Un paso importante para resolver la disputa entre Tocumen S.A. y la empresa brasileña Odebrecht sobre la anulación del contrato para construir la nueva terminal de pasajeros se dio hace unos días con la inspección ocular en el edificio de 116 mil metros cuadrados. En esta inspección participaron los peritos designados por las partes involucradas, así como el magistrado Luis Mariscal, quien lleva el proceso en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP).
La inspección forma parte de las pruebas que se propone recabar el Tribunal para decidir si Tocumen tenía la potestad de resolver administrativamente el contrato, tal como ocurrió el 28 de septiembre de 2021, o si la compañía brasileña no fue responsable de los atrasos que impidieron que se cumpliera con los términos acordados en la octava adenda, donde el aeropuerto y el contratista, acordaron que para el 30 de septiembre de 2021, se habrían solucionado todos los trabajos pendientes de un total de 10 mil 547 que se detectaron en 2020.
Durante el recorrido se observó el desgaste que presentan secciones del piso y que no han sido reemplazadas por el contratista. Representantes de la constructora informaron a los peritos y al magistrado Mariscal que las secciones que no se han cambiado forman parte de las garantías que debe cumplir el contratista, sin embargo, voceros del aeropuerto, explicaron que en relación con el piso, son dos reclamos diferentes.
Hay zonas que fueron aceptadas por el aeropuerto, pero que ya presentan desgastes por el paso de las personas, por lo cual, el aeropuerto ha solicitado el cambio como parte de las garantías. No obstante, hay áreas que desde su instalación nunca fueron recibidas por el aeropuerto por no cumplir con los estándares de calidad exigidos en el pliego, pero que a la fecha no han sido reemplazadas por el contratista brasileño.
Otro de los pendientes está relacionado con goteras por filtraciones en alguno de los 107 tragaluces que se instalaron en los 88 mil metros de cubierta que tiene el edificio. Enrique Villegas, vicepresidente de Proyectos Tocumen S.A., explicó a los peritos que la Contraloría General de la República no dio su visto bueno para que el aeropuerto incluyera el techo dentro de la lista de “trabajos entregados” por Odebrecht. Además de las goteras, la instalación de los soportes antisísmicos no se ha concluido, faltando 40 de un total de mil 600 incluidos en los planos.
Representantes de Odebrecht comentaron que “los antisísmicos son elementos pasivos del sistema, no tiene funcionalidad, solo si hay un sismo”. Un informe entregado al TACP, Tocumen señala que al 30 de marzo de 2023, Odebrecht tiene pendiente de atender 285 trabajos, de los cuales; 175 tienen, que ver con el sistema de climatización; 15, con el sistema contra incendios; 13, con los sistemas especiales; 22, con elevadores, y 9 con acabados, entre otros.
El aeropuerto asegura que de los trabajos pendientes, 216 son producto de una mala ejecución por parte del contratista. En sus anotaciones sobre el recorrido, el magistrado del TACP indica que dentro de la nueva terminal de pasajeros hay zonas frías y calientes, porque la cantidad de agua que ingresa al sistema de climatización no es suficiente. En este tema, representantes de Odebrecht indicaron que el mantenimiento del sistema de climatización es responsabilidad del aeropuerto, no obstante, en este punto, también hay diferencia de criterios.
Sobre la garantía del sistema de enfriamiento, Odebrecht advierte que Tocumen incumplió al contratar a un tercero para darle mantenimiento a los equipos, mientras que Tocumen indica que firmaron un contrato con la empresa brasileña para darle soporte a los equipos, pero advierten que Odebrecht tampoco cumplió con dicho contrato, lo que llevó al aeropuerto a buscar los servicios de una empresa externa para evitar daños en el sistema.
Además de anular el contrato, que después de ocho adendas alcanzó un costo de $917 millones (originalmente eran $674 millones), Tocumen también ordenó la prohibición de tres años para que la empresa brasileña pueda firmar nuevos contratos con el Estado.
Sumado a los trabajos sin concluir, Tocumen también exige al contratista que cumpla con las garantías de la obra y equipos instalados en el edificio. Según Tocumen, hay 951 expedientes abiertos relacionados con las garantías, de un total de 3 mil 560.
La decisión del recurso de apelación interpuesto por Tocumen se ha dilatado por más de 20 meses, en parte por los recursos legales que ha interpuesto el propio reclamante ante la Corte Suprema de Justicia contra la anulación del contrato, pero todos fueron rechazados por los magistrados. Odebrecht ha sostenido su argumento de que Tocumen no tenía la potestad de anular el contrato de forma directa, ya que en opinión del contratista, la vía para resolver cualquier diferencia vinculada a la construcción de la nueva terminal, era la vía arbitral.
Tanto Tocumen como Odebrecht han interpuesto demandas por la vía arbitral, donde exigen el pago de compensaciones por incumplimiento de contrato. En el caso de Odebrecht, la empresa pide una compensación de 19 millones de dólares y que se levante la prohibición de contratar con el Estado, mientras que el aeropuerto exige el pago de 20 millones de dólares para cubrir los gastos en los cuales ha incurrido para poner en marcha la nueva terminal, y por los ingresos que ha dejado de percibir por los retrasos en el proyecto.
Odebrecht sostiene que los obstáculos provocados por la pandemia respiratoria impidieron que recibiera equipos y suministros para cumplir con sus obligaciones, así como el incumplimiento por parte de Tocumen de los pagos correspondientes a los trabajos incluidos en la adenda 8.
Sobre este punto, voceros del aeropuerto agregan que en la adenda 7 se contemplaron los retrasos provocados por las restricciones de movilidad implementadas durante los dos primeros años de la pandemia, y rechazan los argumentos de incumplimientos en los pagos. Aseguran que del costo final del proyecto, 917 millones de dólares, la empresa brasileña ha recibido 910 millones de dólares.
Odebrecht indica que, a pesar de la decisión del aeropuerto de anular el contrato, ha mantenido personal laborando en el proyecto para terminar los trabajos pendientes.
Como parte de la inspección se visitó el centro de control donde se explicó que no todos los sistemas informáticos están conectados al servidor, impidiendo su monitoreo y control a distancia. Al final de la inspección, el magistrado del TACP señaló a los peritos que participaron en el recorrido de que tienen hasta el 2 de julio para entregar el informe final de la inspección. Una vez los peritos entreguen sus conclusiones al Tribunal, se fijará una fecha para llevar a cabo las entrevistas a cada uno de los especialistas.
