El aparente remedio que el Gobierno y la Asamblea Nacional intentaron aplicar, para supuestamente frenar los amplios incentivos fiscales otorgados a las inversiones turísticas a través de la Ley 122 de 2019, terminó siendo una distorsión aún más grande luego de la aprobación del proyecto de ley N°789.
Con esta advertencia terminó el debate en la Asamblea Nacional el día de ayer, tras una inusual sesión matutina en la que en menos de media hora se aprobó el tercer debate del proyecto, con 41 votos a favor y 5 en contra.
El proyecto 789 derogará artículos de la Ley 122 de 2019, la cual otorga un crédito fiscal por el 100% por las sumas invertidas en bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas para el desarrollo de proyectos fuera del distrito de Panamá.
Su proponente, el diputado perredista Melchor Herrera, dijo que el objetivo fundamental era atender las “falencias” señaladas en la Ley 122, objetivo que a su juicio fue alcanzado, considerando que con el proyecto de ley 789 se reducirá el beneficio del crédito fiscal de un 100% a un 60%.
Apetito por beneficiarse de la Ley 122
$497 millones en emisiones registradas o en trámite en la SMV, al cierre de 2021.
Sin embargo, el proyecto de ley deja el camino libre para que un grupo privilegiado de personas jurídicas o naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas, finalmente reciban certificados de crédito fiscal del impuesto sobre la renta equivalente al 100% de las sumas invertidas en los proyectos turísticos, alertaron diputados de la bancada independiente.
El proyecto 789 exactamente indica: “las personas naturales o jurídicas, que a la entrega en vigencia de esta ley, cuenten con su respectivo estudio de impacto ambiental y la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para la emisión de los bonos, acciones o demás instrumentos financieros, ya sean emitidos por la empresa turística o por una sociedad de inversión inmobiliaria, o con la resolución de reconocimiento de crédito fiscal emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanza, gozarán del beneficio fiscal reconocido, de conformidad a las normas vigentes al momento de su expedición. El trámite al que hace alusión el presente parágrafo solo podrá iniciarse hasta el 30 de julio del año 2022″.
Edison Broce, diputado independiente, alertó el martes en la noche que se trata de un proyecto a la medida para satisfacer a unos cuantos grupos económicos, algo que a su juicio no ha cambiado respecto a la Ley 122 que permitía que el Estado (es decir, los ciudadanos) reembolsen a los inversionistas la totalidad del dinero que invirtieran.
Su compañero Gabriel Silva reiteró ayer a este diario que el parágrafo transitorio del proyecto 789 crea un pequeño grupo de privilegiados.
Para entender el alcance de la norma es importante tener presente que con la aplicación de la ley de incentivos fiscales, la infraestructura turística se ejecuta a raíz de la obtención del dinero que sus promotores logran conseguir con la emisión de instrumentos financieros.
Mientras que el inversionista que compra los instrumentos financieros tiene el incentivo de recibir en créditos fiscales la totalidad o una porción del dinero invertido.
Es así como el Estado sacrificará el cobro de impuesto a favor de una inversión turística privada.
En palabras simples, el promotor consigue el dinero fresco del inversionista y así evita, por ejemplo, ir a un banco para solicitar un préstamo con el cual financiaría la obra que quiere desarrollar.
Por el otro lado, el inversionista que pone el dinero es resarcido cuando la Dirección General de Ingresos (DGI) reconoce el crédito fiscal a su favor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, las emisiones registradas o en trámite en la SMV que harían uso de los incentivos fiscales que contempla la Ley 122 sumaban $497 millones.
Entre las resoluciones más importantes de emisiones registradas por la SMV se encuentran la de DB Hotel & Residences S.A., para una oferta pública de $232 millones.
La SMV también autorizó el registro de la oferta pública de bonos corporativos por $155 millones de Inmobiliaria Palma Bonita, S. A.
Además, se han registrado emisiones por parte del Fideicomiso de Fomento Turístico, con bonos por $40 millones; Playa Escondida Beach Front, S.A., con dos emisiones de bonos turísticos (por $6.2 millones y $6.9 millones); y de Ocean Hills Pearls Island, S.A., con una emisión en trámite por $26 millones.
El diputado Herrera dijo que no debemos olvidar que el país fue promocionado en el extranjero al amparo de la Ley 122, “con sus bondades o no”. Y basados en eso, “debemos de cuidar la imagen del país y la seguridad jurídica y ser consecuentes con lo que salimos a vender... Y esto está siendo atendido en el proyecto de ley”.
Aunque a su entender, el parágrafo transitorio sólo beneficiaría a una emisión de $9 millones.
