La Asamblea Nacional no pretende pasar de forma expedita el proyecto 844, que derogaría las leyes en las cuales se impuso que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, reembolsaran a los inversionistas la totalidad del dinero que estos destinen a infraestructuras turísticas fuera del distrito de Panamá.
Ayer, jueves 11 de agosto, se realizó la primera audiencia pública sobre el proyecto 844, que derogaría las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022, las dos normas legislativas que otorgan estos beneficios fiscales.
En la reunión participaron varios ejecutivos que están a favor de recibir los beneficios fiscales y un cuerpo de diputados, cuyos discursos estuvieron dominados por la precariedad del empleo que hay en sus circuitos electorales.
Sin decirlo explícitamente, trataron de justificar que frente a esa necesidad laboral, el Estado debía hacer el sacrificio, al otorgar créditos fiscales a favor del inversionista que adquiriera bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por las llamadas empresas turísticas para financiar el desarrollo de sus proyectos.
Pero en este tema, el pecado original es que nunca se dijo con estudios o análisis económicos concretos, cuántos empleos se generarían a raíz de los privilegios que tendrían las inversiones hoteleras, a pesar de que se tuvo la oportunidad durante la discusión de las leyes 122 y 314.
De hecho, cuando en su momento se le preguntó a Hernán Arboleda, director de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sobre el impacto de las normas, el funcionario dijo no contar con tal información.
Esto significa que la Asamblea Nacional aprobó dos leyes que otorgan cientos de millones de dólares en exoneraciones fiscales, sin sustento económico.
Ayer, Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional, exigió a los empresarios una postura frontal frente a la solicitud de derogación hecha por el presidente Laurentino Cortizo.
“Ustedes tienen que enfrentar a la opinión pública con los datos y quienes adversan, venir y poner los datos también. Y esta decisión política la asumirá esta Asamblea, con respeto, con tolerancia y prestancia”.
El mandato que dio el presidente Laurentino Cortizo, de derogar ambas leyes, fue una reacción ante las reclamaciones de las últimas semanas, marcadas por el descontento de la sociedad, frente a los privilegios que se otorgan a ciertos sectores en el país, la corrupción y la inflación.
Justo cuando el país se enfoca en la discusión de abaratar los medicamentos, la Asamblea Nacional arranca con un periodo de audiencias, incluyendo posturas altivas y desafiantes.
“Este proyecto de ley, que probablemente tiene grandes repercusiones en los empleos y la dinamización de las economías locales, nunca fue divulgado, nunca fue auspiciado por ustedes mismos”, le dijo Adames a los empresarios a favor de las normas.
“La población ve esta ley como excesiva, como que provee recursos a personas sin retorno de nada. Y ese señalamiento o explicación es de ustedes”, afirmó Adames, quien no escatimó en dar órdenes.
“Ustedes tienen que salir a los medios y salir a dar las explicaciones pertinentes. La discusión debe ser integral, deben participar los que la favorecen y la adversan para que salga una norma...”.
Adames parece reconocer que tienen una papa caliente entre sus manos. “Ahora la Asamblea está abocada a una decisión que es política, porque cómo la ciudadanía interpretaría nuestro accionar, cómplices o complacientes. No es cierto, es un problema de retroactividad que tiene un significado en materia de derecho adquirido”, afirmó.
El proyecto 844, que derogaría las leyes existentes, indica que será de carácter retroactivo
De acuerdo al diputado del Partido Revolucionario Decmocrático (PRD), Gonzalo González, establecer que la derogación tendrá efectos retroactivos iría en contra de lo que dice la Constitución y el Código Civil.
Previamente varios juristas han explicado que en todo caso, y apelando a la seguridad jurídica, solo tendrían derecho a entrar en disputa los beneficios fiscales que se deriven de emisiones que ya fueron colocadas y no las que están en cualquier trámite. Es el caso de la mayoría de los proyectos que amparados bajo los incentivos fiscales han prometido inversiones totales por $1,500 millones.
El diputado perredista Ariel Alba comentó que no podría ahora votar en contra de unas leyes que en su momento apoyó y avaló como buenas. “No logro entender”, dijo.
“A veces me pregunto si estoy loco, que ahora tengo que votar en contra de lo que antes estuve de acuerdo”, recalcó Alba, quien en el pasado sí pudo aprobar un proyecto sin sustento técnico.
Ricardo Torres, también del gobernante PRD, indicó que la ley 122 y 314 fueron ampliamente discutidas, pero no así el proyecto 844, que nace de una petición al Órganos Ejecutivo. “Como diputado, me preocupa la seguridad jurídica”, insistió.
Durante esa primera audiencia en la Asamblea Nacional participaron representantes de grupos ligados a la inversión turística y promotores, quienes defendieron las normas que ofrecen incentivos fiscales.
“La gente que critica la ley no sabe la génesis de esta norma”, indicó Octavio Vallarino, del grupo Desarrollo Bahía.
La Ley No. 122 de 2019 permite que las sociedades o personas naturales que adquirieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, recibieran un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
Esta norma se intentó reformar con la Ley N° 314 de 2022, que redujo el beneficio del crédito fiscal de un 100% a un 60%. Pero se introdujo un parágrafo transitorio que permitió que quienes estuviesen en trámite para obtener los beneficios fiscales siguieran gozando de lo que establece la Ley 122 de 2019, es decir, del 100% de la exoneración si habían iniciado dichos trámites hasta el 30 de julio del año 2022.
Adames prometió continuar con las audiencias y así recibir a todo aquel que tenga una opinión respecto a los incentivos turísticos.
