La calificadora Fitch Ratings modificó la perspectiva de la calificación de riesgo a Panamá, de estable a negativa. Fue la noticia económica más trascendental al cierre de esta semana. ¿Qué significado tiene para el país? ¿Qué cosas ha estado haciendo o ha dejado de hacer Panamá que han dado paso a esta advertencia?
La “creatividad” contable con la que se está manejando el gobierno de Laurentino Cortizo, los elevados gastos operativos, la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) y la incertidumbre política ponen al país debajo de un microscopio.
En palabras del economista Ernesto Bazán, el cambio de la perspectiva se da porque “se gasta mucho y mal. Como consecuencia, se tiene que cubrir el déficit con deuda”. En síntesis, la deuda es el resultado de un manejo irresponsable del presupuesto, advirtió.
“Es lamentable que esta administración haya echado por tierra lo que tanto trabajo costó lograr en los últimos 30 años, la credibilidad del manejo de las finanzas públicas de Panamá, poniendo en riesgo la viabilidad financiera del Estado en los próximos años”, escribió el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburu.
Fitch Ratings mantuvo la calificación a largo plazo de Panamá en BBB-, pero la revisión de su perspectiva de calificación de “estable” a “negativa” no es poca cosa cuando se evalúa el desempeño fiscal del país.
Las mejores calificaciones de Fitch son: AAA, AA, A y BBB. Si un país o compañía cuenta con alguna de estas notas, significa que invertir en ellos es favorable, pues el emisor de deuda es considerado fiable.
Si la calificación se encuentra en el rango de BB a CCC, indica que la inversión es especulativa, lo que implica que existe un riesgo crediticio considerable.
Bazán, que por 25 años ha estado vinculado al mundo de las calificadoras, explicó que las letras representan la categoría del riesgo actual y, en adición, se tiene una perspectiva que indica lo que pasará a futuro.
“La interpretación sería que la calificadora considera que como van las cosas, lo más probable es que la calificación baje, aunque también ha sucedido que de una perspectiva negativa vuelvan a otorgar una perspectiva estable”, dijo.
En el caso de Panamá, indicó que “lo más probable es que el déficit fiscal se mantenga, que la deuda siga subiendo... Entonces, como hay un deterioro fiscal fuerte, existe un escenario en el que se puede bajar la calificación” y con ello el país pierda el grado de inversión otorgado por Fitch.
Pero supongamos que el día de mañana “el Gobierno se pone serio, arregla sus finanzas, recorta los subsidios, reduce la planilla inflada y deja de gastar en cosas innecesarias, reduce el déficit fiscal y cumple con la ley social de responsabilidad fiscal, seguramente sorprende a la calificadora, y devuelve la perspectiva estable”.
Pero la realidad es que Fitch no prevé que el gobierno cumpla con los objetivos de la regla fiscal a la luz de las presiones de gasto, los problemas estructurales en la recaudación de impuestos y la caída de los ingresos extraordinarios. Prevé una ampliación del déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) al 4.5%, cuando el presupuesto para 2024 apunta a un déficit fiscal del 2%.
Tenemos muchísimos años de déficit fiscal. No hemos cumplido la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
— Ernesto Bazán (@ernestobazan) December 5, 2021
Lo primero que tiene que hacer una administración seria y responsable es reducir los gastos.#Economia #SostenibilidadFiscal
Hoy en #RadarTVN con @sabribacal y @JorgeERitter pic.twitter.com/jV1T6WJxWQ
Al cierre de agosto de 2023, el saldo de la deuda era de $46 mil 562 millones, cuando hace un año se encontraba en $43 mil 83 millones.
Por otro lado, los ingresos tributarios acumulados de enero a agosto de 2023 fueron por $3 mil 422 millones, lo que refleja un déficit de $201.7 millones en comparación al presupuesto y un aumento de $56.7 millones con respecto a la recaudación de igual periodo hace un año.
Desde inicios de año, Fitch planteó dudas sobre la capacidad del Gobierno de cumplir los objetivos de déficit que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para este y los próximos ejercicios.
Las interrogantes sobre si se cumplirá con el límite de déficit en 2023 y los años venideros se vieron agravadas por la manera en que se logró mantener el déficit dentro del 4% estipulado por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en el año 2022.
En primer lugar, se modificó el año base para calcular el producto interno bruto (PIB), lo que resultó en un aumento significativo en el PIB. Esto mejoró las métricas fiscales al compararlas con el tamaño de la economía.
Además, el Gobierno optó por diferir el pago de $364 millones en intereses de la deuda correspondientes al año 2022, para pagarlo entre 2024 y 2026. Esto redujo los gastos en 2022, pero aumentó la presión sobre los presupuestos futuros, que tendrán menos margen para el déficit.
Dichas medidas, según dijo Fitch, pesan en la credibilidad de la política fiscal del país, como también lo hicieron los constantes cambios a los límites de déficit fiscal.
De hace 4 años y con referencia a conducta de una década de posposición. #Ley para no cumplirla. Patrón de conducta que abarca varios periodos. Es cultural y se observa en otras áreas. #Fetichismo con las leyes. #Panamá #responsabilidad #fiscal #calificación pic.twitter.com/0ebA4BRUpV
— carlos barsallo (@barsallocarlos) September 30, 2023
La agencia destaca que la perspectiva negativa de Panamá está asociada a la gran dependencia del gobierno panameño a “maniobras contables” para reducir los déficits fiscales.
