habría notado en posiciones clave, como cuando votó a favor de que la CSS invierta $101.2 millones en plantas productoras de oxígeno, mientras que Valdés se opuso y Maduro se abstuvo.
Guardaron silencio Miguel Ángel Edwards, Guillermo Puga y Gregorio Guerrel, representantes de los trabajadores; Roberto Valencia, representante de los servidores públicos; Manuel Pérez, representante de los jubilados; e Irma Delgado, por los técnicos de la salud.
Fue la misma posición de los suplentes Héctor Hurtado, Erick Bonilla y Gricelda Valencia, quienes representan a los trabajadores; Esmeralda Buchanan, por parte de los técnicos de la salud; José Alba, de los servidores públicos; e Yvonne de De León, de los empleadores.
Dagoberto Cortez, Roberto Lugo y Justo Medina, representantes de la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, respectivamente, tampoco dijeron nada.
Ante temas de este tipo quienes tendrían una opinión como Gobierno serían el contralor Gerardo Solís; el ministro de Economía, Héctor Alexander; y el titular de Salud, Francisco Sucre, miembros principales en la directiva, pero quienes no participan de las reuniones.
Lau, que asiste a la directiva cuando en el orden del día hay un tema de su particular interés, tampoco estuvo en el encuentro.
El martes en la noche, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) también reaccionó a lo que ha llamado una situación que se hace “más crítica” en la CSS, en la medida en que el tiempo pasa, mientras que el problema de liquidez del subsistema de invalidez, vejez y muerte es un reto que “inexplicablemente” no se quiere enfrentar.
“Parece que la política se sobrepone al buen juicio y a la determinación que debe imperar para resolver racionalmente esta situación”, insistieron.
Otro hecho que les produce perplejidad es el retraso en nombrar al tercer actuario de la CSS, lo cual es esencial si se quiere lograr que la Junta Técnica Actuarial funcione y alerte cuando los programas de pensiones enfrentan problemas.
El Conep calificó como una “situación volátil” la pérdida de miles de ampollas de fentanilo, que es una droga de uso controlado.
Frente a estos sucesos, el gremio indicó que es necesario convocar la mesa de diálogo por la CSS sin más dilaciones, nombrar una comisión independiente que investigue los hechos que rodean la pérdida de miles de ampollas de fentanilo y cambiar el sistema de gobernanza de la CSS para que toda su gestión sea auditada periódicamente, a fin de corregir el tema del abastecimiento de insumos y medicamentos.
