Con el pasar de los meses, la brecha entre los ingresos y los gastos del Gobierno se ha hecho más grande, aumentando la presión sobre las finanzas estatales. Esto se traduce en la necesidad de solicitar más financiamiento debido a la caída de los ingresos.
El reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indica que, al 31 de octubre pasado, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), que no incluye a la banca estatal, alcanzó los 6,880 millones de dólares, lo que equivale al 7.88% del Producto Interno Bruto (PIB).
Al cierre de los primeros 10 meses de 2024, los ingresos totalizaron 9,143 millones de dólares, mientras que los gastos alcanzaron los 16,023 millones de dólares. De este total, 10,122 millones de dólares correspondieron a gastos corrientes, entre ellos el pago de salarios, que sumaron 3,581 millones de dólares.
Adicional a los gastos corrientes, el reporte del MEF señala que, al final del mes de octubre, se habían pagado 2,294 millones de dólares en intereses relacionados con la deuda total del país. Esto representó el 25% de los ingresos, superando las estimaciones de calificadoras como Fitch, que había señalado que este año la relación ingresos/intereses estaría en el orden del 19%, porcentaje que ya generaba preocupación.
Igualmente, Fitch, que en marzo pasado retiró el grado de inversión a Panamá debido a la degradación del perfil crediticio del país, producto del acelerado aumento de los gastos en medio de la caída de los ingresos, había estimado que el déficit del SPNF cerraría el año en 7%.
El economista Luis Morán comentó que el hecho de que el déficit supere el 7% es una bandera roja que debe atenderse, porque se está convirtiendo en un déficit estructural. Es decir, ya es un problema persistente en las finanzas públicas, que no depende de las circunstancias económicas momentáneas, sino de la manera en que las autoridades gestionan de forma permanente sus ingresos y gastos.
“Todavía esta administración ha tenido poco tiempo para enderezar la gestión de la administración pasada, donde hubo un manejo no eficiente con un gasto público sumamente elevado”, dijo.
Para Morán, hay que eliminar gastos inadecuados, reducir la abultada planilla estatal y revisar los gastos innecesarios en algunas instituciones que, quizás, no están ejecutando el presupuesto de la mejor manera.
En comparación con los primeros 10 meses de 2023, este año los ingresos totales del SPNF están un 8.6% por debajo, mientras que los gastos se han incrementado en un 10.2%.
Recientemente, Moody’s cambió la perspectiva de la calificación de Panamá a negativa desde estable, debido a que califica la situación fiscal actual como “materialmente peor de lo esperado este año, combinada con rigideces fiscales que perjudican la capacidad del gobierno para reducir rápidamente el déficit. Esto aumenta los riesgos de que la fortaleza fiscal de Panamá se debilite materialmente por debajo de nuestras expectativas anteriores”.
Deterioro
La calificadora considera que, en 2024, las cuentas fiscales y las métricas de deuda de Panamá se han deteriorado significativamente, superando las proyecciones que tenía la firma en octubre de 2023.
“Cuando la administración Mulino asumió el cargo en julio de 2024, heredó un déficit fiscal que ya excedía el 4% del PIB y, a pesar de los esfuerzos por reducir el gasto, la inercia del gasto, el pago de atrasos que ascienden al 1% del PIB y los déficits de ingresos han llevado a un aumento adicional del déficit”, señala Moody’s.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha indicado que el Gobierno tiene el compromiso de mantener la disciplina financiera, enfatizando que el deterioro fiscal, al que hacen alusión las calificadoras, afecta a todos. De ahí la importancia de contar con marcos regulatorios responsables que aseguren la estabilidad económica y el bienestar de la población.
Para este año, el MEF estima que el PIB alcanzará los 87,347 millones de dólares, superando en poco más de 3,000 millones de dólares los 83,318 millones del año pasado. De acuerdo con la Contraloría General, entre enero y septiembre, el PIB alcanzó los 58,906 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 2.1%.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) disminuyó nuevamente las proyecciones de crecimiento de Panamá a un 2.6%, desde un 3% a inicios de año, y advirtió sobre la vulnerabilidad que enfrenta el país al mantener más del 81% de su deuda colocada con acreedores extranjeros. Al final del mes de noviembre, la deuda alcanzó los 53,873 millones de dólares.
Morán indica que es imperativo impulsar los ingresos para hacer frente al creciente déficit fiscal, que al final se traduce en más gastos. Sin embargo, señala que, para lograr un cambio significativo en la administración pública, se necesita mucha voluntad y capacidad para trabajar con rapidez. Igualmente, recomienda impulsar sectores clave para generar más ingresos, como el turismo, el sector agroindustrial y la construcción, que este año ha registrado una caída considerable.
Moody’s advirtió que, para 2025 y en el corto y mediano plazo, será necesario ajustar las leyes especiales que incrementan el gasto y limitan los esfuerzos hacia la consolidación fiscal. También resaltó que, entre los riesgos que enfrenta el país, está el agotamiento de las reservas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, lo que podría impedir que la Caja de Seguro Social siga pagando las pensiones y jubilaciones.
El MEF ha reconocido que estas advertencias de Moody’s son una alerta adicional a la expuesta por Standard & Poor’s (S&P), que revisó la calificación soberana de Panamá de BBB a BBB-, enfatizando en su informe la necesidad de implementar acciones que fortalezcan la recaudación fiscal.
Chapman ha señalado que el 70% de los ingresos del Estado proyectados para 2025 se destinarán a cumplir con las leyes especiales, entre ellas la Ley 362 de 2023, que establece que, anualmente, el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) debe destinarse al sector educativo.
Esta rigidez, de acuerdo con Fitch y Moody’s, limitará cualquier intento de las autoridades por reducir los gastos del Estado, tal como quedó evidenciado en la discusión del presupuesto del Estado para 2025, que alcanza los 30,111 millones de dólares, aunque inicialmente se había propuesto poco más de 26,000 millones.
El presupuesto del próximo año contempla ingresos totales del Sector Público No Financiero por 16,605 millones de dólares, de los cuales 11,624 millones de dólares se destinarán a leyes especiales.
De este monto, 5,832 millones de dólares irán al sector educativo, lo que incluye el presupuesto de las universidades de Panamá, Chiriquí y Tecnológica, entre otras entidades relacionadas con la educación.
Y la región
De acuerdo con la CEPAL, República Dominicana registraría la tasa de crecimiento más elevada en Centroamérica, con un 5.2%, seguida de Costa Rica, con un 3.8%, Guatemala, con un 3.5%, y Nicaragua, con un 3.3%.
Hasta finales de noviembre, República Dominicana reportó un déficit del SPNF del 3.1%, menor al registrado en el mismo período del año pasado, mientras que Costa Rica presentó un superávit del 1.3%. Por su parte, Guatemala informó de un déficit del 4%, y El Salvador, del 1%.