A juicio del economista Francisco Bustamante, lo más duro del informe de Fitch es que responsabiliza al Gobierno de tales malabares, además de reafirmar el desbalance entre ingresos y egresos.
A través de un mensaje que difundió vía WhatsApp, Bustamante dijo que la degradación de la perspectiva es una advertencia de que se puede perder el grado de inversión en la próxima ronda de evaluación y además representa una severa luz de alerta al nuevo gobierno dentro de 9 meses.
También mencionó los efectos a corto plazo, entre los que destacó la alharaca de los medios de comunicación con el informe de Fitch, el mutismo del Gobierno ante la divulgación del mismo y el posible alza de los costos financieros para el Estado.
Respecto a la posición del Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas ha ignorado la mayoría de las banderas rojas izadas por Fitch, al menos públicamente.
La entidad que dirige Héctor Alexander reaccionó con un parco comunicado de prensa en el que indicó que el cambio de perspectiva a “negativa” guarda relación con presiones fiscales, de las cuales resalta la situación actual del subsistema de pensiones de la CSS, que podrían dificultar la consolidación fiscal.
Pericias del presupuesto
Ignoró, por ejemplo, el hecho de que para Fitch fue sorprendentemente notorio que para 2024 se apunte a un déficit fiscal del 2% de acuerdo con lo que dicta la ley, cuando el presupuesto incluye un gran aumento del gasto.
Cortizo terminará su mandato con un presupuesto de $32 mil 754 millones, que es el monto propuesto para la próxima vigencia fiscal.
La cifra es mayor en más de $9 mil millones a la partida que utilizó en el 2020, el primer año completo de su gestión. Y comparado con el presupuesto de 2023, son $5 mil 175 millones adicionales.
Pero el presupuesto también indica que habrá un “ajuste” de $4 mil millones de dólares, que supone una subejecución mucho mayor en un año de transición de gobierno.
Es decir, que los $4 mil millones no se llegarían a utilizar, con lo cual se cumpliría la regla fiscal si se realiza el ajuste. De no realizarse, el déficit sería del 6.7%, cuando se evalúan los ingresos y gastos totales proyectados para 2024.
$23,602 millones
se han calculado en concepto de gastos en el presupuesto de 2024 del en el sector público no financiero.
$17,751 millones
es el estimado de los ingresos del sector público no financiero en el presupuesto de 2024.
Se trata de un ajuste enorme comparado con los $981 millones que no se llegarían a ejecutar en la actual vigencia de 2023.
Localmente, la pregunta que se deriva después de observarse el ajuste es si el presupuesto que presentó el MEF es real, entendiéndose que se le han otorgado fondos a las entidades, a sabiendas que no se podrán ejecutar por la falta de ingresos.
Bustamante indicó que todo es reversible, si el Gobierno logra enderezar sus pasos. Inicialmente, sincerando los ingresos y ajustando los gastos.
Cita en las urnas
Fitch no escondió su preocupación por lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo 5 de mayo. Espera que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) no logre reelegirse por cinco años más, dado que la aprobación del gobierno de Cortizo ha disminuido de manera sostenida. Y aunque espera que gane un partido de oposición, tiene sus reservas respecto a un eventual triunfo de Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas.
“La mayor incertidumbre es la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli [2009-2014], el actual favorito en las elecciones”, indicó el reporte de la calificadora. Aunque reconoce que Martinelli aventaja a los demás candidatos presidenciales en las preferencias electorales, recuerda que ya fue condenado (en primera instancia) a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones, por blanqueo de capitales en el caso New Business. Si la apelación de Martinelli no es admitida, “quedaría descartado como candidato presidencial”, remarcó Fitch.
Bazán asegura que es poco usual que una calificadora hable con tanto detalle del escenario político de un país, lo que demuestra los riesgos que se observan sobre partidos o candidatos en particular. “Si lo han puesto ahí es porque el nivel de preocupación realmente es mayúsculo”, indicó.
Ningún candidato ha mencionado la delicada situación fiscal en la que estamos y que empeorará antes de que el nuevo gobierno tome posesión.
— Ivan Zarak (@ivanzarak) September 30, 2023
Subsidios insostenibles + CSS + situación Canal + pobre recaudación = Déficits absurdos
Fitch mandó el primer disparo
Perder el grado de inversión tiene consecuencias, insistió Bazán.
La calificación es un especie de atractivo que puede asegurar la llegada de inversiones. Usualmente, los capitales buscan países con estabilidad económica, buenas perspectivas de pago de su deuda y bajas probabilidades de crisis ante posible incapacidad de pago.
En Latinoamérica, tienen grado de inversión Chile, Perú, México, Uruguay y Panamá, lo que implica tener una ventaja para atraer inversión extranjera, que a su vez trae empleo y oportunidades, sentenció Bazán, quien se desempeñó como gerente para Panamá de Equilibrium, una calificadora de riesgo afiliada a Moody’s, y director de proyectos en la filial de Fitch Ratings en Perú.
