Continúa la recuperación de la economía panameña, luego de la peor catástrofe económica y laboral de su historia, pero el empleo no marcha a la misma velocidad. En el año 2020, 3 de cada 4 trabajadores asalariados del sector privado perdieron sus fuentes de ingreso o fueron suspendidos.
En el 2022 hubo una clara mejoría en relación al 2020 y 2021, pero generamos 35% menos empleos formales y tres veces más informales que en el 2019, al tiempo que unas 228 mil personas aún reciben el Vale Digital, que acaba de ser extendido hasta febrero de 2023. Pero la economía no tiene la capacidad para generar los suficientes empleos como para transferir a estos panameños (as) del asistencialismo a la inclusión productiva.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó un poco más de 20 mil nuevos contratos laborales por mes, por debajo de los casi 32 mil mensuales promediados en el 2019, al tiempo que se generaron unos 10 mil nuevos informales mensuales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo versus los 3,079 por mes el año en el periodo previo a la pandemia.
De los 101 mil empleos creados entre octubre de 2021 y abril 2022, 60 mil fueron informales y 11,300 funcionarios, en conjunto representando más del 70% de la expansión del empleo.
Las tres cuartas partes de los nuevos empleos formales privados (30% de las nuevas plazas creadas) son temporales (definidos o por obra terminada).
La alta precariedad y temporalidad laboral son síntomas del deterioro del clima para la inversión privada en el país, particularmente en sectores como Comercio, Construcción, Industria, Logística y Servicios, que hoy aportan 57% de la fuerza laboral privada y 9 de cada 10 nuevos informales.
La crisis laboral que enfrenta el país no es de empleo, sino de confianza.
La contracción de la inversión privada ha ocasionado que la necesidad de empleo exceda con creces las plazas disponibles, como lo demostraron las largas filas en la Feria de Empleo de Konzerta a finales de septiembre 2022, donde más de 25 mil solicitantes compitieron por 2,500 vacantes, de las cuales, según los registros históricos de Mitradel para Ferias de Empleo, sólo el 35% serán cubiertas.
Que estos 5 sectores hayan perdido su atractivo para la inversión privada representa un reto con graves implicaciones socioeconómicas, máxime cuando en el primer año de pandemia (2020), 4 de cada 5 de quienes perdieron sus empleos tenían 11 o menos años de escolaridad y en el entorno laboral postpandemia existe una clara relación entre educación y calidad del empleo.
85% de los nuevos empleos formales requirieron trabajadores con más de 13 años de escolaridad, al tiempo que dos tercios de los nuevos empleos informales sólo demandaron 11 o menos años de instrucción formal.
Este escenario se ha traducido en incertidumbre laboral.
Según el más reciente Indice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), publicado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) en alianza con The Marketing Group, correspondiente a noviembre de 2022, 57% de los encuestados considera que no tendrá empleo y 41% ve poco probable obtenerlo.
Esto infiere que 98% de los panameños (as) es pesimista con respecto a sus perspectivas laborales.
Es en este entorno que se ha venido discutiendo la nueva relación contractual entre el Gobierno panameño y la empresa Minera Panamá, cuyas implicaciones van mucho más allá que un acuerdo entre dos partes. Como han manifestado las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Moody’s, el Grado de Inversión de la deuda soberana panameña depende, en parte, de los ingresos fiscales de la actividad minera, por lo que el incumplimiento de estos aportes tendría consecuencias directas sobre el perfil crediticio del país. Más aún si se considera el desafío que las finanzas del Programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) representa para el mantenimiento del grado de inversión a corto plazo.
Existen tres grandes retos para el 2023 en materia laboral, máxime siendo un año preelectoral en el cual se pronostica una recesión a nivel mundial:
1. Transmitir confianza de que invertir en Panamá es seguro y rentable, requisito fundamental para generar empleos dignos, particularmente en los sectores que aportan grandes cantidades de empleos.
2. Lograr un acuerdo satisfactorio entre el Gobierno y Minera Panamá, beneficioso para ambas partes, que permita disminuir la incertidumbre en torno al clima para la inversión privada en el país
3. Encarar el desempleo de baja escolaridad, flexibilizando los requerimientos para canalizar financiamiento hacia las micro, pequeñas y medianas empresas en sectores generadores de empleos presenciales.
Sin confianza no habrá inversión privada.
Sin inversión privada seguiremos generando informales y condenando a muerte a la Caja del Seguro Social.
