Panamá enfrenta varios escenarios económicos que preocupan al sistema financiero como una posible pérdida del grado de inversión debido al temor de que no se pueda manejar el déficit fiscal, atender el gasto público y manejar el tema del déficit actuarial en la Caja del Seguro Social, principalmente con el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
A lo que se suma que no se contará con los recursos previstos por la exploración y explotación minera al declararse inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, si se analiza desde el punto de vista estrictamente económico.
Estos escenarios, los toma en cuenta la Superintendencia de Bancos de Panamá en un informe publicado esta semana titulado ‘Análisis de Amenazas Macrofinancieras para el Sistema Bancario Nacional’, en el que advierte sobre los riesgos que tiene el país y la industria bancaria.
Puntualmente el regulador bancario afirma que los efectos de la posible pérdida de grado de inversión, cambiaría todo el panorama, trayendo consecuencias al sistema bancario, tales como:
Reducción de la cartera doméstica
Incremento de morosidad
Mayores provisiones
Pérdidas en el estado de resultados
Afectaciones en la solvencia de los bancos
“De darse una baja de calificación soberana, producto del deterioro de los indicadores económicos y sociales, nuestro país podría sufrir el impacto del encarecimiento de los fondos que se recibirían del exterior, así como una reducción de la inversión externa directa”, advierte la Superintendencia.
El regulador explica que las consecuencias son una suerte de escalada que comienza por afectar el costo de financiamiento del Gobierno, pero también de los bancos y de las empresas, así como el impacto para las inversiones.
“El financiamiento externo no sólo se encarecería, sino también podría reducirse ya que, al ser más costoso, se solicitarían montos menores. Al disminuir el monto de financiamiento que se recibiría, se reducirían las inversiones gubernamentales. Esto por un lado impactaría en el desempleo y, por el otro, en el dinero que circularía en la economía”, dice sobre el efecto cascada en una posible pérdida del grado de inversión del país.
El regulador indicó que la revocatoria del contrato minero “podría deteriorar la percepción de Panamá como un destino propicio para los negocios, incrementando el riesgo de que el país pierda su calificación de grado de inversión a corto plazo”.
Actualmente la calificación de Moody’s a la deuda soberana de Panamá está en Baa3 con perspectiva estable; Standard & Poor’s la colocó en BBB con perspectiva negativa y Fitch en BBB- con perspectiva negativa.
En el caso de Moody’s y Fitch, la calificación está en el primer escalón dentro de grado de inversión. Es decir, una eventual rebaja supondría la pérdida del grado de inversión para la calificadora en cuestión.
El caso de Fitch es el que más al límite está, puesto que a la calificación de BBB- le otorga una perspectiva negativa, lo que quiere decir que percibe presiones para una eventual rebaja de la calificación. Por su parte, la nota de S&P es de BBB, es decir, en el segundo escalón dentro del grado de inversión, pero también ve presiones a la baja puesto que asignó perspectiva negativa a la calificación.
Impacto del cierre de la mina
El regulador bancario también analizó el impacto para la banca y la economía del cierre de las operaciones de la mina.
Precisa la Superintendencia que tomando en cuenta que Minera Panamá aporta $4,683 millones anuales al Producto Interno Bruto (PIB) del país, el 4.8% del total, mientras que el efecto multiplicador en el ingreso (remuneraciones) se calcula en $447 millones, es decir, 2.6% del total nacional. Al no contarse con estos recursos el efecto sobre la economía será de una caída.
“Sin duda las repercusiones, producto de la posible caída del PIB, reducción en ingresos tributarios, deterioro de las finanzas, traería consecuencias que pudieran derivar en la pérdida del grado de inversión”, advierte el regulador.
Indica que además los empleos asociados (directos, indirectos e inducidos) a la operación minera se calculan en 40,793, lo que equivale al 2.3% de la ocupación total del país, lo cual derivará también en menos empleos y por ende muchas personas tendrán incluso problemas para cumplir con sus compromisos financieros y subirá la morosidad.
Según el regulador bancario existen 3,094 clientes del sistema financiero que trabajan en Minera Panamá y mantienen préstamos en varios bancos por concepto de hipotecas y consumo por 146 millones de dólares.
En detalle estos empleados deben en promedio 89.7 millones en créditos hipotecarios, 047% del total de créditos en el sistema; 17.69 millones de dólares en créditos de auto, 29.58 millones en consumo personal y 8.60 millones de dólares en deuda de tarjetas de crédito.
El regulador revela que 26 bancos han prestado dinero a este grupo de clientes y 6 bancos catalogados como grandes, tomando en cuenta el tamaño de sus activos, concentran el 72% del peso de la cartera minera con 104 millones de dólares, lo que representaría dentro del total de consumo personal y de hipoteca alrededor del 0.44%.
La Superintendencia indica que el sistema financiero podría absorber estos riesgos, aunque no deja de preocupar la situación sobre la economía del país. “El nivel de exposición, tanto de los deudores de banca de consumo, como la exposición proyectada de los proveedores, no son niveles de financiamiento que pudiera causar un colapso, producto de incumplimientos a corto plazo”, indica el regulador.
