Una discusión que se creía ya superada regresa al tapete.

Veintiún miembros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida presentaron un anteproyecto de ley para derogar la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que adoptó el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A.

El anteproyecto fue presentado el pasado 8 de noviembre en la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional (AN). Casi nadie conocía su existencia, hasta que el pasado viernes en la noche, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción divulgó en redes sociales la carta que la Alianza Pueblo Unido por la Vida y los gremios docentes entregaron al presidente Laurentino Cortizo.

En esa nota, se le solicita a Cortizo llamar a la AN a sesiones extraordinarias, para aprobar la propuesta que deroga la Ley 406.

Es la segunda vez en 10 días que se intentaría derogar el contrato minero, a través de la expedición de otra ley.

El primer intento lo hicieron los diputados. Aprovechando que el Ejecutivo presentó un proyecto para declarar una moratoria a la minería metálica en el país, introdujeron un artículo que eliminaba el contrato con Minera Panamá. Esa propuesta fue refrendada incluso por diputados que dos semanas antes se rasgaban la camisa a favor del contrato con Minera Panamá.

Finalmente, de la misma manera en la que esa propuesta fue introducida, luego fue eliminada por los diputados: sin dar explicaciones a nadie. Antes, hubo una reunión entre todos los jefes de bancada y de ahí salieron con el entendimiento de que era preferible aguardar a que la Corte Suprema de Justicia resolviera alguna de las nueve demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406.

Pero la aprobación de esa moratoria minera, a través de la sanción y promulgación de la Ley 407 de 2023, no calmó los ánimos de un sector de la población que busca la eliminación de una vez por todas del contrato con Minera Panamá.

Una de las premisas que acogieron los diputados provino de opinión de varios abogados e incluso organizaciones, que sostienen que, en un eventual proceso de arbitraje, un fallo de inconstitucionalidad sería una herramienta contundente para la defensa del país, contrario a lo que pasaría si se derogara la ley con otra ley. Además, si se deroga la Ley 406, la Corte seguramente declararía sustracción de materia, porque, ¿cómo se va a emitir un fallo sobre la inconstitucionalidad de una norma ya inexistente?

Por otro lado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional por la Defensa del Pueblo Organizado (Anadepo), que aglutinan cada una a gremios sindicales y magisteriales y otras organizaciones comunitarias, exigen la derogatoria de la Ley 406. Incluso, varios de sus miembros están en la lista de proponentes que firmó el anteproyecto entregado el pasado miércoles en la AN.

Si bien el objetivo de fondo de las dos corrientes es el mismo, es decir, acabar con la minería metálica a cielo abierto, difieren en la forma de hacerlo.

El sociólogo Mario De León planteó en un escrito que esperar el fallo de la Corte se basa en una “hegemónica visión formalista del campo jurídico en Panamá [por parte de expertos y no expertos] o del resultado del monopolio comunicacional o es la opción más ajustada a los intereses del poder económico. Tal vez le otorga mayor posibilidad de maniobra política en un momento de convulsión social”.

En esa línea, dice De León que la otra corriente, la que pide derogación vía legislativa, consideraba también el aspecto político y no solo el técnico, ya que, en sus palabras, “la única certeza de la derogación de la Ley 406... se perdió en el intermedio de una Asamblea Nacional arrodillada frente a la avanzada del pueblo y la multitud”.

Para el abogado internacionalista Carlos Bichet Nicoletti, decir que no se puede derogar una ley con otra ley es aplicar erróneamente principios del derecho privado al derecho público. El mayor precedente -y que va en contra del statu quo liberal- es que se demostraría que la protesta ciudadana tiene el poder de derogar un contrato unilateralmente.

¿Qué dice la Ley 406 sobre los arbitrajes?

La empresa no renuncia a dirimir las controversias en un tribunal de arbitraje, que según establece el mismo contrato, sería uno con sede en Miami. Solo renuncia a la reclamación “vía diplomática”, que según explica Bichet, es una figura ya en desuso en el derecho internacional, que permite a un país llevar a otro a una corte internacional para reclamar un daño, algo que de por sí es poco probable cuando se trata de transnacionales de capitales privados de distintos países.

La demanda que podría presentar First Quantum, matriz de Minera Panamá, contra el Estado panameño, según declaró reiteradamente el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, antes de la aprobación express de la Ley 406, se cifra en $100,000 millones: lo que aproximadamente equivale a ampliar el Canal 20 veces.

Esta cifra es “parte de la narrativa [del gobierno] que iba en la línea de que tenemos que aprobarlo porque sino vamos a un arbitraje de 100 mil millones, cuando la condena más alta hasta ahora concedida en un arbitraje ha sido la de Yukos vs Rusia, donde un tribunal de La Haya condenó a Rusia a pagar $50,000 millones, que al final no se ejecutaron. Según el MICI, la demanda de First Quantum doblaría la cifra por la que se condenó a Rusia y que ha sido hasta ahora la condena [en papel] más alta otorgada en un laudo arbitral”, explicó Bichet Nicoletti.

“Pareciera que el Estado está haciendo todo para perder el arbitraje y defender a la mina”, dijo.

El también abogado y expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Carlos Barsallo, apunta a un trabajo necesario que deben hacer profesionales expertos que contrasten los montos.

Como contexto, en la base de datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial, hay 17 casos en su base de datos en donde la demandada es la República de Panamá, de los cuales 9 ya concluyeron, la mayoría por . No figura ningún reclamo interpuesto por First Quantum y, según lo que han comunicado a sus accionistas, los intentos fueron suspendidos cuando entraron a negociar el nuevo contrato.

Barsallo, en base a las estadísticas, calcula que 31% es el porcentaje promedio de casos fallados contra los Estados, es decir, 3 de cada 10 arbitrajes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) se resuelve en contra de los Estados.

Los sectores extractivo y energético continuaron representando la mayor parte. El 24% de los casos registrados en el año 2022 involucró a la industria del petróleo, del gas y de la minería, mientras que el 20% se relacionó con la electricidad y otros tipos de energía, según las estadísticas del CIADI.

Aunque -aclara Barsallo- “ningún caso es igual al otro, por lo cual no es posible extrapolar. No obstante, la estadística ayuda a desmitificar la idea de que un arbitraje implica automáticamente una condena para el Estado”.

Argentina recientemente ganó un arbitraje contra una empresa española por una concesión de agua. Y Costa Rica, Bolivia y El Salvador ganaron sus casos contra Infinity Gold, Orlandini y Pacific Rim, respectivamente.

Minera China compra más acciones en First Quantum

La china Jianxi Cooper Co. Ltd aumentó su participación en First Quantum (FQM) al comprar recientemente 1.35 millones de acciones de la minera canadiense, según informó la compañía esta semana a los inversionistas.

Con esta compra, Jianxi aumenta su participación de 18.3% a 18.5%, todo en medio de una caída de casi la mitad del valor de dichas acciones que experimentó la compañía desde que el gobierno de Cortizo anunció inicialmente una “consulta popular” a llevarse a cabo en diciembre, pero que no se realizará.

Al tiempo, Cortizo introdujo la ley de moratoria minera una semana después de que arreciaran las protestas en Panamá por la aprobación express del contrato –ley con Minera Panamá, filial de FQM.

De acuerdo a los cálculos de Reuters, la empresa china posee ahora 128.2 millones de acciones en First Quantum.

Rekha Chandiramani

Periodista