El saldo de la deuda pública tuvo un aumento interanual de $3,413 millones a agosto de 2022, según refleja el reporte de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
La deuda se incrementó con rapidez durante los últimos dos años debido a que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo recurrió a captar fondos para compensar la caída de ingresos provocada por la paralización de la economía tras la pandemia de la covid-19.
El saldo de la deuda se ubicó al 31 de agosto de 2022 en $43,083 millones, monto que representa el 63% del producto interno bruto (PIB) nominal, que para este año se calcula en $68,243 millones, muy superior a la meta del 40% establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, respecto a la relación de deuda neta sobre el PIB.
El economista Carlos Araúz reconoce que, antes de la pandemia, ya Panamá enfrentaba una desaceleración económica que forzaba al uso de deuda. “La pandemia obligó al Gobierno nacional a buscar deuda como nunca antes, cosa que en un ambiente de tasas de interés bajas era manejable”, dijo.
Sin embargo, indicó que “el uso de la deuda es esencial para el desarrollo, pero niveles insostenibles perjudican a los más vulnerables”.
Deuda creció $3,413 millones
El saldo de la deuda del sector público no financiero se ubicó en $43,083 millones al 31 de agosto pasado, cifra que representa un aumento de $144.6 millones respecto al monto de julio, según el informe de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En la comparación interanual, entre agosto de 2021 y agosto de 2022, el monto de la deuda tiene una variación de $3,413 millones.
En agosto, los organismos multilaterales desembolsaron $262.9 millones a Panamá, de los cuales $251.1 millones corresponden a los diversos préstamos suscritos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf).
Entre los préstamos con el Birf destacan el de apoyo al plan para dar respuesta a la pandemia y el programa de apoyo a los pueblos indígenas.
También se recibieron $6.8 millones del programa de acueductos y sistemas de alcantarillados nacionales suscrito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y $5 millones del programa de inclusión y desarrollo social suscrito con el Banco de Desarrollo Interamericano de Desarrollo (BID).
Se desembolsaron $30 millones correspondientes a la subasta de Letras del Tesoro a un plazo de 12 meses y rendimiento promedio ponderado del 3.31%.
Los expertos y analistas reconocen que, antes de la pandemia provocada por la covid-19, Panamá enfrentaba una desaceleración económica que ya venía desde 2012 y que obligaba al uso de financiamiento para cumplir con distorsiones administrativas, como el pago de la planilla estatal.
Con la llegada de la pandemia en marzo de 2020, el Gobierno recurrió a buscar deuda como nunca antes.
Según el economista Carlos Araúz, “en un ambiente de tasas de interés bajas era manejable”.
De acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Financiamiento Público, en agosto de 2020, la deuda pública ascendía a $33,579 millones. Es decir, en dos años, la deuda pública ha crecido casi $10 mil millones.
Tras la pandemia, Panamá fue sometida al peor confinamiento de la región, que destruyó la cadena de valor como pocos eventos de reciente memoria, lo cual ha llevado a casi un millón de personas a la informalidad, en medio de un crudo despertar de la inflación que ha afectado el bienestar de miles de hogares.
Algunos sectores, como el turismo y la construcción, fueron los más golpeados con los cierres por la pandemia.
Araúz reconoce que el uso de la deuda es esencial para el desarrollo, pero niveles insostenibles perjudican a las personas más vulnerables. “La ausencia de transparencia, de una adecuada gestión en el marco de una política de progreso social, jamás permitirá que la deuda sea ese instrumento útil que debe ser para lograr lo básico y de allí movernos a invertir en capital humano y mejorar la capacidad para atacar otros delicados temas, como el cambio climático”, añade Araúz.
Pero el panorama es más complicado, con tasas de interés ahora al alza, sin un compromiso sensato por controlar el gasto, por ejemplo, el alza en la planilla estatal, pese a la promesa gubernamental de reducirla en un 10%.
De acuerdo con Araúz, la presión fiscal en las cuentas del Estado reducirá la posibilidad de invertir en ciencia, cultura o bienestar sostenible, y limitará la capacidad de implementar reformas poco populares (reforma fiscal), “porque estamos a la vuelta de elecciones y eso para algunos es más importante”.
Deuda pública. Composición
60.2%
De la cartera de la deuda pública está compuesta por bonos globales.
21.1%
Del financiamiento proviene de organismos multilaterales.
98.5%
Del portafolio de la deuda pública panameña está compuesta en dólares estadounidenses, y 1.47% en otras divisas, que se han debilitado contra el dólar, lo que reduce el valor a pagar en capital e intereses.
Se apuesta a que el necesario crecimiento económico que genera progreso social debe darse en un ambiente propicio para que la inversión extranjera directa se ejecute, con lo cual se generarían nuevos empleos.
“Es tarea de todos los ciudadanos exigir a éste y a todos los gobiernos una rendición de cuenta sobre los objetivos de la deuda. Solo así se puede albergar la esperanza de un mejor país”, añadió.
La agencia de calificación Moody’s ha señalado que la creciente presión social que existe en el país complica los planes de consolidación fiscal del Gobierno, cuyo déficit debería reducirse del 6.7% de 2021 a un 4% este 2022.
Para el MEF, el crecimiento de la deuda pública, como su relación con el PIB, se está reduciendo de forma significativa en la medida en que la economía del país se recupera del impacto de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania, y del alza del precio del petróleo.
