Hoy lunes 17 de junio comienza la audiencia de fondo del arbitraje que la empresa española Sacyr interpuso contra el Estado panameño en un intento de recibir una compensación por los sobrecostos que alega que incurrió durante la construcción del juego de esclusas del Canal de Panamá y que asegura no fueron su responsabilidad.
Este arbitraje, interpuesto en la sede de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, organismo de las Naciones Unidas que tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos, representa un cambio de estrategia de la compañía española.
Hasta ahora, la empresa había interpuesto demandas contra el Canal de Panamá en compañía de sus otros socios que conforman el consorcio Grupo Unido por el Canal, donde participan la belga Jan De Nul, Webuild (antes Impregilo) y la panameña Constructora Urbana.
Ahora, la empresa interpuso en solitario el arbitraje contra el Estado, alegando que retrasos en la aprobación de permisos provocaron que el proyecto se detuviera, ocasionando un incremento en los costos.
Durante la junta de accionistas celebrada en Madrid, España, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, señaló que se siente confiado en este nuevo proceso y, aunque no especificó el monto solicitado, medios españoles indican que la cifra estaría cercana a los 2 mil millones de dólares.
“Somos relativamente optimistas con este nuevo proceso, tenemos más ilusión en este que en los otros que se han abierto. Hoy lunes se inicia la vista oral para decidir si tenemos razón, y aquí vamos directamente contra el Estado de Panamá. Lo que sí quiero dejar claro es que, pase lo que pase, este asunto no va a tener ninguna consecuencia negativa en Sacyr. El impacto de una resolución contraria a nuestros intereses sería cero euros”, detalló Manrique, según la información publicada por el medio El Español.
Consultados sobre este tema, en el Ministerio de Economía y Finanzas, confirmaron que esta semana inicia la audiencia de fondo y señalaron que el primero de mayo pasado Panamá presentó su escrito de dúplica, que incluye la respuesta a los argumentos presentados por la empresa española.
“La empresa española Sacyr interpuso una demanda arbitral bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), alegando supuestas violaciones al Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) entre el Reino de España y la República de Panamá”, explicó el MEF.
El artículo cuarto del acuerdo firmado en 1997 indica que “las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante deberán recibir en todo momento un tratamiento justo y equitativo y disfrutarán de plena protección y seguridad. Ninguna de las Partes Contratantes deberá, en ningún caso, otorgar a tales inversiones un tratamiento menos favorable que el requerido por el Derecho Internacional”.
Igualmente, señala que “ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará en modo alguno, mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, el funcionamiento, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la expansión y la venta o, en su caso, la liquidación de tales inversiones. Cada Parte Contratante deberá cumplir cualquier obligación que hubiere contraído en relación con las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante”.
De acuerdo con el MEF, la audiencia de fondo se prolongaría hasta el 28 de junio, y luego ambas partes tendrán un espacio para presentar sus alegatos finales antes de que los árbitros entren a revisar las pruebas y testimonios presentados.
Sin contar el arbitraje en solitario, GUPC ha interpuesto cinco procesos contra el Canal por un monto de 5 mil 500 millones de dólares, cantidad que supera los 5 mil 250 millones de dólares invertidos en todo el plan de ampliación de la vía acuática. De esta cantidad, 1,265 millones en reclamaciones han sido rechazadas por distintas instancias arbitrales.
En marzo pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no admitió el recurso interpuesto por el consorcio GUPC con el cual pretendía que se dejaran sin efecto los laudos arbitrales que le condenaron a pagar 271.8 millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Específicamente, los fallos están relacionados con los materiales utilizados en las obras, entre otros elementos.
El tribunal desestimó además gran parte de los reclamos por 671 millones de dólares del consorcio contra el Canal de Panamá relacionados con las compuertas y la mano de obra en el proyecto de la ampliación de la vía interoceánica, por la que pasa el 3.5 % del comercio mundial, según reportó la agencia EFE en su momento.
Todavía está por definirse la que sería la mayor de sus batallas legales en términos de montos reclamados. Desde el año 2021, GUPC, exceptuando a la panameña CUSA, presentó una demanda consolidada: el llamado arbitraje de perturbaciones por 3,567 millones de dólares, un monto superior a los 3,118 millones de dólares del contrato de construcción del tercer juego de esclusas que se adjudicó en 2009.
El concepto de “perturbaciones” es usado por los contratistas para incluir cualquier reclamo que ellos consideren que los haya afectado en el desarrollo de la obra.
En dicho reclamo, en calidad de consorcio, GUPC solicita 2,435 millones de dólares; Sacyr, 615.2 millones de dólares; Webuild (antes Impregilo), 469.5 millones de dólares; y Jan De Nul, 67.17 millones de dólares.
