El registro único de beneficiarios finales superó la barrera de 100,000 personas jurídicas, informó la superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo. En concreto, con fecha de corte al 29 de marzo, el registro contaba con información de 100,548 personas jurídicas, un 49% de las 205,932 personas jurídicas activas en el Registro Público de Panamá.
El avance en la carga de información en el registro único es clave para culminar el plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en junio de 2019 con el objetivo de abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y así poder salir de la lista gris.
El registro de beneficiarios finales fue creado por la Ley 129 de marzo de 2020, es decir, hace ya tres años. El texto legal fue modificado en noviembre de 2021, a través de la Ley 254, y el proceso de carga de la información se inició en abril de 2022.
En la primera fase de carga fueron invitadas las firmas de abogados que cuentan con mayor presencia internacional y que representan a mayor número de sociedades. Esto, dijo Carrizo, se hizo siguiendo un enfoque basado en riesgo, que es lo recomendado por el GAFI. Esta filosofía de trabajo implica poner más atención a las actividades y compañías que pueden ser más susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales.
En una segunda fase, el enfoque se ha puesto en los agentes residentes que son personas naturales. Así, la Superintendencia de Sujetos No Financieros ha organizado jornadas masivas para guiar a los agentes residentes en el proceso de registro. Carrizo dijo que van a continuar con la estrategia de dictar capacitaciones y organizar jornadas de registro masivas y recordó que todo abogado que ofrezca el servicio de agente residente debe estar inscrito en la plataforma de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (llamada SSNF En Línea), en el registro único de beneficiarios finales y cargar la información de la persona jurídica a la que representa y del beneficiario final de esta.
El agente residente debe incorporar en el registro datos de la persona jurídica, como el nombre completo, la dirección y la actividad principal, entre otros, y del beneficiario final, como el nombre, número de identificación, nacionalidad y dirección, entre otros.
De manera paralela a la carga de la información, las autoridades han implementado en los últimos años un proceso de depuración de sociedades activas en el Registro Público.
Las sociedades que no cuentan con agente residente por más de 90 días o que no han pagado la tasa única por un periodo de tres años, están siendo suspendidas, lo que ha ayudado a reducir el universo de entidades activas y por lo tanto ha contribuido a lograr que la mitad de las personas jurídicas activas ya esté incorporada. En última instancia, de esta forma se puede tener un mejor control y monitoreo de las sociedades, para tratar de prevenir que se haga un uso indebido de ellas.
Clave para salir de lista gris
En su última evaluación, en febrero de este año, el GAFI volvió a instar a Panamá a completar rápidamente el plan de acción pactado en junio de 2019, cuando el país ingresó en la lista gris.
Para lograrlo, quedan dos acciones que aún deben recibir una calificación de “ampliamente cumplidas” de un total de 15 que contiene el plan. Las tareas pendientes tienen que ver con garantizar la existencia de información actualizada y verificada de los beneficiarios finales, así como el acceso oportuno a esta por parte de las autoridades.
“Nosotros estamos bastante optimistas, porque estamos demostrando que este es un proceso irreversible” en el que además del registro de beneficiarios se efectúan supervisiones para asegurar que los agentes residentes tienen la información, que esta es verificable y que las autoridades competentes tienen acceso de manera oportuna cuando se requiere, explicó Carrizo.
El abogado Carlos Barsallo señaló que la carga se está efectuando “relativamente rápido” y apuntó también a la importancia de que el registro sea efectivo para que las autoridades puedan tener el acceso a la información e intercambiarla en caso de ser necesario.
Una vez que las grandes firmas de abogados han cargado la información de sus clientes, se podría esperar que en los próximos meses el ritmo de carga disminuya.
Barsallo dijo que no hay un porcentaje establecido de carga para que el GAFI dé el visto bueno, pero estimó que este año se podría completar el plan de acción y terminar saliendo de la lista gris. “Ahí comenzará una nueva dinámica, que es no dormirse en los laureles”, así como abordar las recomendaciones que eventualmente se aprueben para elevar el control sobre los criptoactivos y los fideicomisos.
Barsallo explicó que la implementación de registros de beneficiarios finales es una tendencia internacional, y que al contener información sobre las personas que realmente controlan las estructuras jurídicas, se convierten en herramientas para combatir delitos como la corrupción y el blanqueo de capitales.
