El Estado continúa con su rol de generador de puestos de trabajo, mientras la informalidad y el desempleo aumentaron desde agosto de 2023, alcanzando el 49% y el 9.5%, respectivamente.
El informe de la Contraloría General indica que, entre septiembre y octubre, la planilla estatal aumentó en 797 funcionarios, principalmente en instituciones como la Universidad Tecnológica de Panamá, la Asamblea Nacional de Diputados, el Ministerio de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la Nación, la Caja de Ahorros, el Órgano Judicial y el Ministerio de Educación.
Con este nuevo aumento, la planilla estatal cerró al final de los primeros 10 meses del año con 259,856 funcionarios, de los cuales 236,689 eran permanentes y 23,167 eventuales. De estos, 166,643 correspondían al Gobierno Central y 93,213 al Sector Descentralizado.
Según los resultados de la encuesta laboral realizada por la Contraloría en octubre de 2024, se registraron 771,603 personas ocupadas en empleos informales no agrícolas, lo que significa que aproximadamente 49 de cada 100 ocupados tuvieron un empleo informal, mientras que en agosto de 2023 eran 47 de cada 100.
Las calificadoras de riesgo como Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s han advertido sobre la necesidad de disminuir el peso de la planilla estatal en las finanzas públicas, debido a la constante caída en los ingresos corrientes, que al mes de noviembre pasado registraron un déficit superior a los 1,770 millones de dólares.
Y es que, mientras la economía no logra generar la cantidad suficiente de empleos formales, la planilla estatal sumó 4,736 nuevos trabajadores permanentes. En octubre, el Estado pagó 433.4 millones de dólares, un incremento de 4 millones de dólares en comparación con el mismo mes del año pasado.
Entre enero y octubre de este año, el gasto en salarios estatales alcanzó los 4,284 millones de dólares, cifra que supera en 1,814 millones de dólares el aporte que hace unos días entregó el Canal de Panamá al Estado en concepto de excedentes correspondientes a su año fiscal, que venció el 30 de septiembre pasado. Igualmente, la cifra supera el costo estimado de la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá hacia Panamá Oeste, cuyo presupuesto ahora se calcula cercano a los 4 mil millones de dólares.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó que, al mes de octubre, los ingresos totales alcanzaron los 9,143 millones de dólares. Es decir, que de esa cantidad, el 46.8 % se destinó a cubrir el salario de los funcionarios. En cambio, el pago de salarios estatales representó el 26.7 % de los gastos totales al final de los primeros 10 meses del año.
El reporte del MEF indica que, al 31 de octubre pasado, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), que no incluye a la banca estatal, alcanzó los 6,880 millones de dólares, lo que equivale al 7.88 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Mulino inició su gestión con una planilla de 262,330 trabajadores, tras un incremento de 24,082 funcionarios durante el quinquenio presidido por Laurentino Cortizo. El aumento acelerado de la planilla estatal y su peso sobre las finanzas del Estado fue una de las razones que llevaron a la agencia de riesgo Fitch Ratings a retirar el grado de inversión a Panamá.
El informe de la Contraloría General agrupa información de 93 instituciones: 28 del Gobierno Central, 41 descentralizadas, 16 empresas públicas y ocho intermediarios financieros. El documento no incluye los salarios de la Autoridad del Canal de Panamá, los patronatos ni los municipios, excepto el pago a los representantes de corregimiento. También se excluyen los pagos por horas extras, vigencias vencidas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
En los últimos tres meses, el Gobierno ha firmado dos líneas de crédito con los bancos JP Morgan y The Bank of Nova Scotia por 1,200 millones de dólares, fondos que se utilizarán para financiar el presupuesto de este año debido a la caída en los ingresos.
René Quevedo, consultor en temas laborales y asesor empresarial, comentó que la evidencia es clara, contundente y verificable: la economía panameña atraviesa por un grave problema, luego de que la Contraloría informó que, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, se perdieron 54,107 empleos formales no agrícolas.
Además, indicó que en agosto de 2023 tuvimos la misma cantidad de asalariados privados que en agosto de 2012. Una de las razones de la disminución en la creación de puestos formales, según Quevedo, es el incremento en las tasas de interés y la reducción de los financiamientos al sector productivo.
“Esto ocasionó una ralentización de los financiamientos bancarios al sector productivo, que representan el aceite del motor de la economía, afectando principalmente las actividades del sector interno, donde se generan la mayoría de los empleos. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos, los nuevos financiamientos bancarios al sector productivo entre enero y octubre de 2024 estuvieron $2,687 millones por debajo de la cifra correspondiente al mismo período de 2019 (-16%)”, indicó.
Añadió que dos terceras partes de los trabajadores incorporados a la planilla estatal entre 2019 y 2023 fueron oficinistas (51%), técnicos y profesionales medios (8 %) y directores (7%). De este grupo, el 95% tenía salarios entre $600 y $1,000 mensuales (58 %) y entre $1,500 y $3,000 mensuales (37%).
El economista Luis Morán considera que la administración actual debe implementar los correctivos necesarios para impulsar la inversión privada extranjera, mejorar la situación económica y generar niveles de empleo que, según indicó, deben ser más altos y sostenibles.
“Reitero que, para poder mejorar la situación, esta administración tiene que tener mucha voluntad, capacidad y trabajar con ligereza y rapidez para reducir el déficit fiscal, que al final se traduce en mayores gastos, cuando lo que se necesita son mayores ingresos. Esto dependerá de nuestra capacidad para fortalecer la economía.”
En su último informe sobre la economía, Moody’s indicó que, considerando que el límite de déficit del 4 % del PIB establecido por la regla fiscal para 2025 es fundamental, las autoridades deben gestionar eficazmente el gasto para cumplir con la meta de reducción del déficit del próximo año. Además, si no se abordan las rigideces presupuestarias asociadas a factores legales, advierte la calificadora, estas podrían limitar severamente los esfuerzos de consolidación fiscal en los años siguientes.
La firma hace referencia a las leyes especiales que establecen incrementos salariales automáticos a maestros, policías, médicos y otros funcionarios. Para 2025, están contemplados 300 millones de dólares.
El MEF ha señalado que, solo en leyes especiales, a lo largo del quinquenio, esta cifra aumentará a 1,500 millones de dólares. Si se analiza el acumulado de los últimos años, hasta el año 2030, estos pagos alcanzarían más de 10,000 millones de dólares, una situación que genera presión sobre las finanzas del Estado, especialmente en un panorama de baja recaudación fiscal.
